En agosto de 2021, Cabildo Abierto (CA) presentó un proyecto de ley que establece la prisión domiciliaria para reclusos mayores de 65 años. La iniciativa entró por el Senado, a la Comisión de Constitución y Legislación, donde se trató hasta diciembre de ese año, recibiendo a distintas delegaciones, pero luego quedó en la nada. El proyecto generó el inmediato rechazo del Frente Amplio (FA) y dentro de la coalición manifestaron algunas diferencias. Por ejemplo, en el Partido Nacional (PN) se planteó subir la edad del beneficio a 70 años.
Luego de un año con el proyecto “parado”, el senador de CA Guillermo Domenech, integrante de la comisión, dijo a la diaria que la intención de su partido es “darle trámite” en 2023, y “mientras no se desvirtúe” la iniciativa, están dispuestos a aceptar algún cambio, como el de subir el límite de la edad para ese beneficio, de 65 a 70, que está presente en un anteproyecto elaborado por la senadora nacionalista Carmen Asiaín, aunque no lo han conversado “formalmente”. “Nosotros lo presentamos en su momento porque consideramos que dentro de las reglas del derecho penal humanitario está favorecer el cumplimiento de las sentencias en condiciones que sean más benévolas para las personas mayores”, sostuvo.
En cuanto a la principal crítica de la oposición a este proyecto, que lo ve diseñado a medida para beneficiar a los militares que están presos por delitos de terrorismo de Estado, Domenech sostuvo que “cada uno lo ve de acuerdo a su leal saber y entender”, y CA lo ve “como una cuestión de cumplimiento de normas de derecho penal humanitario para personas mayores”, insistió.
A su vez, en diálogo con la diaria, el senador del PN Gustavo Penadés señaló que el proyecto no está “encajonado” y que no descarta que en los próximos meses “pueda ser empezado a analizar”. Señaló que la iniciativa es “mejorable” y que, en “líneas generales”, la comparte porque le parece “atendible” establecer la prisión domiciliaria “para mayores de 65 o 70 años”. De cualquier manera, dijo que no sabe si “el proyecto que va a terminar saliendo de la comisión es el que presentó CA”.
“Sin lugar a dudas, CA lo hace con un objetivo particular, pero en ese objetivo particular también hay muchas realidades distintas, porque, por ejemplo, para nosotros los delitos de lesa humanidad no pueden estar incluidos en el proyecto”, subrayó.
Para el FA, el proyecto es “totalmente injusto” y “no hay manera” de arreglarlo
Por otra parte, el senador del FA Enrique Rubio, integrante de la comisión, resaltó a la diaria que desde el principio dijeron que el proyecto es “totalmente injusto, dados los delitos que se les han imputado por parte de la Justicia, en juicios prolongadísimos, con todas las garantías”, a quienes están presos por crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado. Por lo tanto, “conceder ese beneficio no se justifica de modo alguno”, si bien ya está previsto en nuestra legislación, “y los jueces lo han aplicado para determinados casos, por razones de salud u otras”.
Rubio no tiene dudas de que el proyecto de CA tiene nombre y apellido, fue “diseñado para determinado grupo de personas”, y además “vulnera violentamente la separación de poderes”, porque “impone automáticamente” por ley la prisión domiciliaria “con independencia de los procesamientos judiciales”. Además, el senador resaltó que el proyecto fue “muy analizado” por especialistas, como penalistas, y “no se encontró a nadie importante que lo defendiera desde el punto de vista del derecho penal”.
También resaltó que si el proyecto se aprobara tal cual fue presentado, “para lo cual no había acuerdo ni siquiera dentro de la coalición”, implica que “en todas las nuevas formalizaciones” relacionadas con delitos de la dictadura “nadie va a la cárcel, sino que pasa directamente a la prisión domiciliaria”. Por lo tanto, para el FA “no hay manera” de arreglar el proyecto de CA.