Poder Ejecutivo definió las bases para licitar el servicio 5G y resurgen los debates en torno al desarrollo de Antel

La infraestructura que hará posible un salto tecnológico, como lo fue año atrás la masificación de los teléfonos inteligentes, es la 5G, que llega asociada a la automatización y el internet de las cosas. China lidera este proceso de desarrollo a nivel global, Europa ya tiene un alto nivel de cobertura, y en América Latina se comenzaron a hacer las primeras asignaciones de frecuencias. Ahora Uruguay se sumará al pelotón, ya que el gobierno definió para marzo una licitación de tres espectros de transmisión 5G, que serán para las telefónicas Antel, Movistar y Claro. Sin embargo, el proceso no está exento de críticas y debates.

Un reciente decreto del Poder Ejecutivo fijó las bases de la futura licitación y aseguró a Antel un espectro, mientras que las privadas competirán por las otras dos frecuencias 5G, con un piso para ofertar de 28 millones de dólares, informó Búsqueda. “Estos tres bloques son la frutilla de la torta, es donde mejor funciona el 5G. Son bandas con una mayor latencia, es decir, menor demora para que llegue la señal, lo que permite la robotización”, dijo a la diaria el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara.

Si bien en Uruguay ya hubo pruebas preliminares de transmisión 5G por parte de Antel en 2019, con estas asignaciones se prevé que comenzará a desarrollarse un nuevo mercado de provisión de internet, por ejemplo para empresas que aplican la robotización. De todas formas, en el Frente Amplio (FA) entienden que estaban dadas las condiciones desde hace tiempo para continuar el desarrollo iniciado por Antel y hubo una decisión del gobierno de postergar el proceso, dijeron distintas fuentes consultadas.

Acosta y Lara señaló que la demora se debió a que el gobierno “quería ver cómo venía el 5G en otras partes del mundo, cómo se valuaban” las frecuencias y las condiciones para hacer el llamado a licitación. Tras una postergación en setiembre de este año, ahora se definió una serie de condiciones de inversión para las telefónicas privadas dentro de su oferta por el espectro 5G, que busca asegurar la conectividad en todo el país tanto de esta tecnología como de su antecesora, el 4G, de la que Uruguay tiene una cobertura cercana a 90% del territorio.

“Aunque se trata de una subasta recaudatoria, ponemos condiciones u obligaciones que no son a descontar [del monto total a pagar]. Se pide un amplio despliegue de antenas en el interior: 70 antenas en los primeros 12 meses, dos antenas al menos en diez departamentos a los 24 meses, y un mínimo de dos antenas en cada departamento a los 36 meses. Si no es así, por cada incumplimiento habrá una multa de 10.000 dólares”, indicó Acosta y Lara.

El precio de 28 millones de dólares, continuó el jerarca, fue una decisión discrecional del Ejecutivo, que tomó como base un informe encomendado a la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones (Ursec), que había valuado cada una de las bandas que se licitarán en 22 millones de dólares. Por el espectro que se le reservó, Antel pagará lo mismo que la oferta inferior de las que hagan Movistar y Claro por los bloques licitados.

Fuentes de la oposición plantearon dudas acerca del monto fijado para la licitación, en función de los precios que hubo en otros países de América Latina, y previeron que las ofertas no serán superiores al piso establecido, porque las dos compañías privadas podrían acordar previamente cómo comparecer al llamado.

Para el director de Telecomunicaciones, ambas multinacionales competirán para poder elegir el mejor espectro de los que están a disposición. En caso de que algún bloque quede sin asignar en la licitación, pasados 30 días las empresas que ya tienen uno asignado –como Antel– podrían ofertar.

Las quejas sobre el proceso no se limitan a lo político, ya que también Movistar y Claro dejaron entrever críticas. Según dijeron ejecutivos de las firmas al semanario Búsqueda, Movistar definirá su participación en la subasta dependiendo de “las condiciones”, principalmente del “precio del espectro”; Claro, por su parte, entiende que el gobierno no propició un diálogo con los privados para definir cómo va a ser el desarrollo del 5G.

Otro punto de controversia gira en torno a la empresa uruguaya Dedicado, que brinda servicio de internet y ha publicitado la llegada de la “primera red comercial 5G del Uruguay”, aunque desde Antel y el gobierno respondieron que la autorización no le permite brindar esta tecnología porque está limitada a las proveedoras de telefonía celular. La posición de Dedicado es que podrían brindar el servicio 5G en función de una disposición de 2001.

El día después: inversión y alquiler

El director de Antel por el FA, Daniel Larrosa, considera que hubo una decisión política de postergar el desarrollo del 5G por parte de la empresa estatal. “Atraso tecnológico de Uruguay, otro año sin que Antel implemente la quinta generación en telefonía móvil. Está preparada hace más de un año y el mundo transita ese rumbo. Están los recursos y la infraestructura para brindar el servicio 5G, la subasta del espectro es una excusa y perdimos el tren del liderazgo, como fuimos líderes en Latinoamérica en 4G”, escribió días atrás en la red social Twitter.

El director de Telecomunicaciones consideró que el desarrollo alcanzado por Antel en el 5G de momento ha sido “escaso” y las pruebas se hicieron en frecuencias 4G, lo que “no es lo mejor”. En su opinión, la empresa estatal y las dos privadas “arrancan de un punto similar para el desarrollo del 5G” a partir de la futura subasta, aunque reconoció que Antel tiene un diferencial “porque tiene el mayor fibrado del país”.

En ese último punto hay un aspecto clave que genera discordia entre el gobierno y la oposición, un choque que ya ha quedado reflejado en distintos debates parlamentarios durante el actual período. En el FA rechazan la idea de que Antel pueda arrendar la infraestructura ya instalada de fibra óptica, porque entienden que de esta manera beneficiaría a sus competidoras y perdería un diferencial dentro del negocio.

Una posición similar tiene el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), que se ha manifestado en contra de las medidas en este sentido que aparecieron en el proyecto de ley de urgente consideración y en la Rendición de Cuentas que en 2021 envió el Poder Ejecutivo. En ambas oportunidades, por la negativa de Cabildo Abierto y en parte del Partido Colorado, se frenó la intención de fijar por ley la obligación de que Antel comparta su infraestructura, algo que han defendido el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y otras autoridades.

Para Acosta y Lara, la decisión sobre compartir infraestructura no debe establecerse “por ley”, sino que debe responder a decisiones de negocio de las empresas, “si le conviene o no, y es una potestad de Antel” resolver el asunto. En su opinión, “hay un gran potencial de negocio” en el alquiler de la red de fibra óptica, porque “hoy hay una parte ociosa y no se va a regalar” sino fijar un precio que convenga a la empresa estatal. El “servicio mayorista” que podría dar Antel generaría “otra unidad de negocios”, dijo el jerarca, algo que ya hicieron en México y España las empresas que lideraron la instalación de fibra óptica.

La cuestión de fondo sobre este tema radica en que para desarrollar el 5G se requieren potentes inversiones que permitan lograr la conectividad de la red de antenas. Mientras que Antel ya tiene avanzado el proceso, Movistar y Claro deberían encarar la instalación de sus propias conexiones para consolidar el nuevo negocio de provisión de internet.

De hecho, ambas compañías manifestaron su interés en que la empresa estatal arriende su infraestructura para promover un desarrollo conjunto del 5G en el territorio nacional. “Es necesario” asegurar “que el operador dominante [Antel]” brindará “una oferta mayorista”, dijo Leticia Lago, ejecutiva de Movistar Uruguay, a Búsqueda este mes.

En la otra esquina se ubica Sutel, cuyo presidente, Gabriel Molina, dijo al mismo medio que “Antel tiene que defender la infraestructura” y “no debe permitir que la obliguen a tomar la decisión de compartir la fibra óptica”. En noviembre, Molina declaró al portal del PIT-CNT que “las directivas que vienen del gobierno y de la mayoría del directorio de Antel son depredadoras”, porque le “arrancan todos los negocios y se los están dando a los privados”. Agregó que “todo lo que no pudo hacer el padre del actual presidente [Luis Alberto Lacalle Herrera, que gobernó entre 1990 y 1995] lo está haciendo Lacalle Pou”, aunque “de otra forma” y buscando la “manera” de “quedar simpático”.