Con votos de todos los partidos políticos y algunos aditivos negociados sobre el final, este miércoles se aprobó en el Senado el proyecto de ley para atender la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
El senador nacionalista Carlos Camy, miembro informante del proyecto de ley, comenzó destacando que se trataba de “un día muy especial” para todo el cuerpo parlamentario. Señaló que la Comisión de Vivienda del Senado votó la iniciativa por unanimidad y destacó que al inicio de la legislatura hubo tres proyectos de ley distintos –uno de Cabildo Abierto (CA), otro del Partido Nacional (PN) y otro del Partido Colorado (PC)– que confluían “precisamente en este propósito común de abordar soluciones concretas y posibles para esta situación de agobio de miles de familias uruguayas. No vacilo en afirmar que la solución entraña un sentido de justicia”.
Camy agregó que el proyecto de ley debe ser entendido como un “homenaje a la insistencia, a la persistencia”, dirigido a las familias implicadas, algunas de ellas presentes en las barras. Destacó que en la comisión recibieron testimonios de situaciones “de gente que tuvo que pagar dos o tres veces lo que debía” o de personas que “están casi en el ocaso de su vida y lo único que quieren es poder darle certeza a su descendencia de que va a tener ese bien, que muchas veces es lo único que le dejan y muchas veces es lo que tanto necesitan para seguir viviendo”.
“Logramos que tres iniciativas que tenían el objetivo común, pero diferían en el camino, convivieran también con la posición de la bancada del Frente Amplio (FA), que la sentimos siempre con una visión constructiva y colaborativa en la búsqueda de la solución”, destacó.
El colorado Germán Coutinho, uno de los impulsores de los tres proyectos de ley iniciales, sostuvo que el Parlamento estaba tomando “una de las mejores decisiones que hemos tomado en esta historia parlamentaria”. También destacó que, en sus 15 años de legislador, se trata de una de las leyes “más negociadas”: “Es una demostración de que la negociación en política es todo o gran parte de ese casi todo, porque vamos a terminar votando un proyecto de ley que casi nada tiene que ver con ese original que fuimos presentando”.
También el senador de CA Marcos Methol destacó la importancia del proyecto y, en concreto, la creación del fideicomiso y la reestructuración de deudas de personas físicas, un mecanismo al que calificó de “válido” y de “justicia”. Argumentó que el proyecto “va a ayudar a dar certezas a estas miles de familias para que tengan un horizonte claro de cuándo es el final, de cuándo van a poder liberarse de esa pesada carga que están teniendo desde hace tanto tiempo”.
Durante su intervención, el senador frenteamplista Mario Bergara, expresidente del Banco Central del Uruguay, planteó algunos matices con el punto de partida del problema y sostuvo que tenía “dudas” de que efectivamente fuera la moneda. “Yo creo que estaríamos en situaciones similares en momentos distintos si las deudas hubieran sido en otras monedas, en dólares o en unidades indexadas”, apuntó, y explicó que desde 2005 a 2018 “los salarios subieron en términos reales, es decir, por encima de la inflación, alrededor de 55% y por supuesto que eso genera un impacto en un tema de la magnitud del capital adeudado”.
Manifestó que el “origen” del problema está en las distintas crisis que atravesó el país desde los años 80 hasta la actualidad, en las que “no se tomaron las resoluciones de refinanciaciones correspondientes que resolvieran el tema”, por lo que “en vez de avanzar y sincerar la situaciones en cada momento, se inventaron adefesios como: ‘vení, pagá lo que puedas y el resto te lo mando para el final’, los famosos colgamentos. Se llegaron a dar situaciones tan absurdas como que lo que se iba pagando no alcanzaba a cubrir los intereses: la gente pagaba y al final debía más de lo que se había endeudado originalmente”.
Los puntos acordados
El proyecto, al que accedió la diaria, crea en su primer artículo un fideicomiso para llevar a cabo la reestructuración de las deudas, que es administrado por República Afisa, entidad estatal que opera en el derecho privado.
Asimismo, define cuáles son las deudas a reestructurar y qué condiciones deben tener para estar comprendidas en la ley. Serán amparadas las personas físicas que hayan adquirido la deuda en UR “para la adquisición, construcción o reparación de la vivienda propia”.
Podrán acceder al beneficio quienes tengan calificado el préstamo como vigente, pero también existe la posibilidad de que la persona solicite acceder a estos beneficios ante el banco “si los incumplimientos se generaron a partir del 1° de enero de 2020”, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19.
El proyecto también fija el monto total de la deuda a reestructurar, “equivalente a la sumatoria de los saldos que restan del préstamo amortizable más lo que corresponde a los saldos pendientes de los colgamientos”, explicó Camy durante la sesión.
Se establece el beneficio de extinción de la deuda para los préstamos de 40 años de antigüedad y en los que se haya hecho un mínimo de 210 pagos mensuales. Por otra parte, para condonar el pago de los intereses, se exigen 180 pagos mensuales realizados.
Con relación al beneficio en la tasa hasta la extinción de la deuda se resolvió que, en el caso de los préstamos hipotecarios o las promesas de compraventa otorgados hasta setiembre de 1993, se ajustará el saldo adeudado a una tasa de interés en unidades reajustables de 0%, y en aquellos que hayan sido otorgados entre octubre de 1993 y setiembre de 2009, el saldo adeudado se ajustará a una tasa de interés en unidades reajustables de 2,5%.
La cuota mensual a abonar hasta la cancelación del monto total consolidado, o su extinción por alcanzar los 40 años de antigüedad “será la correspondiente en UR a lo pagado en la cuota de diciembre de 2022”.
A la vez, se expresa que estarán comprendidas dentro de la nueva norma las sociedades civiles creadas para la gestión del crédito y para la construcción de complejos habitacionales, que se hayan disuelto cuando se adjudicaron las viviendas. También “se contabilizará la longevidad del crédito a la fecha de otorgamiento del mismo a la sociedad civil”, plantea el texto.
Por último, se establece que dentro de los 150 días posteriores a la aprobación del proyecto, República Afisa deberá publicar en su sitio web cómo se podrá consultar la información relativa a su aplicación.
Obstáculos
Durante la votación, la presidenta del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Casilda Echeverría, expresó por medio de su cuenta de X: “La UR, ni sus tasas ni su forma de ajuste perjudicaron a los titulares del crédito”. Según Echeverría, los deudores “mantuvieron sus casas con mínimas cuotas y plazos eternos”.
“Veremos qué se les dice a los padres de familia que hoy no pueden hacer frente a un crédito en UI o, peor aún, que no pueden siquiera alquilar”, manifestó Echeverría. “Si se habla de justicia, veremos… La unanimidad en la Comisión del Senado no demuestra más que la demagogia es generalizada”, concluyó.
La generosa demagogia deberían pagarla quienes la hacen obligatoria para otros. Floridos discursos no harán correcto, ni justa una ley. La UR, ni sus tasas ni su forma de ajuste perjudicaron a los titulares del crédito. Mantuvieron sus casas con mínimas cuotas y plazos eternos.
— Casilda Echevarria (@CasildaEche) October 18, 2023
Consultado al respecto, Coutinho se refirió al presidente Luis Lacalle Pou, quien “el 2 de marzo dijo en su rendición de cuentas en el Parlamento que quería una solución para estas familias”. Además, agregó que “esta es la mejor solución que encontramos, a pesar de que ellos no colaboraron en nada y hasta generaron obstáculos”.