El cuarto año de la coalición de gobierno empezó con la renuncia de Adrián Peña al Ministerio de Ambiente, en enero, por haber mentido durante años sobre un título universitario. Apenas un adelanto de la sucesión de escándalos políticos que se avecinaba, que la senadora nacionalista Graciela Bianchi describió como el año del “bombardeo permanente”.
La página de Peña se dio vuelta rápidamente a principios de febrero, cuando la diaria informó que Alejandro Astesiano recibió y compartió en tiempo real con el secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez, información sobre el accidente de tránsito que protagonizó el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en febrero de 2022. El entonces jefe de la seguridad presidencial también utilizó las cámaras de vigilancia para rastrear el choque de Abdala.
Cuatro días después, la diaria informó que Astesiano recibió datos personales de estudiantes y docentes del liceo 41 por parte de Marcelo Fránquez, un custodio de Presidencia que, preocupado por la captación de “guachos que viven en los cantes y están medio descerebrados” para el feminismo y la “ultraizquierda”, le propuso intervenir sus celulares.
En ese marco, el Poder Ejecutivo removió a la cúpula policial, que en su mayoría tenía diálogo directo con Astesiano. Fue para “consolidar los éxitos” de “la lucha contra el crimen organizado” y no tuvo “nada que ver” con “otros asuntos”, aseguró el entonces ministro del Interior Luis Alberto Heber. Luego, el propio Lacalle Pou admitió que la vinculación de las jerarquías policiales con Astesiano fue “un elemento más” en la resolución.
El caso Astesiano tuvo un respiro a mediados de febrero, cuando, tras alcanzar un acuerdo abreviado con la entonces fiscal y actual militante blanca Gabriela Fossati, el exjefe de la seguridad presidencial fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado. El “profesional intachable”, según las primeras declaraciones de Lacalle Pou, fue a cumplir la pena a la cárcel de Florida, donde meses después ingresaría Gustavo Penadés.
La acusación de la militante nacionalista Romina Celeste Papasso irrumpió en el escenario político el 28 de marzo. En entrevista con el programa Hacemos lo que podemos, contó que el exsenador del Partido Nacional (PN) abusó sexualmente de ella a cambio de dinero cuando tenía 13 años. Al otro día, Penadés negó todo desde la sala de prensa del Parlamento. Ese mismo día, el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó una investigación de oficio.
Primera reacción de Heber: “Esto es una difamación”. Primera reacción de Lacalle Pou: “Le creo a él”.
Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, afuera del Ministerio del Interior, el 6 de noviembre.
Foto: Alessandro Maradei
La denuncia de Papasso fue acompañada por una decena de testimonios de otras víctimas. A medida que la investigación de la Fiscalía avanzaba, Penadés renunció al PN, fue desaforado y luego expulsado del Senado y, finalmente, el 10 de octubre fue imputado con prisión preventiva por múltiples delitos de explotación sexual de menores de edad. En el medio, sin embargo, Penadés se permitió votar a favor de la ley de tenencia compartida.
Segunda reacción de Heber: “El más sorprendido soy yo”. Segunda reacción de Lacalle Pou: “Es una persona que desconozco”.
Junto a Penadés cayó el director del Comcar, Carlos Taroco, quien lideró una investigación parapolicial en contra de las víctimas de Penadés. Este último agregado determinó que el Frente Amplio (FA) pidiese la renuncia de Heber y anunciase una interpelación al ministro del Interior, pero el miércoles 1º de noviembre la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache tenía que ir a declarar como indagada en Fiscalía por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.
Mientras Ache daba su versión en Fiscalía, Búsqueda divulgó un audio en el que el canciller Francisco Bustillo le sugería a Ache que “perdiera” el celular para que “se mande al frente” el “tarado” del subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, en el marco de la investigación administrativa que, a pedido de la Justicia, estaba llevando a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bustillo renunció ese mismo día.
Ache declaró que, por orden de Lacalle Pou, el asesor de Presidencia, Roberto Lafluf, la convocó, junto a Maciel, a una reunión en Torre Ejecutiva en la cual les ordenó borrar chats de Whatsapp que constataban un intercambio entre Ache y Maciel sobre la peligrosidad de Marset, antes de la entrega del pasaporte. También dijo que Lafluf destruyó evidencia que ella había aportado a la investigación administrativa y que debía enviarse directamente desde la cancillería a la Justicia, sin ningún pasaje por Presidencia.
El escándalo agarró a Lacalle Pou de viaje en Estados Unidos, pero no trastocó su agenda, ni la de Lafluf, quien se fue a Río de Janeiro para ver la final de la Copa Libertadores.
A su regreso, Lacalle Pou confirmó su participación en la reunión en Torre Ejecutiva (“pasé a saludar”), matizó la destrucción del documento público (“no era un expediente”) y avaló la entrega del pasaporte a Marset (“había que darlo”). Asimismo, si bien sostuvo que ninguno de ellos tuvo “ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte”, el presidente aceptó las renuncias de Heber, Maciel y Lafluf.
La investigación de Fiscalía continuará el año que viene. Mientras tanto, Heber volvió al Senado, Maciel se incorporó a Ancap y a Lafluf “es probable” que el exsecretario de Presidencia y actual precandidato del PN, Álvaro Delgado, le ofrezca sumarse a su equipo de campaña.
Un año crítico
Para la senadora frenteamplista Liliam Kechichian este último giro del caso Marset fue “el broche de oro” de un año “realmente escandaloso para el gobierno”. “¿Crisis institucional? Seguramente no, porque las instituciones funcionan, pero heridas institucionales sí, porque muchas de ellas están alrededor del presidente”, expresó a la diaria. A su parecer, “es como un modus operandi que parecería enquistado en el corazón del gobierno”.
Bianchi diferenció el caso Marset, que aún “se está dirimiendo en la Justicia”, de los “episodios puntuales” de Astesiano y Penadés, que “nadie niega”, pero en los que ya “se hizo justicia”. Si bien reconoció que “es inevitable” que estas cosas afecten al gobierno, “porque es un bombardeo permanente”, “a la gente mucho no le importa”, dado que “el país está funcionando”, afirmó a la diaria.
“Para mí este es uno de los mejores años del gobierno. Es un año de buen balance. La gente de trabajo y esfuerzo valora exactamente lo que se hace, por eso el presidente tiene la imagen que tiene”, señaló Bianchi.
Para el diputado colorado Ope Pasquet, el año tuvo “dificultades, sobre todo de carácter político”, que “seguramente no le hacen bien al gobierno”. No obstante, dijo a la diaria que ningún año “ha sido fácil para este gobierno”. “2023 no es una excepción, [pero] no me atrevería a calificarlo como el más difícil, porque este gobierno debutó con una pandemia prácticamente sin precedentes. Esa sí fue una dificultad, que causó muertes”, consideró.
En cambio, el senador cabildante Guillermo Domenech dijo a la diaria que definitivamente este fue “el año más complejo”, aunque “para el PN”. Cabildo Abierto (CA), sostuvo, “no tiene nada que ver ni con Astesiano ni con Penadés ni con Marset, [eso] es responsabilidad del PN”. No obstante, opinó que “quizás hemos sobredimensionado la atención sobre estos temas”, en detrimento de “otros problemas muy importantes que tiene el Uruguay”.
“No sé si fue el peor [año] o fue cuando eclosionó la acumulación de cosas, porque hay que pensar que entregaron el puerto por 70 años en el primer año de gestión”, señaló a la diaria la senadora frenteamplista Silvia Nane. Afirmó que en todos estos casos subyace “un denominador común”, que es “el núcleo duro del herrerismo”.
Sin agua
El 2023 también fue el año de los bidones, de la discusión semántica entre “potable” y “bebible” y de las movilizaciones de autoconvocados en Montevideo y el área metropolitana. Fueron 65 días de emergencia hídrica: el corolario del período más seco en 75 años, según reportó el Instituto Uruguayo de Meteorología.
El punto de partida fue el 26 de abril, cuando el directorio de OSE aumentó los valores máximos de cloruro y sodio en el agua. Desde entonces, el agua dulce de la reserva de Paso Severino se mezclaría -cada vez más- con el agua salada del Río de la Plata. En mayo, la venta de agua embotellada se había triplicado y Delgado le pedía a la población tener un “consumo responsable del agua”.
En ese contexto, el FA pidió la destitución del presidente de OSE, Raúl Montero, y la vicepresidenta, Susana Montaner, quien al inicio de la crisis sugirió “dejar de comprar Coca Cola”. “Nos dimos cuenta de que la ley de aguas no tiene nada que hacer cuando la gente es inepta y se lleva todo por delante”, señaló Nane.
Recién el 19 de junio, Lacalle Pou decretó la emergencia hídrica. El presidente anunció obras de emergencia y medidas económicas, y ordenó el reporte diario del nivel de Paso Severino. La reserva tocó fondo el 5 de julio, cuando registró sólo 1.117.482 metros cúbicos de sus 70 millones de capacidad. Pero al poco tiempo llegaron las lluvias, el agua escurrió y la tendencia cambió. La emergencia hídrica se levantó formalmente el 22 de agosto.
El díscolo
Aunque este año chocó por la reforma jubilatoria, la gestión de la seguridad pública y, más recientemente, el veto de Casa de Galicia, la única vez que la mesa política de CA puso a votación seguir -o no- en la coalición fue cuando, a principios de mayo, se supo que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, había entregado, de forma directa y sin sorteo, un apartamento a una militante cabildante.
En el libro Manini, el comandante sin jefe, de Fernando Amado, el líder de CA, Guido Manini Ríos, dice tener la “percepción” de que el pedido de renuncia de Lacalle Pou a su esposa fue “un pase de factura” por su postura en el tratamiento de la reforma jubilatoria.
La salida de Moreira fue singular en el repertorio de renuncias ministeriales de este año. Acompañada por un puñado de militantes dentro del ministerio, Moreira se despidió a los gritos, afirmando que “volvería a tomar la misma decisión” y denunciando una “nueva operación de desprestigio”. Posteriormente, trascendieron otras adjudicaciones irregulares de viviendas; una de ellas a su exempleada doméstica.
Sin embargo, pese a la “percepción” de Manini Ríos, la mesa política de CA resolvió por mayoría permanecer en la coalición. En retrospectiva, Domenech consideró: “No sé si fue el año más difícil [para CA] o siempre tuvimos una relación diferente a la de los otros partidos de la coalición; nosotros no nos transformamos en mera compañía del PN”.
Reglamento aparte
A fines de agosto, la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande acaparó la agenda debido a la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de una partida presupuestal extra de 200 millones de pesos para el organismo binacional. El FA denunció que ese dinero era para "bancar clientelismo político", en referencia a los 36 militantes blancos y colorados que ingresaron de forma directa a la CTM bajo el mando del nacionalista Carlos Albisu, quien, en palabras del también nacionalista Sergio Botana, "se encuentra con plata y se cree Papá Noel". Aunque Albisu renunció, desde la oposición siguen cuestionando que, a pesar de que el Poder Legislativo solicitó por unanimidad el cese inmediato de todos los contratos por designación directa, la mayoría de ellos continúan en el organismo binacional.