El foro Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora especializada en riesgos Control Risks divulgaron los datos del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) correspondientes a 2023.
El reporte, que se puede leer completo en el sitio web del foro, analiza la capacidad de 15 países latinoamericanos en la lucha anticorrupción y compara anualmente su evolución, a partir de 14 variables divididas en tres categorías: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación.
Uruguay ocupa el primer puesto del Índice, desde su creación. Lo lidera por encima de Costa Rica y Chile, y en la otra punta de la tabla aparecen Venezuela y Bolivia. A pesar de mantener ese liderazgo a nivel de América Latina, el informe también enciende algunas luces de alerta, en particular por su caída en los dos últimos años.
“Uruguay volvió a ocupar el primer puesto del Índice, aunque experimentó un año consecutivo de retroceso”, señala la organización en el apartado sobre los principales hallazgos de 2023.
A pesar de superar al promedio regional en todas las variables, Uruguay “ha experimentado una ligera tendencia a la baja desde 2021”, con una caída del 6% en su puntuación global y disminuciones en las puntuaciones de las tres categorías. En comparación a 2022, Uruguay experimenta la segunda mayor caída entre los 15 países analizados (-0,43%), apenas levemente menos pronunciada que Guatemala (-0,52), el país que más empeoró su desempeño en relación al anterior informe.
“Uruguay registró retrocesos en variables fundamentales de la capacidad legal, como la independencia y la eficacia judicial, la capacidad para combatir los delitos de cuello blanco y la cooperación internacional en materia de orden público”, señala el apartado que analiza el desempeño uruguayo.
Según el documento, algunos observadores consultados consideran que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) “sigue careciendo de fondos suficientes, lo que puede socavar los esfuerzos anticorrupción en el futuro”.
El informe recordó que la expresidente de la Jutep, Susana Signorino, renunció a su cargo en noviembre de 2022, luego de declarar que la organización carecía de recursos y que se había politizado.
Por otra parte, la institución concluyó que el “escándalo de corrupción” protagonizado por Alejandro Astesiano, el exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, “llevó a algunos observadores a cuestionar la reputación de buena gobernanza de Uruguay”.
“Astesiano fue acusado de falsificar actas de nacimiento para expedir pasaportes uruguayos falsos a ciudadanos rusos y en febrero fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias y asociación para delinquir, entre otros delitos. Lacalle Pou negó tener conocimiento de los delitos cometidos por Astesiano”, repasaron desde la organización empresarial estadounidense.
El informe también destacó que la prensa uruguaya “desempeñó un papel clave en el esclarecimiento del caso, lo que indica el poder de los periodistas del país para destapar la corrupción”.
Entre los temas “críticos” para monitorear, la institución destacó el “polémico” proyecto de ley para nombrar un órgano directivo de tres miembros en la Fiscalía General y el arranque de una campaña electoral hacia octubre de 2022 donde habrá “mayor atención mediática por el caso Astesiano” y la corrupción “puede ser un tema”.
El martes 13 de junio, en una ceremonia que se llevó a cabo en Nueva York, la AS-COA le entregó a Lacalle Pou una Insignia de Oro. El presidente se convirtió en el tercer mandatario uruguayo en recibir esta condecoración que se otorgó también a Julio María Sanguinetti en 1986 y a Luis Alberto Lacalle Herrera en 1990.