El Senado debatió y aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece modificaciones a la ley de negociación colectiva y, como ya había recibido el visto bueno en Diputados, se cerró la discusión. La nueva ley fue aprobada sólo con los votos de los partidos que integran la coalición de gobierno y rechazada en bloque por el Frente Amplio (FA), que basó su principal queja en un artículo que elimina la ultraactividad, o sea, la continuidad de las cláusulas de los convenios colectivos una vez vencidos sus plazos, lo que a su entender perjudica a la clase trabajadora.
Este proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo meses atrás y tenía el objetivo de levantar varias observaciones que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le había hecho a raíz de una serie de quejas que la Cámara de Industrias del Uruguay y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay habían presentado ante dicho organismo en representación de buena parte del empresariado local. De todas formas, una de las quejas y la respectiva observación de la OIT no fue incluida en el proyecto de ley y refiere a que el Estado no debe participar en las negociaciones salariales excepto para fijar los mínimos por categoría, por lo que en el ámbito político partidario no hay certeza de que las cámaras vayan a retirar su reclamo contra el Estado uruguayo.
En el Senado, el primero en hablar del proyecto fue Marcos Methol, senador suplente de Cabildo Abierto, quien recordó que fue “redactado en dos períodos de gobierno” porque uno muy similar había sido presentado en la legislatura anterior a iniciativa de la administración de Tabaré Vázquez, aunque nunca llegó a tratarse.
De parte de la oposición, el primero en hablar fue el senador del Partido Comunista Óscar Andrade, quien aseguró que el texto constituye “una regresión de derechos importante para los trabajadores”. “Genera una condición de deterioro y de incertidumbre tremenda”, dijo y ejemplificó con un posible problema en su rubro: “La industria de la construcción por convenio colectivo tiene un fondo social; venció el convenio de la industria en marzo; con la ley que estamos votando hoy el empresario que decida no aportar al fondo social este mes ¿puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Es lo que estamos votando hoy, habilitando legalmente que culminen junto con la vigencia del convenio colectivo los contenidos negociados en el convenio colectivo”, lamentó.
Andrade dijo que “el problema está en qué tipo de relaciones laborales tenemos para qué proyecto de país, y la Cámara de Comercio y la Cámara de Industrias entienden que la disponibilidad arbitraria y la poda salarial es el camino, y tener el salario como una variable de ajuste y un costo. Y lo que habilita esta norma es que todo lo que hoy haya conquistado la trabajadora cajera del supermercado lo va a tener que reconquistar para el próximo convenio colectivo, sea una partida de antigüedad, una partida por presentismo, una mejora en la categorización, porque establecemos que se evaporan”.
A su respuesta retrucaron senadoras de la coalición como Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, quien dijo que “Uruguay estaba incluida en una lista de la OIT de esas que no querés integrar” y “en esta casa estamos todos intentando cuidar el prestigio de nuestro país”. Además, señaló que a su entender debió haberse debatido también la queja restante: “Lo que estamos haciendo hoy es levantar prácticamente todas las observaciones. La verdad que, si me preguntan, a nivel personal, capaz que hubiera deseado que vayamos con todas”.
La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, a su turno, dijo tener una visión crítica del funcionamiento de los organismos internacionales porque “avanzan sobre nuestra soberanía”, por lo que, para que eso no suceda, es necesario “cumplir con nuestras obligaciones”. Asimismo, consideró que este proyecto “está tratando de equilibrar” la balanza entre empleadores y sindicatos.
De parte del FA, el senador suplente de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta dijo que desde las quejas de las cámaras en 2008 y mientras no se aprobaron estas modificaciones, en “Uruguay se hicieron las inversiones más importantes en la historia del país, y esto también indica que cuando empresas internacionales de gran porte eligen dónde realizar las inversiones, valoran muchos elementos, entre ellos la calidad de las relaciones laborales”.
la diaria conversó con dirigentes de las cámaras de Industrias y Comercio, que no supieron responder si, con estas modificaciones aprobadas, estaban dispuestos a ir a la OIT para retirar su reclamo, o si, a falta de la contemplación de una de sus quejas, lo mantendrían. Tienen pensado reunirse en las próximas horas para analizar los pasos a seguir y luego emitir un comunicado conjunto.
Por su parte, Diego O’Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, dijo a la diaria que la ley aprobada “debe verse como un todo junto con el proyecto de personería jurídica para las organizaciones profesionales que ya fue aprobado por el Parlamento”, y que este “es un marco que avanza mucho respecto de la situación que teníamos”. Defendió la caída de la ultraactividad porque “darle al convenio vencido la ultraactividad es poner un piso para la negociación en adelante”, lo que “no atiende las situaciones particulares que se puedan estar viviendo en los sectores de actividad en ese momento”. “Hay algunos sectores de la actividad donde eso ha tenido impacto fuerte y la variable de ajuste termina siendo el empleo, y eso es muy malo para todos, para las empresas pero fundamentalmente para la gente”, sentenció.
De todas formas, dijo que de las observaciones de la OIT “queda una pendiente, que es importante para el sector empresarial”. “Lo que la OIT establece es que la negociación debe ser bipartita para todos los temas que no sean la fijación de salarios mínimos”, dijo.
Consultado por la diaria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, apuntó que lo que hizo el gobierno fue “presentar un proyecto de ley prácticamente idéntico al que se presentó en el período pasado”, con la particularidad de que en este caso sí se aprobaron las modificaciones, “que en lo que tiene que ver con las observaciones de la OIT resuelven casi todas ellas excepto una”.
Con respecto a la no participación del Estado en la negociación colectiva, excepto para establecer salarios mínimos, dijo que en el gobierno están “abiertos a trabajar” en eso “con el asesoramiento de la OIT”, pero esta vez se dejó por fuera porque “es un tema que está muy metido en la cultura de la negociación colectiva uruguaya”.
Más allá de esa situación, dijo que el gobierno informará a las cámaras y al organismo internacional sobre las nuevas modificaciones, y tiene “la expectativa de que eso tenga incidencia en lo que tiene que ver con la queja”.