Unos pocos días después de la salida de Irene Moreira del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cabildo Abierto (CA) presentó un segundo proyecto de ley para reestructurar las deudas de las personas físicas. Desde entonces, el texto no ha sido tratado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que aunque tiene a estudio cinco propuestas similares para atender el fenómeno de sobreendeudamiento de la población, por ahora sigue discutiendo el proyecto de prisión domiciliaria del Partido Nacional.
Por eso, este lunes el senador cabildante Guillermo Domenech salió del Palacio Legislativo y se reunió durante una hora con el directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), presidido por Diego Labat. Al término del encuentro, Domenech valoró en una rueda de prensa que desde el BCU “se reconozca la existencia del problema” y que “se manifieste voluntad de encontrarle solución”.
Dijo que le pidió a Labat que “si tiene alguna idea que nos la ponga, como la pusimos nosotros en negro, sobre blanco, para poder tener objetivamente una redacción y analizarla”. CA espera desde hace ya varias semanas un proyecto del Poder Ejecutivo sobre el tema, “pero todavía no tengo ninguna noticia”, apuntó.
Domenech aseguró que su partido está dispuesto a “encontrar mejores soluciones” que las que propone su proyecto, siempre y cuando “el sistema político asuma la conciencia de que en Uruguay hay un importantísimo número de ciudadanos afectados por un problema de endeudamiento que les dificulta la supervivencia”.
Señaló que, a partir de la reunión con el directorio del BCU, CA inició “una ronda de conversaciones con las autoridades económicas del país”, que también incluirá a “todos los grupos que puedan estar interesados”. Subrayó que las deudas por créditos de consumo son “un problema grave que tiene el país”, que afecta “de 600.000 a 1.000.000 de personas”.
El proyecto de CA propone crear un procedimiento judicial para la reestructuración de deudas, que será antecedido por un procedimiento administrativo que el deudor podrá entablar ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Si fracasara esta primera instancia, deudor y acreedor “podrán entablar el proceso judicial ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia en materia civil”.
Podrán recurrir al procedimiento judicial para reestructurar sus deudas aquellas personas físicas o jurídicas privadas que no tengan un activo inmobiliario superior a 230.000 dólares y que tampoco sean dueñas de vehículos con un valor mayor a 20.000 dólares. Asimismo, los deudores deben percibir menos de 3.000 dólares como “ingresos anuales líquidos”.
Domenech destacó la incorporación en el nuevo proyecto de CA del concepto de “deuda justa”, así como que se establezca una “limitación” a las tasas de interés que ponen las instituciones financieras. “Nosotros nunca pretendimos un perdona tutti. Lo que queremos es que la gente pueda pagar, pero pagar lo que es razonable y justo”, expresó.
A diferencia de lo dicho por el líder de CA, el senador Guido Manini Ríos, quien había puesto públicamente como plazo máximo para la aprobación del proyecto el pasado mes de mayo, Domenech sostuvo que “fijar un plazo muy inelástico, a mí por lo menos, en este momento no me parece adecuado”. “Queremos resolver un problema”, agregó.
“El problema puede ser peor”
Recientemente, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) compartió un informe sobre la situación de las personas “sobreendeudadas” en el sistema financiero formal. En el documento se sostiene que el 71% de los mayores de 18 años figura como “tomadores de crédito” para el BCU. A su vez, dentro de ese porcentaje de deudores, el 36% está catalogado como “deudores irrecuperables”, lo que representa alrededor de 690.000 personas.
En diálogo con la diaria, Aníbal Peluffo, economista de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que elaboró el informe, sostuvo que el sobreendeudamiento es “un problema estructural” con “raíces sociales”. Afirmó que hay sectores de la población que “necesitan financiamiento en forma estructural”, es decir, mes a mes, y “no es gente que se quiere comprar el último celular o los últimos championes”.
Mencionó que el análisis de AEBU sólo consideró información del sistema financiero formal, “pero hay mucha más deuda”, como por ejemplo, préstamos con “comercios, teléfono, cable”; y esto sin tener en cuenta el sector informal. Sobre este último, “que además es violento”, advirtió que no hay “ni la más remota idea de qué tamaño tiene, ni siquiera hay una estimación”.
Al margen del proyecto de CA, Peluffo advirtió que si “te equivocás” en la regulación del sistema formal a través de una ley, entonces “vas a engrosar la parte informal, que es la que más preocupa”. “La mayor preocupación es que las cosas que se hagan generen mayor exclusión, justamente por no considerar toda la problemática. Si las herramientas las usamos mal, el problema puede ser peor”, señaló.