Días atrás el senador del Partido Colorado (PC) y líder del sector Ciudadanos, Adrián Peña, presentó en el Parlamento un proyecto de ley que busca transparentar los ingresos a las intendencias. Básicamente, lo que busca es trasladar a las comunas el reglamento de ingreso a la Administración Central, lo que incluye “el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto” además de “la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización del período de gobierno”. El concurso público y abierto, a su vez, debe ser con “previo pronunciamiento favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil [ONSC] sobre aspectos de juridicidad”.
La propuesta cae en un momento en el que se apunta a las comunas por contrataciones mediante designaciones directas, y si bien desde la oposición se indica que las intendencias del Partido Nacional (PN) son las de peores registros en esa materia, en los últimos meses desde la coalición de gobierno se señaló a gestiones frenteamplistas, fundamentalmente en Salto y Canelones, por modalidades similares.
Pero en este contexto el Frente Amplio (FA) recordó que en reiteradas oportunidades propuso proyectos de ley con los mismos objetivos, que no alcanzaron los acuerdos necesarios por falta de apoyo en la coalición multicolor. La última propuesta en este sentido data de la Rendición de Cuentas pasada. Por iniciativa de la Vertiente Artiguista, el FA propuso entonces un artículo que establecía que el ingreso al Estado en cualquiera de sus oficinas “se realizará mediante llamado público, a través de concurso o de sorteo, con excepción de los cargos que hubiesen sido definidos como cargo político o de particular confianza”.
El exministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta, dirigente de la Vertiente Artiguista, dijo que “alegra mucho que el PC se sume a esta iniciativa”, aunque “lamentablemente tuvieron la chance de votarlo el año pasado y no lo hicieron”. “Estamos dispuestos a ofrecerles nuestro apoyo técnico”, dijo, y afirmó que es necesario aprobar un proyecto de estas características porque en “muchas intendencias del interior el ingreso a la administración se produce por afinidad política pura y dura”.
De todas formas, los votos del PC y el FA no alcanzarían, porque para modificar normas relativas a intendencias se necesita la aprobación de dos tercios del Parlamento. En ese sentido, sirve como pista conocer que los intendentes blancos no son afines a la propuesta porque entienden que se violenta la autonomía departamental.
El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, declaró a la diaria que “es un proyecto que violenta las autonomías departamentales y va en contra del camino que en materia de descentralización se ha marcado como agenda el país”. “Es un pujo de cuño unitario que parte de un error de diagnóstico de que los ingresos no son ‘transparentes’ y además pone en agenda un tema que no tiene agenda pública, porque en ningún departamento se plantea la temática ni como problema y mucho menos como prioridad”, agregó.
A su vez, apuntó que “estaría bueno que antes de lanzar esto a la consideración pública se hubiese hablado con todos los intendentes –o por lo menos con los de la coalición– para intercambiar ideas, aunque supongo que habrá hablado con los suyos propios y tendrá su consentimiento”.
Con matices, la postura de otros intendentes blancos es similar. Nicolás Olivera, de Paysandú, dijo a la diaria que “es algo atendible” lo propuesto por Peña, pero “hay que tener en cuenta” las “autonomías departamentales”. “Hay que conocer ciertas lógicas. Por ejemplo, en algunas localidades muy pequeñas a veces es complejo hacer un llamado porque es muy poca la gente que quizás tenga calificación para presentarse, entonces terminás desandando procesos enormes para que la montaña termine pariendo un ratón”.
“Vamos arriba con la transparencia, no soy enemigo de eso. Todo lo contario, no me parece mal. Pero hay que ser cuidadoso con los poderes que la Constitución les da a los gobiernos departamentales. A veces el desconocimiento de los que terminan craneando estas soluciones se da de bruces con la realidad”, apuntó.
Guillermo López, el intendente de Florida, también del PN, planteó algo similar en diálogo con la diaria al decir que “en Florida no tiene ninguna contraindicación” el proyecto porque “no ha habido ingresos que no sean por un llamado por los mecanismos correspondientes por la ONSC”. De todas formas, “genera ciertos reparos” porque se entromete en “las autonomías de los gobiernos departamentales”. “Los intendentes somos muy celosos de eso”, dijo, y agregó que “todas las legislaciones que condicionen la regla de juego de la toma de decisiones” generan “preocupación”. Entonces, “si fuera mediante un proceso de consenso” con los intendentes, “nadie se debería oponer a cuestiones que tienden a ordenar”.
Desde la Intendencia de Canelones, en manos del FA, el secretario general, Francisco Legnani, dijo a la diaria que son “transparentes a la hora de contratar” porque “todas las resoluciones” de la comuna “están publicadas en la web”, incluyendo las de contrataciones, además de que “el concurso y el llamado son la regla”, mientras que la designación directa “rige como excepción”. La designación directa “es una herramienta que, si es bien utilizada, es válida y efectiva para una gestión”, pero en Canelones no están “cerrados” a “analizar ningún tipo de iniciativa que se pueda presentar”.
Quien sí se mostró a favor de la iniciativa es el director de la ONSC, el dirigente del Partido Independiente Conrado Ramos, quien manifestó a la diaria que este “es un buen momento para discutir” sobre el tema porque “ya las designaciones [directas] se han hecho mayoritariamente” y aún hay un “velo de ignorancia” sobre quiénes gobernarán las intendencias en el próximo período, y por tanto no se sabe a quiénes beneficiará y a quiénes perjudicará la medida.
“Siempre es bueno cuando vos ponés una norma y no sabés a quién va a favorecer”, sostuvo, y apuntó que es necesario, además de casi obligatorio para alcanzar los dos tercios, “que haya un acuerdo de todo el sistema político”. Si bien reconoció que “hay un tema de autonomía versus transparencia” –lo que representa “un dilema” porque “a ningún ejecutivo le gusta que se lo controle”–, apuntó que sería necesario ir en el camino de lo que propone el proyecto.