Tras un congreso de dos días, entre el 9 y el 10 de noviembre, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) decidió dar “libertad de acción” a sus filiales con respecto a la recolección de firmas para habilitar el plebiscito contra la reforma de la seguridad social del gobierno que impulsa el PIT-CNT. De esta forma, toma una decisión parecida a la del Frente Amplio (FA), que, ante las distintas posiciones a su interna, también definió dar libertad de acción. Al igual que el FA, la Onajpu no juntará firmas en su sede central, pero sí podrán hacerlo las respectivas filiales en sus locales.
En el comunicado, emanado del congreso, la Onajpu reconoce que está “instalado el debate” respecto de este tema y que los avances que se den “deben ser fruto del diálogo, de la negociación y del acuerdo”, camino que eligen sin moverse “un ápice” de sus convicciones.
En este sentido, la organización buscará promover “la más amplia libertad de acción para las asociaciones con referencia al plebiscito”, además de reafirmar “un principio de nuestra organización de promover y defender la unidad en la diversidad de opiniones” teniendo en cuenta que, si bien “existen diversas opiniones sobre la oportunidad y el valor estratégico de la recolección”, hay “acuerdo sobre los temas centrales”.
El PIT-CNT se encuentra abocado a la recolección de firmas, así como también los sectores del FA que acompañan el plebiscito. La idea es llegar a 270.000 firmas antes del 27 de abril y así habilitar una consulta popular que modificaría la Constitución y que, de triunfar, establecería en la carta magna la fijación de la edad de jubilación en 60 años, la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) y la igualdad de las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional.
En su comunicado, la Onajpu también recuerda que “es histórico pero con absoluta vigencia” su “reclamo de una seguridad social sin lucro, un sistema alejado del mal diseño que hoy tiene a las AFAP como falso paradigma de la eficiencia”, así como la propuesta de “avanzar en una mayor redistribución de la riqueza, con políticas diferenciales para los que menos tienen”.
De esta forma, continúa “apostando por un sistema que incluya en materia de seguridad social” y por que “jubilarse y tener una vejez digna” no sea “algo a lo que sólo pueda aspirar una minoría”. Por eso, la organización apostará “insistentemente por el diálogo social”, por ser el mecanismo que entienden “más eficaz para solidificar” sus conquistas.
“Unidad en la diversidad”
“Nunca estuvimos de acuerdo con la comisión de expertos ni con la ley aprobada”, señaló a la diaria la presidenta de la Onajpu, Estela Ovelar. De todas formas, luego de que en el congreso se llegara a la conclusión “de que había diferentes posiciones” de cara a una eventual consulta popular, el “camino que pareció más correcto” fue el de la “unidad en la diversidad”.
La comisión de seguridad social conformada para la instancia de congreso observó, justamente, que “hay filiales que decidieron por cuenta propia juntar firmas, y hay otras que decidieron no juntar”. Asimismo, se evaluó que existe una “pérdida de poder adquisitivo” (ver recuadro), además de que analizaron “los derechos que terminan perdiendo jubilados y pensionistas”.
A su vez, la Onajpu trabajará “en la elaboración de propuestas” en materia de seguridad social para “madurar” sus opiniones y dialogar con los demás actores involucrados. “Nos interesa mucho el financiamiento”, explicó Ovelar, sobre todo en un contexto de “envejecimiento de la población”. “También viene cambiando la forma de trabajo” y se deberían “repasar exoneraciones” en un marco en el que “el trabajo a distancia llegó en la pandemia para quedarse”.
Además, “las máquinas que se utilizan y sacan a dos trabajadores hoy no aportan”, evalúan desde la Onajpu, y entienden necesario “hacer un estudio de la financiación que se sostenga en el tiempo más allá de que las sociedades son dinámicas”, lo que implicará “seguir estudiando y monitoreando las reformas que se van dando”.
Asimismo, si bien entienden que es “necesaria una reforma”, Ovelar indicó que no debe ser “sólo económica, sino de sostenibilidad financiera sin lucro”. “La Onajpu siempre estuvo en contra del lucro, de que las reformas recaigan sobre el ingreso de jubilados y pensionistas o que perjudiquen a los trabajadores en un futuro”, sentenció.
Balance sobre las pasividades
Un informe de la Onajpu sobre la evolución de las pasividades señala que “las jubilaciones y pensiones mínimas siguen congeladas desde 2020 y lo seguirán en 2023 y 2024”, lo que abarca a “unas 140.000 personas”. Se indica a su vez que “en 2021 y 2022 se empezó con adelantos a cuenta y la mínima sigue hoy en el mismo valor que en 2020 (3,05 BPC [base de prestaciones y contribuciones])”.
Este gobierno decidió cambiar el criterio para ajustar el valor de la BPC: mientras que antes se hacía con la inflación, desde 2021 pasó a modificarse a través del Índice Medio de Salarios. Según Onajpu, “si este gobierno hubiera seguido simplemente con el mismo criterio de aumentos anteriores”, la jubilación mínima hubiera llegado en 2022 a 3,15 BPC, “o sea 17.829” pesos, y por tanto serían 566 pesos más por mes por persona respecto del monto actual (17.263 pesos).
La Onajpu volvió a reclamar una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou y lamentó “el reciente decreto del gobierno fechado el 26 de octubre, donde sólo se anuncia que en julio de 2024 habrá otro adelanto a cuenta, a descontar, del ajuste de enero 2025, del 3%”.
Sobre el ajuste general de pasividades, señala que la jubilación promedio del BPS aumentó entre 2009 y 2019 de 23.954 pesos a 31.166, pero “desde 2020 bajó y también fue menor en 2021 y peor en 2022: 30.447, o sea 719 pesos menos por mes, o sea 8.628 pesos menos por año”. “Es mucha plata para una jubilada, un jubilado en este país”, apunta.
“En el próximo enero de 2024 habrá un ajuste de salarios y de pasividades superior al aumento de los precios de este año 2023. Menos mal. Pero lo que se perdió, se perdió”, finaliza el documento.