El diputado del Frente Amplio (FA) Federico Preve adelantó el viernes a la diaria que en los próximos días planteará al resto de los legisladores del oficialismo que la gestión de ASSE en el período pasado sea investigada en el Parlamento. La posibilidad de conformar una comisión investigadora ya se había manejado previamente, y adquirió más fuerza luego de que, el jueves, las actuales autoridades de ASSE resolvieran denunciar penalmente a los integrantes del directorio anterior, encabezado por Leonardo Cipriani.

La denuncia tiene como fundamento varias auditorías que, entre otras cosas, arrojaron que en los últimos años la empresa de traslados ITHG recibió el 96% del gasto que realizó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105), sin un procedimiento competitivo. Otra investigación administrativa reveló un incremento de casi 170% entre 2020 y 2024 en los pagos –por concepto de camas en cuidados moderados y CTI, entre otros rubros– al Círculo Católico, institución en la que Cipriani trabajó antes y después de su pasaje por ASSE.

En el marco del plenario nacional que llevó a cabo este fin de semana el Movimiento de Participación Popular (MPP), el senador del FA Daniel Caggiani se manifestó a favor de la instalación de una comisión investigadora en el Parlamento. “Creo que sin duda tendría que haber una investigación parlamentaria sobre esto”, afirmó en rueda de prensa.

Para Caggiani, el tema “es preocupante”, ya que se está denunciando que “las anteriores autoridades tuvieron una serie de definiciones que, entre otras cosas, terminaron posibilitando que un conjunto de instituciones –en este caso el Círculo Católico, pero también otras– tuvieran un beneficio, por lo menos, no razonable”. A lo cual, agregó, se suma el hecho de que “algunas autoridades anteriores trabajaban, antes de asumir y después de culminar sus tareas en ASSE, en esas instituciones”, en referencia a Cipriani.

“Creo que es importante que la Justicia pueda investigar esa situación y, sobre todo, echar luz, [para] conocer si hay algún tipo no solamente de irregularidad, sino de ilicitud, y si hay algún reproche penal correspondiente”, expresó el legislador frenteamplista.

Con respecto a la comisión investigadora, Caggiani confirmó que el planteo será analizado por las bancadas del FA. “Sin duda creo que podría ser una medida interesante”, opinó, a título personal.

“Creo que es un poco llamativo que autoridades que integraron instituciones médicas hagan contratos a medida, o que beneficien particularmente a determinadas instituciones, y que además tengan después un trabajo en esas mutualistas”, subrayó el senador del FA.

“El Partido Nacional no ha tenido ánimo de ocultar nada”

Consultado al respecto, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez dijo en rueda de prensa que desde el oficialismo han “amenazado” desde “hace varios meses” con acciones legales en torno a la gestión de ASSE en el período pasado. “Nosotros les dijimos muy claramente que acá no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder”, afirmó.

“Si ellos entienden que hay elementos que deben ser analizados por la Justicia, que hagan lo que tengan que hacer, y se defenderán las personas que están siendo acusadas”, señaló el legislador nacionalista.

Sobre la posibilidad de que el tema se traslade al Parlamento, Rodríguez expresó: “Si se presenta alguna acción, [como una] solicitud de una comisión investigadora, que podrá ser esa o podrá ser otra, lo analizaremos oportunamente”. “Si algo no ha tenido el Partido Nacional es ánimo de ocultar ni de tapar nada”, aseguró.

En caso de concretarse, la de ASSE sería la tercera comisión de características investigativas en la presente legislatura, y la segunda enfocada en el gobierno anterior. En la órbita de la Asamblea General funciona desde fines de febrero la comisión especial encargada de estudiar el proceso de compra de las dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard, que se dio en el período pasado. En la Cámara de Diputados, en tanto, a mediados de marzo se instaló la comisión investigadora para evaluar la adquisición de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, compra que se dio al inicio del actual gobierno.