El jueves, la Intendencia de Montevideo (IM) consiguió los apoyos necesarios para la aprobación de cuatro de los cinco fideicomisos que sometió a tratamiento de la Junta Departamental. En concreto, el gobierno departamental logró contar con al menos 21 votos de un total de 31 curules para los proyectos de saneamiento, calles, veredas y limpieza, que implicarán un endeudamiento por 260 millones de dólares.
Este escenario tiene, más allá de lo vinculado a la gestión, un segundo nivel de análisis: el político partidario. El Frente Amplio (FA) –oficialismo en Montevideo– contaba con 17 ediles, por lo cual en cada caso debía tener al menos cuatro apoyos de la oposición. El proyecto de saneamiento fue aprobado por unanimidad, mientras que los proyectos de calles, veredas y limpieza fueron apoyados por los ediles de la lista 22 del Partido Nacional (PN), Joaquín Campos y Nicolás Hernández, Guillermo Kruse –electo por la lista nacionalista 815, pero declarado como independiente en la Coalición Republicana– y por Federico Paganini, el único edil del Partido Colorado (PC) y que representa el sector Unir. Tanto el apoyo de los ediles nacionalistas como el del colorado generaron molestias en las internas de ambos partidos.
La interna nacionalista antes de la votación
En la previa de la votación del jueves se dieron algunos movimientos en el PN que dejaban de manifiesto las tensiones existentes con relación a ediles que habían decidido apartarse de la posición definida por mayoría en la bancada. Según reconstruyó la diaria, la bancada definió por mayoría apoyar solamente el pedido extrapresupuestal por saneamiento. El lunes se reunió la Comisión Departamental de Montevideo del PN, donde se volvió a discutir el tema, donde se ratificó tal postura.
Sin embargo, ese espacio fue el punto de partida de una sucesión de hechos que, teniendo en cuenta las diferencias internas, continuaron hasta la votación en la Junta Departamental. Ignacio García, representante de la lista 22 en la Comisión Departamental, comentó a la diaria que en la instancia del lunes se le “trasladó la molestia y la preocupación” en lo que entiende fue un intento de “bajar la disciplina partidaria”.
Según explicó García, su defensa fue la de dejar claro que “unidad no es unanimidad”. Recordó que hay “varios ejemplos en los que el partido votó dividido”, por ejemplo, el voto de un fideicomiso para la Intendencia de Canelones, donde no se trasladó a quienes votaron a “ningún órgano partidario” y tampoco “se intentó meter disciplina partidaria”.
Luego de esa reunión, la Comisión Departamental envió una comunicación al directorio nacionalista. En la misiva se informó que existía un “total respaldo” por parte del órgano departamental presidido por Martín Lema a lo resuelto por la mayoría de la bancada. Posteriormente, fue el propio directorio el que trató el tema. En un comunicado dirigido al coordinador de bancada, Rafael Seijas, se señaló que se “comparte y respalda” el apoyo dado por la Comisión Departamental.
En la mañana del jueves –previo a la votación–, esta resolución fue enviada a los ediles del PN, según confirmaron a la diaria fuentes políticas. Asimismo, se detalló que el directorio no se reunió para el tratamiento y gestionó el caso a través de Whatsapp. la diaria pudo saber que algunos directores consideraban que el caso no tenía una “gravedad” acorde al órgano.
“Entendemos una forma más de presionar a que no votemos, el llevarlo al directorio”, comentó García, quien reafirmó que el trasfondo de la posición que defendió su lista tenía que ver con que se entendía un “error” que el partido pusiera “el palo en la rueda en obras claves” en proyectos en los que se venía “intentando mejorar” e “incidir” a través del trabajo en la Junta Departamental.
La interna nacionalista después de la votación
“Es una barbaridad que se siga endeudando a los montevideanos”, comentó a la diaria Lema, senador nacionalista y presidente de la Comisión Departamental. “Cuando un auto pierde aceite, la solución no es echar más aceite, sino solucionar la pérdida de aceite”, expresó el dirigente en forma de metáfora. Agregó que se trata de un escenario de “prioridades desordenadas”, por lo cual sería “contradictorio” dar más fondos cuando se piensa que “la gestión es un desastre”.
Lema prefirió no referirse a la situación de los ediles que apoyaron la propuesta oficialista. Sin embargo, fuentes de la Comisión Departamental alineadas al dirigente dijeron a la diaria que se entiende que ese ámbito “no tiene potestades para evaluar” lo sucedido con quienes apoyaron los fideicomisos. Se afirmó que ahora “es el directorio” del PN el que “va a tratar el tema”.
“Tenemos una Departamental nacionalista, allí se acordó no votar; entonces, cuando estás en un proyecto y vas acorde a las minorías, considero que estás expuesto a que se tomen medidas”, opinó en diálogo con la diaria la directora del PN e integrante de la Comisión de Asuntos Políticos, Gloria Rodríguez. Aseguró que lo sucedido en la Junta de Montevideo se va a “tratar y analizar con muchísima seriedad” por parte de los directores partidarios.
“Va a analizarse y dialogar con aquellos que tomaron otra decisión; hoy no podemos salir al grito a decir ‘estuvieron mal’; es un tema delicado, sensible, son compañeros nuestros, tenemos que estar más atentos, más cerca”, analizó Rodríguez. La dirigente aseguró que en cualquier caso “no hay una fractura”, dado que la mayoría de los ediles actuaron “en consecuencia” de lo que plantea el referente departamental Lema.
“Indudablemente, algunos directores están más preocupados que otros sobre la situación y quisieran una reacción o alguna resolución rápida”, reconoció a la diaria el director del PN, Álvaro Viviano. El dirigente detalló que, si bien el “ánimo general” del directorio sobre el tema es “de enfriar la pelota y analizarlo con cuidado”, hay directores que “están un poco enojados por la situación”.
Por lo pronto, Viviano recordó que, más allá de la resolución de apoyo a la mayoría que emitió el directorio, no hubo ninguna “declaración de asunto político ni una convocatoria disciplinada a los ediles”, algo que sí “podría haber detonado eventualmente ante el desacato una situación más compleja”.
Viviano y Rodríguez coincidieron en que, una vez en el directorio, el caso debe ser tratado en la Comisión de Asuntos Políticos, donde podrá ser analizado “con cautela, con tranquilidad”.