La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores comenzó a discutir este martes el proyecto de la bancada del Partido Nacional (PN) que sustituye el que presentó Cabildo Abierto (CA) para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años. Como el proyecto permitiría la salida de los represores de la dictadura presos en las cárceles de Domingo Arena y Coraceros, incluso con el aumento de la edad a 70, como propone el PN, la sesión sirvió para volver a discutir sobre aquel período, con visiones enfrentadas del oficialismo y la oposición.
El proyecto, que prevé excarcelar a otros grupos, como las mujeres imputadas o condenadas que tuvieran un hijo a cargo en lactancia activa, para el caso de los adultos mayores habilita la excarcelación a partir de los 65 años mediante decisión de un juez, pero en cambio se “impondrá de oficio y sin más trámites” la prisión domiciliaria cuando el imputado o condenado tenga más de 70 años. Hay algunas excepciones para otorgar este beneficio: que la persona en cuestión haya cometido delitos de violación o abuso sexual o crímenes de lesa humanidad, y tampoco se otorgará “en los casos de reincidencia, reiteración o habitualidad”.
De todas formas, como los represores en su amplia mayoría no fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, sino por delitos comunes de homicidio, tortura y secuestro, no quedarían abarcados en esa excepción y podrían salir de la cárcel. Tampoco, en su amplia mayoría, quedarían abarcados en la reincidencia, dado que si bien algunos fueron condenados por varios delitos, corresponden a una misma causa.
Por este motivo, luego de que la senadora nacionalista Carmen Asiaín, encargada de la redacción del proyecto, hiciera la presentación en detalle del texto, los senadores del Frente Amplio (FA) plantearon sus dudas con respecto a los eventuales beneficiarios de la medida. Según la versión taquigráfica a la que accedió la diaria, fue allí cuando intervino el senador y presidente de CA, Guillermo Domenech, preguntando por asesinatos cometidos por tupamaros: “¿No perdonamos a los asesinos de Pascasio Báez? ¿No perdonamos a los asesinos de Jaime Oroza García?”.
“En este país el 14 de mayo de 1972 el Parlamento democrático declaró un estado de guerra interno. No conozco esas causas porque no he revisado los expedientes, ni los voy a revisar ni conozco a las personas internadas en Domingo Arena, pero ¿han sido objeto de una Justicia que realmente merezca llamarse tal? ¿No fueron enviados a combatir un fenómeno de guerrilla armada y ahora los estamos sancionando?”, continuó el senador cabildante.
Domenech cuestionó la creación de juzgados de Lesa Humanidad y dijo que “se crearon después de los delitos y que, incluso, están tipificando delitos que no son de lesa humanidad, porque en nuestro derecho rige el principio de irretroactividad”, explicitó. Más tarde, en otra intervención, dijo que el proyecto de Asiaín “es una contribución para cerrar jurídicamente una herida que, obviamente, para las personas directamente afectadas seguirá siendo dolorosa”.
El senador frenteamplista José Carlos Mahía intervino para criticar la “denominada teoría de los dos demonios” y recordó que “hace muy poquitos días” se conmemoró un nuevo aniversario de “la muerte de Vladimir Roslik, que no puso una bomba en ningún lado y que no llevó adelante ninguna acción armada”. “Me refiero a él, así como a una gran cantidad de personas que fueron detenidas durante la dictadura militar y apremiadas en condiciones que todos conocemos”, apuntó.
Su correligionaria Liliam Kechichian fue en la misma línea y dijo que la discusión en torno al proyecto está cargada de “muchas suspicacias” sobre sus eventuales beneficiarios, y aclaró: “Todas esas suspicacias o dolores son hijos de la impunidad en Uruguay”. “Yo podría hablar de los niños; podría hablar del hijo de Sara Méndez; podría hablar del escribano [Fernando] Miranda, personas que conocí que no vieron un arma ni en fotos, nunca, sino que solamente osaron pensar diferente”, dijo, y agregó que ha habido “una justicia muy tardía” y que no sería bueno “dar una señal de que se afloja por ese lado”.
La senadora nacionalista Graciela Bianchi, en tanto, expresó: “Yo tampoco estoy de acuerdo con la teoría de los demonios, pero ¿qué culpa tenía el padre de [Carlos] Burgueño, que estaba parado en una esquina de madrugada y le pegaron un tiro en la toma de Pando? Suceso que, además, se reivindica todos los años como un hecho histórico relevante”.
“¿Quieren que les dé la lista de los compañeros que yo también tengo muertos?”, dijo, y más tarde agregó: “A las víctimas no les importa de dónde vino el balazo o quién hizo la tortura, son víctimas igual”. Además, afirmó que “en este país el cuerpo electoral por dos veces laudó la situación”, con referencia a los plebiscitos contra la ley de caducidad de 1986 y 2009. “Yo milité las dos veces”, apuntó en referencia a su época de militancia en la izquierda, “y perdí las dos veces, pero perdí frente al cuerpo electoral. No hay argumento posible en contra”.
Actualmente, según supo la diaria, hay 53 procesados y condenados por crímenes de terrorismo de Estado en Domingo Arena, Coraceros o en prisión domiciliaria, aduciendo problemas de salud. En paralelo, otros represores podrían engrosar la lista de enjuiciados en los próximos meses, por procesos que están corriendo.