“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”, reza el artículo primero de la Ley 18.076, que este año cumplirá 20 años desde su promulgación. En ese marco, los licenciados en Relaciones Internacionales Joaquín López Badano y Victoria Pérez coordinaron un libro, editado por Fundación de Cultura Universitaria, que fue presentado este lunes en la Facultad de Derecho. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, y la directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Valeria España, aportaron textos a la obra.
“Son tiempos en los que es muy necesario poder sistematizar las prácticas y poder traer conocimiento situado a la discusión de políticas también”, expresó España al comienzo de su intervención en la presentación, en la que también participaron la directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cristina Mansilla Decesari, y el doctor en Derecho y también licenciado en Relaciones Internacionales Marcos Dotta.
En 2025, “3.217 personas, nacionales de más de 15 países, fueron reconocidas como refugiadas en Uruguay”, se señala en el libro, y se agrega que esta cifra es la más alta en “casi una década de tramitaciones de solicitudes de refugio”.
A su vez, el año pasado finalizó con 27.297 solicitudes de refugio pendientes de resolución. En rueda de prensa, España sostuvo que la realidad no es exclusiva de Uruguay, sino que la situación es compartida con países como Brasil y México, ya que “cuando no hay una vía de regularización posible para algunos orígenes nacionales que se les pide visa, se acude al sistema de refugio, y eso genera alguna saturación”.
A su turno, Mansilla enfatizó que la Comisión de Refugiados (CORE) –creada por la ley– “siempre está manejando números históricos, pero detrás de cada una de esas solicitudes hay un ser humano, hay un grupo familiar, hay alguien que sufrió una historia personal de persecución”. En ese sentido, hizo hincapié en el hecho de que, cuando el Estado falla, “en realidad le estamos fallando a un ser humano con nombre y apellido”.
El artículo de España que aparece en el libro se centró en el rol del Mides en la implementación de la Ley 18.076. Con respecto a los desafíos de la norma, la jerarca señaló en la presentación que “la gran pregunta es cómo logramos crear de este país un hogar” para aquellas personas que huyen de la guerra, de la violencia sistemática y distintas formas de expulsión. Algunos de los principales desafíos, señaló, tienen que ver con la reglamentación de la ley y con “cómo podemos mejorar las capacidades del Estado en la comprensión cabal de lo que implica la ley”.
“Desde el ministerio apostamos a que Uruguay efectivamente pueda constituirse como un país no solamente de destino, sino también donde las personas puedan insertarse”, afirmó España. El rol del Mides, señaló, “tiene que ver con valorar la estructura de la norma y plantear algunos desafíos vinculados a la protección social de las personas que solicitan refugio”. En ese sentido, dijo que es necesaria “una articulación permanente de los diferentes espacios de gobernanza, vinculada a la migración o vinculada a la protección del refugio, para poder articular políticas que puedan preservar los mecanismos de protección internacional”.
España señaló que, en el proceso de encontrar un nuevo hogar, los refugiados “también tienen que poder restituir derechos más allá de la documentación”, como el derecho a la educación, la salud, la alimentación y la vivienda. En ese sentido, sostuvo que “el acompañamiento más cercano y territorial es fundamental para que la ley no caiga en abstracto y, efectivamente, este mecanismo de protección internacional que salva vidas pueda también garantizar condiciones de vida dignas en el país de destino”. “Estoy convencida de que Uruguay tiene la posibilidad de seguir alimentando una perspectiva humanitaria donde el refugio sea un derecho”, expresó.
Los tres especialistas hicieron hincapié en el carácter “de avanzada” de la Ley 18.076. Mansilla destacó especialmente el artículo 45 de la norma, que establece el criterio de facilidad procesal en todos los procedimientos en los que un refugiado o solicitante de refugio “debiese acreditar un supuesto de hecho o de derecho, a cuyo fin precisara normalmente contactar a las autoridades de su país de origen”. Por su parte, Dotta ponderó el artículo 47, que dispone que la normativa internacional sobre derecho de los refugiados se aplica “directamente” en la normativa nacional.
La política migratoria soberana de Uruguay “no es compatible con la que está llevando a cabo el gobierno"
En rueda de prensa, consultada por el diálogo abierto entre el gobierno uruguayo y Estados Unidos para que Uruguay reciba a personas deportadas de ese país, España dijo que “son discusiones de carácter diplomático que no han aterrizado específicamente en los espacios de gobernanza del tema migratorio ni de refugio”, como la CORE o la Junta Nacional de Migraciones. Apuntó, además, que “la normativa es clara” y sostuvo que “cualquier tipo de negociación vinculada con la recepción de personas de diferentes orígenes nacionales al país recae en una respuesta que tiene que dar el Estado”. Afirmó que “no hay condiciones para poder dar esa respuesta en los términos que están planteando”, sobre todo, porque “Uruguay tiene una política migratoria basada en los derechos humanos y una política migratoria soberana que no es compatible con la política migratoria que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos”.