Tal y como estaba previsto, oficialismo y oposición aprobaron por unanimidad este martes en comisión el proyecto de ley para atender la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). El proyecto se votará este miércoles en el plenario de la Cámara de Senadores y, aunque todavía el texto no está cerrado y se maneja algún aditivo, tanto desde la coalición de gobierno como desde el Frente Amplio (FA) dan por descontada su aprobación.
“Lo grande de esto es que empieza el final de la angustia” para los cerca de 20.000 deudores en UR y “que salió por unanimidad”, dijo a la diaria el senador nacionalista Sergio Botana, uno de los autores de la iniciativa. Botana indicó que este martes se introdujeron algunos cambios para el acceso a la reestructuración de la deuda: para la condonación de la deuda se exigirá, aparte de 40 años de antigüedad del préstamo, que el deudor tenga “210 pagos hechos”, mientras que para acceder a “los beneficios de intereses” previstos en el proyecto se exigirán “180 pagos hechos”. También se incluyó la posibilidad de acordar de manera individual con el BHU si el titular de préstamo “se endeudó con la pandemia” y se atrasó en los pagos, es decir, a partir del 1º de enero de 2020.
El senador colorado Germán Coutinho, otro de los promotores del proyecto, explicó a la diaria que aquellos deudores que tengan 40 años de antigüedad “dejarán de pagar”, en tanto “los que tienen más de 30 años pasarán a pagar, sin intereses, hasta el 2040, y al resto se les baja fuertemente los intereses”.
Asimismo, se acordó que el fideicomiso para llevar a cabo la reestructuración de las deudas sea administrado por República Afisa, entidad estatal que opera en el derecho privado. El FA había sugerido que fuese administrado por la ANV, pero no como “impedimento ni condición”, puntualizó Coutinho, que aclaró además que el proyecto “no está 100% cerrado”.
El senador frenteamplista José Nunes contó a la diaria que Cabildo Abierto (CA) planteó este martes en comisión un aditivo para “resarcirle las pérdidas patrimoniales” al BHU, ya que se trata de “créditos vigentes que tienen una baja tasa de morosidad”. Señaló que el FA apoya la propuesta cabildante, sobre todo, para “preservar la capacidad del BHU de seguir ofreciendo crédito hipotecario como política pública en materia de vivienda”. El resarcimiento saldría de Rentas Generales y se estima que el BHU resignaría unos 330 millones de dólares en total.
Consultado al respecto, Botana dijo que “no hay acuerdo” en ese punto porque “el BHU ya cobró” y además “no necesita” una compensación económica. “La verdad que darle plata de la gente a un banco que no necesita... No hay que dársela”, manifestó. De todos modos, FA y CA tienen mayoría para aprobar el aditivo en el plenario.
Grupo de deudores: “Es un logro muy importante”
Los actuales deudores en UR tomaron créditos para la construcción de viviendas y entienden que fueron perjudicados debido a la variable de ajuste de la UR, el índice medio de salarios; especialmente en comparación con los deudores en unidades indexadas (UI), que ajusta por el índice de precios del consumo. “Es constatable que la UR tuvo un incremento sostenido mayor con respecto a la UI”, se lee en la exposición de motivos del proyecto, y se asegura que algunas personas “han pagado tres o cuatro veces su vivienda”.
Esto, sin embargo, ha sido objetado tanto por exautoridades del BHU como por el actual directorio, que, en su rechazo al proyecto, encomendó un informe especial a la consultora CPA Ferrere, que concluyó que, en el caso hipotético de un deudor que tomó un crédito con un plazo de 22 años –entre 1985 y 2000– y con tasas de interés de 5% en UR y 6% en UI, “el costo de un crédito en UR habría sido en promedio 15% menor que la alternativa del crédito en UI”.
Countiho afirmó que “acá no se le está regalando nada a nadie, porque ya pagaron”, y tampoco “nadie está perdiendo, porque no se le puede cobrar al que ya se le cobró”. El senador colorado valoró el “compromiso político” de todos los partidos para “intentar terminar con estas injusticias”.
En diálogo con la diaria, Rosemarie Rosas, referente del movimiento de deudores en UR, destacó que, si el proyecto se aprueba, “2.500 familias no van a pagar más”, mientras que el resto “va a pagar por muchos menos años de los que tendría que pagar si no estuviera la ley”. “Lo que nosotros valoramos de este proyecto es tener una certeza en la fecha de finalización de nuestros créditos. No será lo que nosotros buscábamos en un principio, pero es un logro muy importante”, expresó.
El grupo de deudores asistirá a las barras este miércoles cuando se vote el proyecto. “No tenemos ninguna duda de que va a salir”, aseguró Rosas. El miembro informante será el senador nacionalista Carlos Camy. El proyecto todavía debe tratarse en la Cámara de Representantes antes de su aprobación definitiva.