El martes, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la ley que remitió el Poder Ejecutivo para extender durante dos años la intervención en el Casmu, en marcha desde 2024. El diputado del Frente Amplio (FA) Federico Preve trasladó “tranquilidad” a sus usuarios y trabajadores porque la extensión genera una “acción preventiva para que no exista la posibilidad de que acreedores se presenten en la Justicia” y se determine el concurso o, en otras palabras, “que no suceda lo que sucedió con Casa de Galicia”, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio.
Asimismo, dijo que la extensión de la intervención permitirá una “mayor supervisión, un control y la acción conjunta, sinérgica y cooperativa” entre los interventores y la directiva de la institución. “Hay otros artículos de la ley que no se votaron, que se van a discutir en estos días, que tienen que ver con la extensión de las garantías y con mejoras de la forma de gobierno institucional en Casmu”, explicó, en referencia al pedido de la oposición de desglosar el artículo de la solicitud de acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por un monto equivalente a 120 millones de dólares.
Preve aseguró que la mutualista tiene un “balance operativo negativo”, pero, según lo que conocieron por parte de las autoridades, eso “se está corrigiendo y la tendencia cambia”, por lo cual acceder al Fondo de Garantía permitirá que “se empiece a positivizar” y darle “viabilidad en un mediano plazo”. El legislador indicó que entre octubre y junio “el déficit operativo interanual mensualizado es de la mitad de lo que había en la gestión anterior”: “[Es de] más o menos 80 millones de pesos por mes, pero eso ya se redujo a 40, y si se accede a reestructurar toda la deuda, eso va a quedar en cero”. La corrección responde a “cambios a nivel gerencial”, “dejar de realizar algunos contratos” y también “bajar tasas de interés de prestamistas”.
El diputado explicó que el fondo solicitado por el prestador es por 122 millones de dólares, pero “incorpora todos los otros fondos o fideicomisos anteriores”, que son seis, y la extensión “es solamente de un 20%”: “Lo nuevo sería un Fondo de Garantías que unifica las otras seis y que extiende eso en un 20%”, acotó, y dijo que estará destinado a “saldar todos los créditos a través de prestamistas” para cambiarlos por otros con tasas de interés bancario y “reperfilar los otros seis fideicomisos en uno único” a largo plazo y con “cuotas más bajas”.
Consultado sobre los motivos por los cuales la oposición pidió prorrogar esta discusión –la necesidad de recibir más información sobre el estado de la institución por parte del Ejecutivo–, Preve consideró que “hay información suficiente como para tomar una decisión legislativa que dé el marco para que el Poder Ejecutivo genere ese acuerdo con la mutualista”, pero entiende que la postura es “razonable” y, sin mayorías, desde el FA están “abocados a brindar toda la información”. Sin embargo, dijo que “no le hace bien” a la mutualista que se esté “durante tres semanas hablando del Casmu” porque “los socios empiezan a dudar si quedarse o irse”.
Preve aclaró que la extensión es de “hasta dos años”, por lo que “puede terminar antes”, y en los últimos meses “hay un camino recorrido que da expectativa de que la empresa va en camino de tener una perspectiva de largo plazo positiva desde el punto de vista financiero”. De esta manera, la intervención podría terminar antes si se ve que “la empresa está encaminada, los balances empiezan a dar positivos o por lo menos en empate, y el plan de reestructura se acuerda” con las autoridades de la salud.
Seguros integrales y médicos en el interior
Preve presentó un proyecto de ley enfocado en los seguros integrales en el Sistema Nacional Integrado de Salud. En ese marco, se refirió a otro proyecto del Frente Amplio que se presentó recientemente sobre los servicios VIP del mutualismo, los cuales “han generado inequidades internas entre los usuarios” que implican que 100.000 usuarios acceden a servicios diferenciales pagando adicionalmente al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en el marco de un “vacío legal que quedó desde el inicio del sistema”.
Esos servicios VIP compiten con los seguros privados –que reciben entre 80 y 90 millones de dólares del Fonasa, señaló– porque muchas personas, al ser rechazadas –debido a que los seguros se reservan ese derecho–, pagan el adicional en el mutualismo. “Lo que a nosotros no nos parece correcto es que haya 90 millones de dólares públicos que sean parte de esa bolsa donde ellos hacen la rentabilidad, teniendo diferenciales en que pueden rechazar usuarios y generando una competencia que no es equilibrada con el mutualismo”, argumentó Preve, y resaltó que los seguros privados tienen una rentabilidad del 9%, frente al 1% del sistema mutual.
El articulado propone que las personas “no puedan ser discriminadas al ingreso” y, por otro lado, extender hasta 18% la tasa de devolución de dinero del Fonasa, y que, “en vez de cinco millones de dólares por año que devuelvan [al sistema] de esos casi 90 que reciben, sean 15”.