Este jueves, el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió por unanimidad tomar acciones contra los integrantes del directorio que se desempeñó en la administración anterior, encabezado por Leonardo Cipriani y Marcelo Sosa, así como otras medidas con otros integrantes de la administración, según informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes del prestador público.

En concreto, la resolución implica denuncia penal a Cipriani y al resto de los integrantes del exdirectorio: Sosa, Julio Micak (vocal), Pablo Cabrera (representante de los trabajadores), Natalia Pereyra (representante de los usuarios) y Eduardo Henderson (gerente general), por compras a la empresa de traslados ITHG durante 2022-2024.

Estas compras son parte de las investigaciones administrativas que el directorio está realizando actualmente sobre años anteriores. Una de ellas señala que para comprarle a la empresa de traslados, no hubo procedimiento competitivo y que, por lo tanto, ITHG recibió el 96,47% del gasto que realizó SAME 105 en los últimos años.

Por otra parte, definieron sumariar, por ser funcionarios públicos, al exgerente financiero Juan Behrend, al exdirector del SAME 105, José Antonio Rodríguez, y a Cabrera. Los sumarios también alcanzan a otros funcionarios, entre ellos la directora del Hospital de Treinta y Tres y su gerenta financiera, por irregularidades vinculadas a la compra de servicios al Casmu en ese departamento. Sobre esto último se abstuvo de votar Gustavo Gianre, el representante actual de los trabajadores en el directorio.

Un informe de Jurídica de ASSE, que fue trasladado al directorio, indica que “la magnitud económica de los montos involucrados, la reiteración sistemática de observaciones por el Tribunal de Cuentas, la eventual afectación del erario público y las conductas descriptas, que prima facie podrían trascender el ámbito estrictamente administrativo, ameritan que la superioridad valore la pertinencia de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes en materia penal”.

Agrega que de la investigación surgieron extremos que “podrían eventualmente subsumirse en figuras típicas previstas en la normativa penal vigente vinculadas al manejo irregular de fondos públicos, abuso o desviación de funciones”.

Fuentes de ASSE indicaron a la diaria que el presidente de la República, Yamandú Orsi, “estuvo al tanto y de acuerdo” con las denuncias y los sumarios, y que no hubo diferencias sobre cómo actuar entre las autoridades del prestador y Presidencia.

En diálogo con este medio, el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, puntualizó que lo que llevó a que decidieran realizar las investigaciones fue “el resultado del enorme aumento del gasto entre 2022 y 2024, que fue del 65% en compra de estudios médicos y en contratación de camas de CTI, 85%”.

Los principales hallazgos fueron dos: “El cambio de tarifa común a tarifa plana, es decir, que empezaron a pagar las camas contratadas se usaran o no, y el pago de ASSE de facturas que no corresponden, entre otras cosas, porque eran estudios incluidos en la tarifa plana, pero se cobraban aparte”, agregó.

En cuanto a los controles, dijo que se le habría pagado “más de 2.000 millones de pesos en traslados, estudios y otros servicios sin que el directorio procediera a la regularización correspondiente”.

Olesker también reparó en que se observó “un fraccionamiento ilegítimo del gasto” para que “la operación encuadre dentro de los límites de las compras directas, cuando hubiera correspondido el procedimiento competitivo por licitación pública”.

Este viernes, consultado por la prensa en Maldonado, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, aseguró que “la investigación administrativa siguió todas las garantías del debido proceso, que duró aproximadamente seis meses y arrojó que hay presuntas irregularidades” vinculadas a ausencia de controles, modificaciones de algunos convenios sin avales institucionales, entre otras.

La respuesta del exdirectorio a las acusaciones

Una vez difundida la resolución, varios de los implicados en las denuncias y los sumarios —Cipriani, Sosa, Micak, Cabrera y Pereyra— difundieron una respuesta a la que accedió la diaria.

En principio, expresaron “total disposición” a colaborar con el trabajo de la Justicia, si esta así lo entendiere pertinente. Por otra parte, les “llama poderosamente la atención que nos enteremos por la prensa de estas resoluciones” y que desconocen “los fundamentos de las mismas por tener información informal, parcial e incompleta”.

El comunicado afirma que “no existió nunca por parte del actual directorio voluntad de generar un intercambio de información con el directorio anterior, pese a la solicitud de los firmantes de generar reuniones al respecto” en una nota enviada el 29 de octubre de 2025. “Nunca obtuvimos respuesta a este planteo, solo acuse de recibo”, agregan. Para los acusados, el proceder del directorio actual de ASSE indica “un claro ataque político y personal sin fundamento jurídico alguno”.

Sobre las acusaciones, dicen estar “convencidos” de que su actuación fue siempre “ajustada a derecho y amparada en la normativa vigente, guiada por la buena fe y la ética en el ejercicio de la función pública”.

Por último, en cuanto a las auditorías, manifestaron que los mecanismos de control que se utilizaron durante la gestión anterior “son los que siempre existieron en ASSE, se administró con los criterios establecidos en la ley de creación del organismo y no se debilitó ningún tipo de control ni procedimiento por parte del directorio; en todo caso, se reforzaron, y tres de los firmantes integraron el directorio de la institución en distintos períodos de gobierno”.

Sobre lo último, recordaron que durante el período anterior el directorio siempre estuvo integrado por sus cinco miembros: tres directores políticos del oficialismo y los dos directores sociales no oficialistas “de contralor”.

Para el exvicepresidente de ASSE, la gestión actual está haciendo “humo político”

En diálogo con la diaria, Sosa agregó que están dispuestos “a ir donde haya que ir”, pero que a su entender esto “se trata de una estrategia del gobierno actual por generar sospecha a lo hecho durante el gobierno anterior”. Además, es “humo político” y hay “un ataque personal porque se llevan puesta a gente que en el gobierno anterior actuaba de contralor”, en referencia a los representantes de los trabajadores y usuarios.

En tanto, prefirió no referirse a las acusaciones puntuales porque aún no vio el expediente. Sobre las compras de servicios a las mutualistas mencionadas y a la empresa de traslados, dijo que en las resoluciones de ASSE intervienen decenas de funcionarios, “muchos de ellos de carrera”, y el directorio no aprueba nada que no haya sido estudiado, “en muchos casos, por técnicos que hoy siguen en ASSE; por lo tanto, para el contralor, teníamos funcionarios”, dijo Sosa.

Sobre las compras, profundizó respecto a ITHG en que los traslados “ASSE históricamente los ha hecho por compra directa; nosotros generamos dos licitaciones que, como fueron impugnadas por las empresas u observadas por el Tribunal de Cuentas, no pudimos concretarlas”. Luego, en alianza con [Agencia Reguladora de Compras Estatales] ARCE, “se generó un llamado a todas las empresas del país y tampoco; entonces, no es que no se hizo nada, eso no es real, el directorio trabajó y en un contexto de pandemia”, agregó.

Respecto al Círculo Católico, dijo que cuando llegaron a la presidencia de ASSE ya había 17 convenios firmados con la mutualista, que “tenía una historia, era del sector privado con la empresa con la que más convenios había desde el gobierno del Frente Amplio” (FA), aseguró.

Federico Preve propondrá en la bancada del FA que el Parlamento continúe investigando

En diálogo con la diaria, el diputado del FA Federico Preve, quien siguió de cerca las compras de ASSE desde el período anterior y realizó varios pedidos de acceso a la información al respecto, dijo que lo que se conoció es “lo que venimos investigando hace años: los montos, las observaciones reiteradas del Tribunal de Cuentas y el conflicto con la ley que, luego de las auditorías de ASSE y del análisis de Jurídica, se entiende de la institución que ameritan las denuncias”.

“No solo se trata de mal manejo del dinero público y del apartamiento de la norma, sino que eventualmente puede haber aspectos delictivos”, agregó.

Respecto a las empresas a las que el prestador compra, dijo que “ITHG se dedicaba a servicios marítimos, no sabemos cómo llegó a ASSE, funcionó mucho tiempo facturando solo para el prestador”, mientras que “las compras al Círculo Católico se multiplicaron por cuatro y hasta por seis en CTI”. El diputado dijo que se encuentra analizando un informe del Tribunal de Cuentas sobre la cantidad de gastos observados con reiteración en las compras que ASSE le hizo a esta mutualista en el período pasado.

Las compras al Casmu “también tienen muchísimas observaciones, entonces, al parecer manejaban a ASSE sin el respeto adecuado de las normativas de transparencia y ética pública”, sostuvo.

Uno de los argumentos que han usado reiteradas veces las exautoridades de ASSE es que las compras se fundamentan en que durante todo el período se buscó asegurar la atención. “Se brindaba, pero cuando uno está en la gestión de una empresa pública, hay que alinearse a las normativas, hay que gastar donde sea más eficiente y donde se brinden los mejores servicios luego de licitar”, consideró el diputado.

Por último, dijo que resta que sigan investigando en paralelo en el Parlamento. “Es un planteo que haré la semana próxima en la bancada del FA”, adelantó.