La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) elaboró un proyecto de pliego, enviado el 15 de febrero al Poder Ejecutivo, para realizar una subasta en la que se pondrán a la venta tres bloques de espectro radioeléctrico de 100 MHz –conocido comercialmente como 5G–. Las condiciones de la subasta de estos tres bloques (uno de los cuales está reservado para Antel, la proveedora estatal) generó molestias, tanto en la Ursec como con relación a algunas empresas que se perfilan como potenciales participantes de la subasta.
Pablo Siris, director en la Ursec por el Frente Amplio (FA), cree que el proceso es realmente “un simulacro de subasta”. Para fundamentar su opinión, menciona, entre otros factores, el precio. Las últimas subastas de características similares “anduvieron en casi 50 millones de dólares”, mientras que el borrador de pliego elaborado por la Ursec fija un precio base de 28 millones de dólares. Siris aclara que la Ursec, para justificar este precio, “toma el caso de Brasil”, pero eso es “injusto”, ya que en ese país había muy poca infraestructura y la subasta tenía como requisito “promesas de inversión” que no están presentes en el caso uruguayo. Más allá del precio base de la subasta, el mecanismo de determinación de este precio genera dudas y es tildado de “oscuro” por el director, ya que las buenas prácticas y mecanismos generales para la valuación de espectros radioeléctricos están explícitos en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En esas guías para la valoración de espectros radioeléctricos hay mecanismos claros y transparentes, y la Ursec optó por un “mecanismo oscuro”, en el que no se aclaran los valores que se toman como referencia para llegar al precio, alegó Siris. La “supuesta audiencia pública” no fue tal, fue una charla informal, la “consulta pública” no fue tal, porque no se respondieron las consultas de los operadores, continuó. “Es todo un simulacro”, reafirmó.
Respecto de las posibles implicancias de esta subasta, Siris hace referencia a la importancia de esta tecnología para la vida cotidiana de los uruguayos –se utilizará desde para ver contenido en línea a alta velocidad hasta para realizar telecirugía de manera remota– y para un sector altamente dinámico como es el de las comunicaciones. En definitiva, para el jerarca, esta subasta “va a condicionar a nuestro país por una buena cantidad de tiempo”.
De hecho, de acuerdo a los diferentes incisos del artículo 45 del borrador del pliego, el simple vencimiento de la autorización de las frecuencias de 5G no implica la revocación de la autorización, por lo que queda a sola discreción del operador la decisión de si seguir o no operando las frecuencias subastadas. En definitiva, el Poder Ejecutivo podrá, dentro de 25 años, renegociar precio, términos y condiciones de la frecuencia a subastar en 2023, pero con el mismo operador, siempre y cuando este no tenga incumplimientos graves del pliego o la empresa no vaya a concurso o liquidación.
Sin embargo, esto no parece probable, ya que los compromisos de inversión no son altos y se exige un mínimo de despliegue que está por debajo de lo que despliegan actualmente las empresas –en términos de cantidad de antenas–. De acuerdo con Siris, “las empresas ya instalan alrededor de 100 por año y estamos pidiendo un mínimo de 70 por año”. Además de ese compromiso, se pone como condición que el despliegue sea en 4G o 5G y que sea en cualquier banda para servicios de telecomunicaciones móviles. Es decir, no se tienen que poner en uso las bandas que se están subastando mientras se preste el servicio de 5G y se cumplan condiciones básicas de funcionamiento.
Según fuentes del sector de telecomunicaciones consultadas por la diaria, este tipo de cláusulas no habían estado presentes en ningún decreto previo de subastas desde 2002 a la fecha.
El borrador del pliego, según pudo saber la diaria, tuvo el visto bueno del departamento jurídico de la Ursec, pero no el de Héctor Budé, integrante del Comité General de la Ursec desde 2011 y referente técnico de la institución. Esta situación habría precipitado la solicitud de renuncia del funcionario, según informó este jueves Búsqueda.
Dos respuestas a un mismo pedido
La Ursec, cuya gerente, Mercedes Aramendía, fue jefa de Relaciones Institucionales de Telefónica por más de seis años previo a ocupar su rol actual, ha tenido en el último año algunos episodios confusos respecto de la mencionada empresa.
De acuerdo a informes a los que pudo acceder la diaria, el 17 de octubre de 2022, el director nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Guzmán Acosta y Lara, le envió a Aramendía una carta solicitando información de los vencimientos de uso de espectro radioeléctrico, desde la fecha mencionada hasta el 1º de marzo de 2025. Luego el jerarca del MIEM le solicitó que se le informara la “banda de frecuencia, cantidad de espectro, fecha de vencimiento, monto subastado y empresa asignataria correspondiente”. Por último, solicitó además que se les brindara “información actualizada, correspondiente a los valores internacionales del espectro asignado”. Es decir, el MIEM solicitó a la Ursec que informara sobre el estado actual de las frecuencias asignadas y actualizara su valor real de mercado a fin de que el Poder Ejecutivo pudiera proceder a las nuevas asignaciones con buena información.
Tres días después, el 20 de octubre, la Ursec emitió dos documentos en respuesta a esta solicitud del MIEM.
En un principio, se publicó el expediente 2022-8-1-0063, que, dando respuesta a la solicitud del Ministerio, expone en una tabla los diferentes vencimientos de las asignaciones, el monto y las frecuencias asignadas y los asignatarios. Se menciona, entre otros datos, que Telefónica Móviles del Uruguay SA tiene asignados dos subbloques –de 835-845 MHz apareado con 880-890 MHz y de 846,5-849 MHz apareado con 891,5-894 MHz–. La frecuencia, asignada el 24 de julio de 2004, tuvo un valor, en ese entonces, de seis millones de dólares. Para cerrar, el informe aclara lo último que el MIEM le pidió a la Ursec: que actualizara el valor de mercado de estas frecuencias en vistas a una eventual renovación o nueva asignación. Es así que el informe establece el precio actualizado de esta frecuencia cedida a Telefónica en 25.299.766 dólares y detalla la fórmula mediante la cual se llega a ese número.
Sin embargo, el mismo día la Ursec emite otro informe, respondiendo el mismo pedido del MIEM, con el mismo número de expediente y prácticamente los mismos contenidos, pero en el que falta la foja final con el valor actualizado de la frecuencia cedida a Telefónica que vence el año que viene, diciendo meramente que, respecto de la banda de 850 MHz, “no surgen datos estadísticos ni insumos relevantes suficientes para compartir en el presente informe”. No se dan mayores aclaraciones de por qué la Ursec, en el mismo día, opina en dos documentos diferentes –pero que responden a una única solicitud del MIEM– que la misma banda de frecuencia determinada tiene un valor superior a los 25 millones de dólares en un primer informe y luego en un segundo informe señala que, en realidad, no hay datos suficientes para calcular ese valor.
Los comentarios al pliego de las empresas involucradas
Cinco empresas ya han hecho comentarios respecto del pliego: Antel, Telefónica (Movistar), Claro, Dedicado, GSMA, 5G Americas y Asiet.
5G Americas solicitó un cambio en el borrador del pliego, pidiendo al Estado que “se considere ofertar al menos un bloque de espectro adicional”, preocupación compartida no sólo por la mayoría de las demás empresas, sino de amplio consenso entre los expertos del sector, que aclaran que es importante la subasta de diferentes espectros, ya que tienen diferentes funciones de cara al público. Esto es así ya que el servicio 5G requiere frecuencias en tres tipos de bandas (baja, media y alta) para cumplir diferentes fines. El espectro de 3.5 GHz se utiliza principalmente para lugares densamente poblados, mientras que las frecuencias entre 750 y 900 MHz permiten llevar la tecnología a localidades con menor densidad poblacional, mientras que los niveles más altos, de 26 GHz, permiten realizar operaciones altamente sensibles de manera remota con bajísima latencia, como, por ejemplo, aplicación de telecirugía, por lo que, argumentan los diferentes actores, para brindar un servicio completo de 5G el Estado debería subastar más bloques.
Por su parte, Enalur SA (Dedicado), en su solicitud de modificación del pliego, declaró que, en su opinión, las exigencias impuestas por la Ursec a la hora de participar de la subasta “no fueron impuestas en oportunidad en que Claro y Movistar ingresaron al sistema, no son necesarias y tienen por único objeto evitar que Dedicado participe en la subasta”. La empresa fundamenta esta posición, entre otras cosas, en que dentro del pliego se solicita la tecnología IMT (servicio móvil internacional) para poder participar de la subasta. Según pudo averiguar la diaria, la empresa presentó su solicitud para poder prestar este servicio en setiembre de 2022 y aún no tuvo respuesta por parte de las autoridades.
Como informó Montevideo Portal, este miércoles el Poder Ejecutivo otorgó diez días más a las empresas que están evaluando participar del proceso para hacer sus “últimos descargos” respecto del pliego y estima que la subasta se llevará a cabo a fines de abril. Este jueves estaba prevista una reunión del Directorio de la Ursec para tratar dos temas que preocupan a los jerarcas: la renuncia de Héctor Budé presentada el viernes pasado y la situación general de la subasta, pero el encuentro se suspendió a pedido del director nacionalista Gustavo Delgado, sin explicar los motivos.