Eran siete personas las que esperaban en la sala del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) porque se les había dicho que ese era el tamaño de la delegación que podría reunirse con el ministro, Pablo Mieres, más allá de que sólo hablaran dos de ellos. A último momento, les dijeron que al final podían ser cinco los que subieran al despacho. 40 minutos después, bajaron al encuentro de los tres -dos mujeres y un hombre- que se habían quedado abajo. Afuera, había quizá otra veintena de personas.
Son trabajadores de la industria frigorífica destituidos en dictadura que están comprendidos dentro de la Ley 18.310, de 2008, que previó una jubilación ficta para estas personas, que no generaron aportes entre 1973 y 1985 al estar impedidos de trabajar formalmente por motivos políticos y sindicales. Según contó a la diaria uno de sus representantes, José Luis Vázquez, “nosotros fuimos una comunidad abusada, toda la sociedad, pero nosotros porque nos destituyeron del trabajo y nos complicaron la vida”.
La ley ampara a quienes, en la industria frigorífica, fueron destituidos entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 y no estén incluidos en las leyes de reparación anteriores, y les otorga una jubilación de 4 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), unos 22.640 pesos al día de hoy, mientras que actualmente “en la industria frigorífica tradicional un peón se jubila con 8 BPC”, explicó también Ramón Mármol, otro de los voceros.
“Nosotros lo que estamos reclamando mínimamente es llegar a esas 8 BPC, no pedimos ni categoría ni ningún trato especial, simplemente fuimos honestos, nos pareció lo más justo llegar a ese nivel, queremos ser iguales a los iguales”, insistió, y valoró que “la ley fue justa en reconocer que nos merecemos la jubilación”, pero “no fue justa en lo económico” y se sienten “desamparados”, más allá de “no estar nunca en contra de que los compañeros cobren más”.
En tanto, para Vázquez, no es justo “decir que el ministro compartió nuestra postura”. Según explicó, Mieres les preguntó “si había un fundamento para las 4 BPC, lo buscamos en algunos documentos y no apareció”; el ministro “dijo que van a estudiar el tema y que no puede adelantar porque la decisión es del Poder Ejecutivo”.
Según Alberto Sánchez, abogado de los extrabajadores, cuando se aprobó la ley “se acordó en un futuro subirlo a 8 BPC para equiparar”, e incluso en 2011 “hubo una minuta de comunicación” aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes en la que “todos los legisladores dijeron que tienen derecho a cobrar las 8 BPC, que llegó al Poder Ejecutivo y quedó trancado ahí”. El tema pasó por la Institución Nacional de Derechos Humanos “y un montón de lugares” en los que se encontró “coherencia en esta solución que están buscando; no es algo descabellado”; a su vez, “las personas van falleciendo y cada vez es menos el dinero que tiene que pagar el Estado para esto”.
Asimismo, hoy en día hay personas comprendidas en esta ley que no están al tanto de los movimientos del grupo de extrabajadores de frigoríficos, por lo que apelan al “boca a boca” para difundir las reuniones de los sábados en la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines, en las calles Grecia y Holanda, del Cerro.
Mieres dijo que el MTSS va a “evaluar cuál es la situación” antes de tomar medidas
Consultado por la diaria, Mieres recordó la minuta de comunicación de 2011 y aseguró que el tema será estudiado por la Dirección Nacional de Seguridad Social “para evaluar cuál es la situación”. Respecto de qué posibilidades ve de una salida a esta situación, el ministro señaló: “Hasta no tener un informe jurídico no puedo dar una respuesta”, e insistió en “estudiar el planteo”.
“La ley estableció ese monto porque se trataba además de personas que no tenían causal jubilatoria, a su vez la no continuidad laboral es causa de una persecución política, por lo que vamos a dar respuesta en un sentido o en otro” cuando el estudio esté completo; en caso de darse, será el Poder Ejecutivo el que tenga que enviar las modificaciones al Parlamento.