El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, informó este miércoles que, desde el lanzamiento, el pasado 5 de octubre, de la campaña de recolección de firmas por el plebiscito de la seguridad social, se recolectaron a la fecha 65.933 firmas. Así, a un ritmo aproximado de 33.000 firmas por mes, el movimiento sindical deberá reforzar su estrategia si quiere superar las 270.000 adhesiones que por disposición constitucional deben entregarse antes de abril para realizar la consulta popular en simultáneo con las elecciones generales de octubre de 2024.
El día del lanzamiento de la campaña Abdala había fijado como objetivo conseguir 500.000 firmas. Actualmente el PIT-CNT tiene unos 220.000 afiliados cotizantes, pero no todos los sindicatos han respaldado expresamente la papeleta en consideración.
Sin embargo, Abdala afirmó este miércoles que existe una “masiva voluntad” de la gente para firmar por el plebiscito, a pesar de las “enormes dificultades financieras” que tiene la militancia y de la “prédica contraria” por parte del oficialismo y de algunos sectores de la oposición. “Si con las enormes dificultades que hemos tenido al arranque, tenemos ahora esta cifra, es más que probable que nuestro pueblo pueda decidir el último domingo de octubre si defendemos la seguridad social como un derecho humano”, manifestó.
Según Abdala, “no está dando mucho resultado la campaña de miedo” que “algunos elementos del Poder Ejecutivo están estableciendo”. “Los expropiadores de la vida y los ingresos de los trabajadores nos acusan de expropiadores a nosotros”, criticó, y afirmó que en el texto a plebiscitar “están todas las garantías para que nadie pierda nada”.
Nathalie Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el principal sindicato detrás del plebiscito, agregó que “las firmas están” porque “la iniciativa de la gente a firmar se nota en la calle”. Llamó a las organizaciones sociales a desplegar “su masa de militantes” y resaltó que “realmente es necesario llegar a este plebiscito para que podamos de una vez por todas llegar a una seguridad social más justa y más digna”.
Por su parte, Juan González, presidente del sindicato del Correo Uruguayo, dijo que la propuesta del PIT-CNT es “la iniciativa más determinante de los últimos 30 años proveniente del campo popular”. “Desde esa profunda convicción exhortamos al pueblo en general a que demande debate”, expresó. El próximo 14 de diciembre la central sindical realizará una jornada nacional de recolección de firmas en todo el país.
El debate jurídico
Abdala hizo este anuncio en el marco de un conversatorio sobre los aspectos jurídicos de la papeleta, organizado por el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. El evento tuvo lugar este miércoles en el Palacio Legislativo y en él expusieron los abogados Juan Ceretta, Michael Dicmarch y Valeria España.
En síntesis, el PIT-CNT propone modificar el artículo 67 de la Constitución para fijar en 60 años la edad jubilatoria, igualar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP. Según Ceretta, es un planteo “bastante simple”, y pidió que “no se dejen engañar por discursos complejos y análisis sesudos sobre el texto”.
Durante su intervención, Ceretta respondió a los cuestionamientos que ha tenido la papeleta por parte del gobierno y también de algunos sectores del Frente Amplio y el movimiento sindical; por ejemplo, se refirió a la “expropiación” de los ahorros individuales en las AFAP. “Lo primero que hay que decir es que las AFAP no le entregan el dinero a nadie. Para que te lo entreguen tenés que estar muerto, porque la entrega es sólo en caso de fallecimiento”, afirmó el abogado, y añadió que actualmente el régimen de ahorro individual “está pagando miserias a los que se jubilan”.
Sobre la eventualidad de “juicios millonarios” contra el Estado, Ceretta sostuvo que la papeleta “excluye la posibilidad de una indemnización por lucro cesante a las AFAP”, y señaló que estas tampoco “tendrían argumento válido para reclamar un daño, porque con ese criterio no sería posible ningún cambio de política pública que le haga perder dinero a alguien”.
Por su parte, Dicmarch mencionó algunos antecedentes de normas que “han cambiado y variado drásticamente” el sistema de seguridad social en Uruguay. Una de ellas fue el “Acto Institucional 9, aprobado en la dictadura militar fascista, que eliminó el aguinaldo para los jubilados”. Otra fue la reforma que dispuso el sistema mixto: “Muchos recordarán las distintas publicidades y propagandas hablando de la doble jubilación que iba a gozarse de parte de los trabajadores y las trabajadoras, [pero] hoy no estamos viendo eso”.
A su turno, España sostuvo que la consulta popular “es el mecanismo y la herramienta que tenemos” para reformar la seguridad social. Afirmó que hay “un interés por parte de las élites” y, “lastimosamente, también de las élites académicas” por “denostar la posibilidad de que el pueblo defina la posibilidad de poder conquistar un derecho fundamental”, como es “el reconocimiento de la seguridad social no susceptible de lucro”.