Gerardo Caetano, sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos: “Lo que bloquea el acceso a fuentes son vetos políticos de todos los partidos”

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Al condenar al Estado uruguayo por el caso Gelman en febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso que este debía adoptar, “en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales”.

Una de las personas consultadas en las audiencias previas al juicio, realizadas en 2010, fue el historiador Gerardo Caetano, que fue convocado como perito ante la Corte IDH. En esa instancia, el tribunal le preguntó sobre la importancia de acceder a los archivos en poder del Estado para contribuir a esclarecer las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en Uruguay durante la dictadura cívico-militar. Caetano respondió: “Juzgo de primerísima relevancia el acceso a los archivos represivos, en particular el acceso a los archivos represivos que no han sido identificados y que tampoco han sido buscados en forma sistemática”.

Para el historiador, “el análisis de los regímenes latinoamericanos prueba que las dictaduras que aplicaron terrorismo de Estado aplicaron una orientación extraordinariamente burocrática, registrando pormenorizadamente los casos más terribles. Y en aquellos casos en donde sí se ha podido acceder a los archivos represivos fundamentales se ha obtenido información que nunca estuvo en ningún testimonio”.

A 13 años de ese testimonio, la diaria conversó con Caetano sobre los avances, los obstáculos y los caminos a seguir para ubicar los archivos de la represión.

¿Qué avances ha habido en la identificación de archivos de la represión desde su comparecencia en 2010 ante la Corte IDH como perito en el caso Gelman vs. Uruguay?

Alguna cosa ha aparecido y alguna cosa ha podido ser procesada. Pero yo sigo pensando que hay un porcentaje muy importante de documentos que están en posesión de represores o de militares y civiles vinculados con represores, que están siendo manejados en clave política.

Yo cada vez estoy más convencido de que hay archivos, de que la documentación no se ha destruido y hay evidencia respecto a ello. Por ejemplo: ha habido una documentación muy importante a nivel de las actas en los tribunales de honor. Algunas de esas actas se han conocido por reclamos directos de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Pero estuvieron años de años sin que aparentemente nadie supiera de ellas, durante los gobiernos frenteamplistas. Quiere decir que hay documentos y que los documentos están dispersos.

Cada tanto hay señales de que hay militares que conocen dónde están los documentos, que poseen los documentos y que juegan con los documentos en términos de presión. Aparece una cosa, de pronto hay un gran silencio... Muchas veces ese tipo de operaciones no las hace el gobierno: las hacen las propias internas militares.

De modo que me ratifico: lamentablemente, creo que hay indicios sobre exmilitares que tienen documentos que no han entregado. Por supuesto que hay militares que saben mucho más de lo que han dicho. Pero también hay civiles que saben mucho más de lo que han dicho.

¿Qué expectativas tiene respecto de lograr avances en el futuro en cuanto a la identificación de archivos?

Lamento ser escéptico. Además, 13 años después del peritaje ante la Corte Interamericana yo creo que lo que bloquea el acceso a fuentes son vetos políticos múltiples. Y cuando digo múltiples refiero a que resultan provenientes de todos los partidos. Todos. No tengo evidencia directa sobre esto, pero rompe los ojos que durante los gobiernos frenteamplistas hubo documentación sobre la que no hubo interés, no hubo voluntad política de que se pusiera a disposición efectiva.

En verdad creo que acá ha habido un bloqueo con respecto al acceso a fuentes. Sigue imperando un pacto de omertà; no hay un solo grupo entre los militares, pero tampoco hay un solo grupo en el sistema de partidos. Incluso tiendo a suponer que ha habido bloqueos que resultan controversiales entre sí. Por ejemplo, creo realmente que dentro del Ejército hay gente que no coincide sobre estos temas con la visión ultrista de la gente más cercana a Cabildo Abierto.

Ahora, lamentablemente, no creo que eso pueda traducirse ni a nivel de un consenso político partidario, ni a partir de un debate dentro del Ejército, desde los que comience a prevalecer una voluntad genuina y efectiva en favor del esclarecimiento. No creo que se traduzca en una apertura efectiva de los archivos.

Entonces, ¿los caminos están todos bloqueados?

Están bloqueados, sí, pero eso lo que impone es seguir la búsqueda, una y otra y otra vez... La sociedad civil tiene que seguir reclamando y reclamando porque si no lo hubiera hecho, no hubiera habido los pequeños avances que existieron. Antes de 2005, pensar que iba a haber militares presos era inimaginable.

Digámoslo de manera clara: el presidente de la República es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Si no hay disposición, que no la hay -tampoco la hubo anteriormente y esto hay que decirlo-, de ordenar a todos los ámbitos y actores vinculados con el Ministerio de Defensa, con todo lo que ello implica, siguiendo los trámites adecuados y los procedimientos correspondientes de la Justicia, de profundizar en serio la búsqueda, incluso yendo a los ámbitos privados conexos en donde puede haber documentación, es muy difícil que haya avances relevantes.

¿Cómo se explica tanto hermetismo?

Es una buena pregunta sobre la que habría que profundizar. Por supuesto que en algunos casos imperan cálculos políticos, en otros casos influyen otros factores, por ejemplo en la interna militar. Yo creo que hay una interna militar. No creo que los ultras dominen todo el espectro. Hay una disputa también en las internas militares a partir de que ya no es posible negar como negaban hace 15 años la realidad siniestra del terrorismo de Estado.

Lo que sí es posible, y lo vamos a ver este año, es discutir por enésima vez la teoría de los dos demonios, etcétera. Pero ¿qué es lo que debe hacer la sociedad civil? Tiene que seguir reclamando y reclamando.

¿Y la Institución Nacional de Derechos Humanos?

Yo estoy en contra de cómo se procesó la última renovación del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Me consta que en la integración anterior había voluntad de ir adelante en las investigaciones. Ojalá que esa perspectiva continúe, pero tengo dudas de que prevalezca. De todos modos, hay que estar siempre abierto y sólo el tiempo dirá. Y continuar una y otra vez con los reclamos por justicia, verdad, memoria y reparación.

Pero aun así, reitero, no alcanza tampoco si no hay una voluntad firme de apertura del lado de las instituciones del Estado y del gobierno.

¿Qué se puede sacar en limpio de las actas de los tribunales de honor y el nacimiento de Cabildo Abierto?

Lo que pasó con las actas de los tribunales de honor rompe los ojos y se engancha con el origen de Cabildo Abierto, que está vinculado con una operación política en donde por lo menos [Eleuterio] Fernández Huidobro estaba involucrado.

Allí se cruzaron dos temas. El primero, terminar con los reclamos a propósito de más verdad, más justicia, más memoria. El punto final, el “nunca más”. Y recordemos todo lo que hubo en torno a eso, hasta la propuesta de Tabaré Vázquez de hacer del 19 de junio el Día del Nunca Más. Una cosa totalmente tirada de los pelos, pero que revela cosas. El segundo punto tiene que ver con el respaldo a la construcción de un espacio político que luego devino en un partido político, que recogiera el espacio nacional y popular de la familia militar.

¿Le parece posible que en Uruguay se alcancen los consensos necesarios para aplicar la jurisprudencia y la normativa internacional?

Creo cada vez más en la relevancia del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, lamentablemente, lo que veo es que el contexto actual no es un contexto favorable para que avance en países como los nuestros. Más aún: advierto con mucho impacto que hay un porcentaje muy importante de los agentes del Poder Judicial que desconoce el derecho internacional de los derechos humanos.

Incluso me pregunto hasta qué punto -tengo amigos en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República- se enseña el derecho internacional de los derechos humanos en los espacios universitarios, públicos y privados. A veces, cuando veo actuar a los abogados, a los fiscales, a los jueces, veo que todo el debate que se ha generado y que vive generándose a propósito del avance del derecho internacional de los derechos humanos sobre las jurisdicciones nacionales también está como bloqueado. Tú ves otros países, incluso en América Latina, donde los avances son mayores.

Creo que la labor de la Corte IDH, con todos los bloqueos y las dificultades que enfrenta, sigue siendo de todas maneras muy importante. Y a pesar de que no pueda verificar el cumplimiento en profundidad de sus dictados y demás, creo que hay que seguir reclamando.

Si me preguntás si en el corto plazo yo advierto en el sistema político actores con una vocación decidida para avanzar en este aspecto te diré, a nivel de todos los partidos, que hay sensibilidades distintas, pero no advierto una vocación para ir a donde hay que ir.

¿Nadie en el sistema político tiene la voluntad de liderar o asumir esta causa?

No. Y además lo que agrava el panorama aún más es que han surgido nuevos actores que quieren cerrar en forma radical todas estas perspectivas, aun las más mínimas. Hoy hay un nuevo actor partidario que es Cabildo Abierto, una de cuyas señales de identidad es ir contra la Justicia en estos temas, ir contra la política de la memoria, demonizarla, generar una guerra cultural en donde se termine con cualquier perspectiva de asunción plena de la responsabilidad desde un Estado con una historia en la que ha habido terrorismo de Estado.

Ahora, repito, este escepticismo que yo tenía en 2010, hoy, 13 años después, puede haberse profundizado, pero no me hace cambiar mi opinión respecto de que la única respuesta frente a eso es seguir y seguir reclamando.

Y creo que sería un profundo error buscar más verdad a cambio de [ceder en términos de] justicia. Es decir: proponer un cierto repliegue de la Justicia -como en algún momento se pensó- para que aparezcan los restos, que haya reconocimiento; la experiencia ha indicado que no es un camino fértil. La historia de nuestros países y la historia de Uruguay en particular confirma que para encontrar más verdad es ineludible avanzar en la justicia.