Este miércoles, The New York Times informó de negociaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, encabezado por el canciller Mario Lubetkin, para que Estados Unidos deporte migrantes cubanos a Uruguay, según confirmaron funcionarios de ambos países al medio estadounidense.
Fuentes de la cancillería confirmaron a la diaria que “hay un diálogo abierto sobre este tema”, pero aún no hay “ningún acuerdo cerrado”. Aclararon que no se refiere únicamente a migrantes cubanos, sino de distintas nacionalidades. El medio estadounidense, con base en fuentes oficiales, sostuvo que un eventual “acuerdo escrito” con Uruguay posiblemente “no mencione específicamente a los cubanos en el texto”, aunque en la práctica serían los principales enviados.
“Uruguay entró en las negociaciones en parte porque necesita trabajadores inmigrantes, y en parte para ganarse el favor de la administración Trump”, afirmó el Times, que cita como fuente a “un alto funcionario uruguayo”. El medio asegura que la conversación entre ambos gobiernos se ha extendido “durante meses” y la administración de Donald Trump está “cerca de asegurarse” el nuevo destino para los deportados.
Desde la cancillería confirmaron que las conversaciones se mantienen desde aproximadamente un año. A su vez, señalaron que “es un diálogo que Estados Unidos tiene con muchos países, no solo con Uruguay”.
Las facilidades que otorga Uruguay para la regularización de los migrantes son vistas por el gobierno estadounidense como una ventaja para que “los deportados no intenten regresar a Estados Unidos, al tiempo que les permite vivir fuera de Cuba”, recoge la nota. Un funcionario de la cancillería uruguaya señaló al Times que “algunos de los cubanos en Estados Unidos podrían tener parientes en Uruguay, y los gobiernos están discutiendo la posibilidad de reunir a las familias”.
La directora de la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Valeria España, confirmó en diálogo con la diaria que la iniciativa entre los gobiernos no “se ha discutido” en ninguno de los “ámbitos de idoneidad establecidos por la normativa vigente para discutir estos temas”, como la Junta Nacional de Migración –el órgano asesor del Poder Ejecutivo en esa materia–, que la cancillería preside, y, entre otros, lo integra el Mides a través de esa división.
Sánchez: “Hay una serie de circunstancias” que Uruguay “ha puesto arriba de la mesa para ver si hay un acuerdo”
La noticia se suma a la controversia instalada hace una semana en torno a la presencia del embajador uruguayo en Estados Unidos en una reunión sobre el terrorismo político de izquierda, que fue descrita por dirigentes del Frente Amplio como un “error político” de la cancillería.
Según pudo saber la diaria, el diálogo para la deportación de migrantes cayó mal en las bases del FA y entre sus dirigentes, a quienes preocupa la vinculación de la política de deportaciones de Trump con la violencia y la discrecionalidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en sus operativos de detención de migrantes, mencionaron a este medio. Legisladores consultados por la diaria prefirieron no declarar hasta que la cancillería les brinde más información al respecto, aunque adelantaron su disgusto con la iniciativa.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, entrevistado por el stream de El Observador, confirmó que la “cancillería viene teniendo conversaciones con la administración de Estados Unidos” respecto de la deportación de migrantes, pero “no hay nada acordado”.
Sánchez calificó la política migratoria de Estados Unidos como “discriminatoria” y aseguró que “como país no compartimos una política de ese sentido”. Apuntó que “hay una serie de circunstancias que, en todo caso, Uruguay ha puesto arriba de la mesa para ver si hay un acuerdo”. Por ejemplo, los antecedentes penales de las personas deportadas. Señaló que, “más allá de las decisiones de la administración norteamericana, Uruguay siempre ha sido un país abierto a la inmigración”. En ese sentido, “no hay un problema de Uruguay, el tema es esta cuestión que establece el gobierno de Estados Unidos con ciertos acuerdos y las formas que tiene de deportar, que son temas delicados en la conversación bilateral”.
Respecto de la apertura de Uruguay a la migración, España consideró que “sería muy irresponsable y muy peligroso” ampararse en la política migratoria pro derechos humanos del país para validar la iniciativa. “No podemos enmendarle la plana a Estados Unidos solo por la buena voluntad de querer recibir, porque desconoce realmente el proceso violatorio de derechos humanos que implica una deportación y las condiciones en las que esas personas van a venir”, afirmó.
Entrevistado por la diaria Radio, el senador del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani señaló que “una cosa es que determinada población de determinado país decida venir a radicarse a Uruguay, y otra cosa es este tipo de acuerdos que, sin duda, tienen otro tipo de desarrollo”. “Cambiar figuritas, es decir, ‘yo me tengo que sacar esto [de] encima y te lo mando’, tipo basura, parece ser más parte de una política que está llevando adelante el gobierno de la administración Trump en varios países”, dijo Caggiani.
“No es una política de Uruguay ser el basurero de la administración Trump”, afirmó el senador, quien insinuó que el artículo del Times, en el que “no hay ninguno que declare, parece más un operativo, capaz que de alguna agencia queriendo presionar algún tipo de decisión a gobiernos, en este caso soberanos”.
La política migratoria de Estados Unidos “es incompatible con la postura del gobierno nacional”
De acuerdo con un monitoreo de las organizaciones Human Rights First and Refugees International, Estados Unidos mantiene distintos tipos de acuerdo “de tercer país seguro” con al menos 35 países. Entre ellos, 14 países africanos y 16 americanos, principalmente de América Central y el Caribe. En América del Sur, Paraguay, Ecuador y Guyana tienen este tipo de acuerdo con Estados Unidos. Paraguay lo firmó en agosto de 2025 y en febrero incorporó una adenda para recibir a personas no admitidas por Estados Unidos y reconducirlas a sus países –conocida como acuerdo de cooperación de asilo–. Desde entonces ha recibido a 38 migrantes.
El alcance de cada acuerdo varía según el país, así como los riesgos que afrontan los migrantes en los destinos a los que son enviados y las compensaciones que reciben los países receptores. El informe de las organizaciones advierte que, por medio de estos acuerdos, “la administración de Trump ha distorsionado las relaciones internacionales de Estados Unidos al servicio de su agenda de deportación”, haciendo que, en muchos casos, “las razones por las que los países han aceptado recibir a ciudadanos de terceros países siguen siendo poco claras, a menudo ligadas a presiones e incentivos de la administración de Trump, así como a intereses geopolíticos y financieros bilaterales más amplios”.
Algunos países también han recibido financiamiento a cambio: el monitoreo contabilizó que Estados Unidos ha pagado al menos 44 millones de dólares a gobiernos de terceros países en relación directa con los acuerdos, sin incluir el costo de los vuelos, que suele estar a cargo del ICE.
En esa línea, España afirmó que “son negociaciones que se dan generalmente en el ámbito en el que hay un país con determinado poder económico que desarrolla políticas migratorias restrictivas y que busca presionar a terceros países para que puedan recibir personas que han sido deportadas en esos procesos antinmigratorios, a partir de normativas muchas veces reñidas con el marco internacional en materia de derechos humanos”.
En el marco de las negociaciones por las presiones arancelarias de Estados Unidos, señaló que se puede poner sobre la mesa “este tipo de medidas, que van totalmente en contra de la política migratoria que tiene el país”. La directora consideró que, “más allá de la presión económica, política y simbólica que Estados Unidos quiere ejercer contra Uruguay”, sería “innegociable” que el gobierno tuviera esa conversación en los ámbitos pertinentes.
España explicó que la política migratoria de Uruguay, con una perspectiva de derechos y basada “en la voluntad de las personas de poder vivir en Uruguay”, está “en las antípodas” de la política migratoria de Estados Unidos, la cual, calificó: “Es una política hostil, es una política violenta que fragmenta familias, que va en contra de derechos civiles y políticos, y que se da en un marco que, en definitiva, es incompatible con la postura del gobierno nacional”.
Por otro lado, advirtió que las personas que viven un proceso de deportación “no vienen en las mismas condiciones que una familia o una persona que decide, por diferentes razones, migrar a Uruguay”. Señaló que estos suelen ser violentos y pueden incluir a personas que estén muy arraigadas a Estados Unidos, a pesar de no haber nacido allí. En el marco de una política migratoria que enfrenta sus propios desafíos, “en materia de poder garantizar que, efectivamente, una persona que migra a Uruguay lo haga en condiciones adecuadas”, consideró que no se puede “asumir los resultados de una política contraria a los derechos humanos”.