En medio de la discusión sobre la Rendición de Cuentas, que ha suspendido el trabajo de las comisiones en el Senado y con ello el tratamiento del proyecto de ley del oficialismo para resolver la situación de los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda, el directorio del BHU le encargó a la consultora CPA Ferrere un informe acerca de los “efectos potenciales” del proyecto de ley.

Los deudores en UR son un grupo aproximado de 20.000 personas que tomaron créditos estatales para la construcción de viviendas y que entienden que fueron perjudicadas por la variable de ajuste de la UR: el índice medio de salarios. Bajo este supuesto, CPA Ferrere realizó un ejercicio de simulación para comparar los costos de los créditos en UR y en unidades indexadas (UI), que se ajusta con base en la inflación.

El informe, al que accedió la diaria, concluye que, en el caso hipotético de un deudor que tomó un crédito con un plazo de 22 años, entre 1985 y 2000 (192 meses) y con tasas de interés de 5% en UR y 6% en UI, “el costo de un crédito en UR habría sido en promedio 15% menor que la alternativa del crédito en UI para las 192 ventanas temporales evaluadas, salvo en algunas excepciones puntuales”.

El análisis marca que si bien en ese período la UR “creció en mayor medida” que la UI, “el menor costo de los créditos en UR se explicaría por la compensación que genera el diferencial de tasa y por el método de reajuste de los contratos en UR”, que es anual y no mensual, como en el caso de la UI. Esto genera “un descuento sobre los pagos de capital e intereses que tiene el deudor en UR que no está presente en los deudores en UI”. Así, el informe concluye que los préstamos en UR “no resultaron más caros que acceder a préstamos equivalentes en UI”.

Según Rosemarie Rosas, referente del movimiento de deudores en UR, “las dos bases sobre las que se hace ese estudio son equivocadas”, en referencia a las tasas de interés. “Te puedo asegurar que hasta hoy no conozco una sola persona que tenga un interés del 5%” en préstamos en UR, manifestó a la diaria, y añadió que entre los deudores el promedio oscila entre 6,6% y 7,2%. “Tengo una enorme cantidad de recibos para acreditarlo”, aseveró.

Con todo, Rosas afirmó que su colectivo no está “compitiendo con la UI”, dado que “son situaciones completamente diferentes”. La UR, sostuvo, fue creada en 1968 para “proteger” a los deudores de “los aumentos desmedidos que provocaba una inflación galopante”, pero “hoy por hoy no surtió efecto”. “Si la UR tiene tantas virtudes y es tan beneficiosa, ¿por qué se dejó de prestar en UR y sólo se presta en UI?”, se preguntó.

El proyecto del oficialismo establece que en caso de que se reúnan varias condiciones –una de ellas, que el préstamo tenga una antigüedad de 40 años–, las deudas en UR “quedarán extinguidas de pleno derecho”. También se prevén beneficios para aquellos que no tengan 40 años de antigüedad, como disminuciones de las tasas de interés.

Al respecto, en línea con la postura del directorio del BHU, CPA Ferrere advierte en el informe sobre “implicancias relevantes en materia de riesgo moral”, ya que el proyecto “podría inspirar reclamos similares y fomentar comportamientos arriesgados entre los deudores”; a su vez, podría aumentar “el riesgo de contagio hacia otros mercados financieros debido a incentivos para la formación de ‘clubes’ de deudores con intereses comunes”.

Consultada al respecto, Rosas sostuvo que a los deudores en UR no se les está “perdonando nada”. “Nosotros pagamos con creces el dinero que se nos dio”, que además “no tiene nada que ver con el valor de las casas; no tiene relación el precio de nuestras viviendas con lo que se nos prestó inicialmente”, aseguró.

Después de la Rendición de Cuentas

El senador del Partido Nacional Carlos Camy, uno de los autores del proyecto, dijo a la diaria que posiblemente el próximo 10 de octubre la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial integrada con Hacienda sesione para tratar la iniciativa. Aunque señaló que “seguramente va a llevar alguna reunión más”, afirmó que “se ha definido el mes de octubre” para votar el proyecto en el Senado.

Otro impulsor del texto, el senador del Partido Colorado Germán Coutinho, destacó en diálogo con la diaria que la intención es votar “casi inmediatamente después de la Rendición de Cuentas”. Dijo que aún “se está negociando” el respaldo unánime de los partidos políticos, que “vienen mostrando la voluntad de que se vote, todos, menos los directores del BHU”.

Acerca del informe de CPA Ferrere, Coutinho dijo no entender “por qué el BHU sigue generando estas dificultades” y “gastando recursos en este tipo de cosas” cuando ya existe la “voluntad política” del presidente Luis Lacalle Pou de que se apruebe el proyecto. “Nosotros seguimos del lado de los deudores y vamos camino a una solución”, afirmó.