El Partido Independiente (PI) presentó este martes una demanda civil ante la Justicia en contra de la construcción de la represa de Casupá por parte de OSE. En concreto, se solicita la imposición de una medida cautelar para disponer la suspensión inmediata de “toda actuación administrativa, contractual, financiera, presupuestal, licitatoria, expropiatoria o material” vinculada al proyecto de la empresa estatal, que tiene como propósito reforzar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana, según se señala en un documento del partido al que tuvo acceso la diaria.
La demanda civil había sido anunciada días atrás por el partido liderado por el exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres. Este martes, en el edificio anexo del Palacio Legislativo, Mieres dio una conferencia de prensa junto con los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Martín Lema (Partido Nacional), el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, y la representante de vecinos y productores locales, Silvana Facheli. También estuvo presente el exdiputado del Partido Constitucional Ambientalista Eduardo Lust.
Mieres señaló que la demanda presentada “no pretende que el juez determine si la represa es útil, conveniente, o si tiene capacidad para resolver el problema del agua potable”. Lo que se le pide a la Justicia es que “intervenga para evitar el incumplimiento de normas ambientales que están vigentes tanto en la Constitución como en la legislación vigente”. Con la aplicación de la medida cautelar, señaló, se procura interrumpir de forma inmediata “todas las actividades que se vienen realizando en torno a la construcción de la represa y que falle acogiendo estos mismos planteos”.
“Esta demanda busca evitarle al país un grave daño y esperamos que efectivamente haya una medida cautelar que interrumpa el avance”, resaltó Mieres, y sostuvo que la “amplitud” de la convocatoria en torno a la medida del PI “está indicando mucho”. La demanda recibió la adhesión de legisladores nacionalistas y colorados, vecinos y productores de Casupá, la Federación Rural, la Asociación Rural de Florida, el Partido Constitucional Ambientalista y el Partido Ecologista Radical Intransigente, liderado por el exdiputado César Vega.
El 30 de junio, OSE lanzó la licitación pública internacional para la construcción de la represa de Casupá. En ese sentido, el presidente de la Federación Rural dijo que hay “un proceso donde se está avanzando atropellando totalmente los procedimientos correspondientes que se deben y deberían haber realizado”. Al anunciar la demanda, el PI cuestionó que OSE haya puesto en marcha la licitación “cuando el Ministerio de Ambiente aún no ha resuelto la autorización ambiental previa, requisito indispensable para determinar la viabilidad del proyecto”.
En ese sentido, Normey sostuvo que el estudio de impacto ambiental “lo está realizando el Ministerio de Ambiente”, pero “el problema es que el propio Ministerio de Ambiente es el que está patrocinando el proyecto”, lo cual, a su entender, resulta “absolutamente inadecuado”. A título personal, el presidente de la Federación Rural dijo que no confía en el resultado de ese estudio, “no por la mala voluntad de quien lo esté haciendo”, sino porque “la presión va a llevar a que, en verdad, ese estudio de impacto ambiental va a terminar diciendo cosas que van a quedar en los grises y no van a terminar poniendo blanco sobre negro, como corresponde, que este proyecto es ambientalmente inadecuado a todas luces”.
Con respecto al objetivo del proyecto, Normey dijo que la iniciativa “tiene una factibilidad técnica totalmente insuficiente” y aseguró que “esta represa no va a solucionar el problema de agua cuando haya una sequía”. Anunció, además, que el 5 de agosto la Federación Rural acompañará una movilización de los vecinos de Casupá en contra del proyecto.
Acerca de cuáles serían los daños que la represa podría generar en la zona, Lema dijo que “el primer daño es dañar la posibilidad de una fuente alternativa”, puesto que “se está recurriendo a la misma cuenca de Santa Lucía que ya colapsó”, por lo que, “en vez de diversificar el riesgo, se concentran todos los riesgos”. “Ese colapso también pone en riesgo la calidad del agua que se puede llegar a extraer”, resaltó.
A su vez, el senador nacionalista dijo que el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, “sostuvo que era inadmisible la tala de 100 hectáreas de monte nativo en Paysandú en el proyecto de hidrógeno verde”, pero “acá estamos hablando de 426 hectáreas de monte nativo que se estarían destruyendo, más una cantidad de hectáreas y de terreno productivo que estaría quedando, lamentablemente, bajo el agua”.
Por otro lado, Lema dijo que “no están claros los costos” del proyecto y señaló que tiene “pedidos de informes recontra vencidos” con relación a ese aspecto. “Por eso estamos convocando de nuevo al Ministerio de Ambiente a la Comisión de Ambiente del Senado para saber cuánto cuesta, no solamente toda la obra, sino cuánto cuesta mitigar el daño de las expropiaciones”, apuntó.
“Lo único que está claro es la posibilidad de destruir el ambiente a costa de no tener una fuente alternativa, a costa de no saber cuáles son los costos finales, con un signo de interrogación para el suministro de agua potable en la zona metropolitana”, afirmó.