La Comisión de Salud del Senado se encamina a aprobar el proyecto de ley sobre prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle. Este miércoles, los legisladores de la cámara alta recibieron un informe pormenorizado de las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el subsecretario José Luis Satdjian al frente, en el que se especifica cómo esa secretaría de Estado trabaja codo a codo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para atender la situación de las personas que se encuentran a la intemperie.
Según reza el proyecto, se atenderá a las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de “intemperie completa”, con riesgo de graves enfermedades o incluso de muerte, para que puedan ser trasladadas a refugios u otros lugares donde sean “adecuadamente asistidas”, aun “sin que presten su consentimiento”, siempre que un médico “acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos” indicados y sin que ello implique la “privación correccional de su libertad”.
Satdjian planteó en comisión que considera conveniente la aprobación del proyecto en el sentido de que la atención que se le pueda brindar a esta población en una institución médica puede ser “más completa” y, por lo tanto, se pueden detectar eventuales dolencias o problemas, según indicó el senador suplente del Partido Nacional Jorge Saravia.
José Nunes, senador frenteamplista y presidente de la comisión, señaló en diálogo con la diaria que tendrán una reunión extraordinaria el próximo lunes con la idea de finalizar la consideración del proyecto. “Podría ser” que se apruebe el documento, consideró, aunque por el momento la bancada de senadores del Frente Amplio no tiene una postura clara y en la Cámara de Diputados votó en contra, en el entendido de que el proyecto no aborda el “problema central”, que es “cuál es la asistencia y la alternativa que se les da a las personas que están en situación de calle”.
“De alguna manera ya existen instrumentos para hacer ese diagnóstico que se plantea, y el problema de la política pública no pasa tanto por eso, sino por asegurar el tratamiento o los lugares o las alternativas para salir de la situación de calle”, consideró Nunes. El frenteamplista indicó que de cara al lunes tratarán de llegar a una posición, aunque reconoció que dicho documento no es una “prioridad” como otros, entre los que destacó el de eutanasia.
ONG a favor
Una de las agrupaciones que se hicieron presentes en la mañana de este miércoles fue la organización de la sociedad civil Ser Libre, que atiende a personas con consumo problemático de drogas. La ONG –denunciada por el FA por estar conformada por “militantes” del gobierno– manifestó su agrado con el documento. Su director, Ismael Piñero, señaló a la diaria que el proyecto “tiene un marco protector” para darles la posibilidad a estas personas, “que están en extremos riesgos para sí mismas o para terceros, de que puedan ser conducidas a un espacio donde se intervenga y se pueda generar un destino diferente”. “Nos basamos también en estudios internacionales que respaldan y también en nuestra propia experiencia”, agregó.
Piñero recordó que, “según datos del Mides, 86% de las personas que están en situación de calle padecen consumo abusivo de sustancias y casi un 60% de las personas padecen patologías de salud mental”. Desde la asociación entienden que “no es beneficioso a nivel social tener una mirada de extrema tolerancia o de gran adaptabilidad al uso de las mismas”. En ese marco, valoró las políticas que tuvieron un corte “más restrictivo y más educativo”, como la del tabaco. “Sería buenísimo [que se fuera por el mismo camino] con el resto de las sustancias, que recibieran un tratamiento similar al que recibió el tabaco, que ha sido excelente”, sostuvo.
Por último, de acuerdo al director de Ser Libre, las drogas “afectan la conciencia y la conducta”. “Se habla muchas veces de la libertad de las personas por una persona que está enferma, que está intoxicada, que está bajo los efectos [de una droga], que tiene una adicción crónica. ¿Qué grado de libertad tiene? ¿De qué libertad estamos hablando?”, reflexionó. En su opinión, “el derecho a la salud no está contemplado, como tampoco el de la vivienda ni el de la dignidad, porque está en una situación lamentable”, concluyó.