La Cámara de Senadores aprobó por 17 votos en 25 el proyecto de ley del Partido Colorado y Cabildo Abierto que establece la posibilidad de que personas en situación de consumo abusivo de drogas expresen anticipadamente su voluntad para recibir un tratamiento de desintoxicación, incluso si ante una eventual recaída se manifiestan de forma contraria. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en octubre de 2021 y recibió modificaciones en la Comisión de Salud de la cámara alta, por lo que deberá volver a la cámara baja.
La iniciativa establece que “toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, que padezca de adicción o consumo problemático de drogas, tiene derecho a expresar anticipadamente su voluntad consciente y libre (determinada así por profesionales médicos psiquiatras), de ser sometida al tratamiento adecuado e indicado de desintoxicación, ya sea en forma de internación o no”, siendo las condiciones y duración del tratamiento las indicadas por el médico y el equipo profesional tratante.
Esta versión difiere de la que presentaron en primera instancia las diputadas Nibia Reisch (Partido Colorado) y Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto), dado que la original hablaba exclusivamente de internación.
La expresión anticipada de la voluntad de someterse a tratamiento o intervención “podrá ser revocada bajo las mismas condiciones y requisitos que los dispuestos para su expresión, siempre que la persona esté psíquicamente apta, consciente y libre a criterio de profesionales médicos psiquiatras”, agrega. Esta declaración de voluntad tendrá “plena eficacia” durante el período de internación, “debiendo la persona continuar el tratamiento o permanecer hospitalizada, según lo prescripto, en caso que los profesionales actuantes consideren que existe riesgo inminente de vida para la misma o para terceros”, y no será posible en este período revocar su voluntad anticipada.
Manini vinculó el “aumento del consumo de la droga” con la regulación de la marihuana
El miembro informante fue el senador cabildante Guido Manini Ríos, quien consideró que “a nadie escapa el tremendo problema que significa para nuestro país el problema de la droga, el aumento del consumo de la droga, particularmente entre nuestra juventud”, y las “pocas posibilidades que tienen las familias uruguayas para atender este problema, sobre todo cuando no se tienen recursos económicos para atenderse en determinados centros específicos”. “A nadie escapa que el Estado da una respuesta corta, una respuesta insuficiente totalmente a esta problemática que afecta a miles de familias en nuestro país”, sostuvo.
Manini vinculó el “flagelo” del consumo abusivo de drogas a la legalización del “consumo” de la marihuana –aunque antes no estaba penado el consumo propiamente dicho, sino el tráfico–, dado que, en su opinión, en los últimos años ha habido “un aumento sustantivo, significativo, del consumo, particularmente en los jóvenes, que ya no perciben el peligro, el problema, y sobre todo a falta de una campaña informativa adecuada que sensibilice a todo el mundo del daño que ocasiona el consumo de drogas”.
No obstante, el senador cabildante reconoció que esta “nueva herramienta, por supuesto, deberá estar acompañada de los recursos económicos necesarios, cosa que trataremos en la Rendición de Cuentas seguramente, para que el Estado tenga la capacidad de recibir a un mayor número de adictos que, amparados en esta ley, expresen su voluntad de ser internados”.
La senadora nacionalista Carmen Asiaín, en tanto, confirmó el apoyo de su colectividad y recordó que la iniciativa “hace sinergia con el proyecto del Mides [Ministerio de Desarrollo Social] sobre internación para personas en situación de calle cuando están en riesgo para sí o para terceros, proyecto que retoma uno de 2011 pero que le da más garantías y lo hace más efectivo”.
Menos garantías
Desde filas de la oposición, el miembro informante en minoría fue el senador socialista José Nunes, quien argumentó en contra de la iniciativa pero aclaró que el Frente Amplio es “consciente” de que “este proyecto ha sido propiciado por una organización [Madres del Cerro] de familiares de personas que tienen consumo problemático de sustancias, personas que son testigo y han sufrido los estragos que causa este problema y las grandes insuficiencias de las políticas públicas para abordarlas”. En ese sentido, admitió que “hay una perspectiva de la realidad actual y de los años anteriores, y una mirada autocrítica”.
“Sería cómodo para mí, en este momento, acompañar el proyecto como un gesto de empatía y de apoyo al esfuerzo de estas familias, pero no puedo votar a favor de algo que considero que no contribuye positivamente a abordar el problema y que puede llegar a afectar derechos fundamentales de las personas con consumo problemático”, evaluó Nunes, quien consideró “positivo” el hecho de que “aun quienes comparten y apoyan este proyecto son conscientes de que está muy lejos de ser una vía de solución al problema, que debe abordarse con una mirada integral, y que es muy importante lo que podamos avanzar en la próxima Rendición de Cuentas”.
En línea con lo anterior, Nunes afirmó que “tanto la Junta Nacional de Drogas como la ministra de Salud Pública, en esa orientación de priorizar la salud mental, van a tener el respaldo del Frente Amplio”, de cara a la discusión de la próxima Rendición de Cuentas.
Nunes alertó que “esta norma no sólo permite retener contra su voluntad a la persona que se ha internado para desintoxicarse, sino que también permite internarla contra su voluntad”, y recordó que “esta posibilidad ya está claramente establecida en la Ley 19.529, la Ley de Salud Mental, y no se necesita que firme ninguna voluntad anticipada en este sentido”. Por lo tanto, sostuvo que cabe preguntarse “por qué no se aplica esta ley y por qué sí se aplicaría si hubiera ese consentimiento anticipado”.
Asimismo, resaltó que “todas las garantías que da esa ley [la de Salud Mental] a la persona que va a ser sometida a una hospitalización involuntaria están ausentes en este proyecto”, porque la definición “queda absolutamente en manos del equipo profesional tratante, puesto que aún para dejar sin efecto esa voluntad anticipada necesitará estar psíquicamente apta, consciente y libre a criterio de profesionales médicos psiquiatras”.
Por esto último, el legislador dijo que, a juicio de la oposición, esta iniciativa “es un retroceso con relación a lo establecido en la Ley de Salud Mental”. Principalmente, Nunes llamó la atención sobre el hecho de que la norma no establece ningún plazo máximo de internación, por lo que “la persona será retenida por tiempo indeterminado sin dar cuenta a ninguna autoridad sanitaria, judicial o de derechos humanos”.
Por último, Nunes manifestó la preocupación del FA “de que esto suponga habilitar o permitir que instituciones que no cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública puedan realizar este tipo de tratamientos y mantener a una persona internada contra su voluntad”.