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Martín Vallcorba (archivo, octubre de 2019).

Foto: Alessandro Maradei

Artículo de la Rendición de Cuentas favorece estrategias “Pac-Man” de concentración económica, advierte economista

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Martín Vallcorba señaló que la modificación “permite que grandes jugadores puedan comprar comercios relativamente pequeños” y afectar “significativamente el funcionamiento de los mercados”.

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Leído por Andrés Alba.
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“Sinceramente no le encuentro ninguna justificación. A veces uno puede entender determinadas acciones y no compartirlas. Ahora, en este caso realmente yo no encuentro ningún fundamento racional”, dijo a la diaria Martín Vallcorba, economista y coordinador del programa de Inclusión Financiera durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), con referencia a un cambio que propone la Rendición de Cuentas a la ley de defensa de la libre competencia en el comercio (18.159).

El artículo 162 de los 442 que componen el proyecto presupuestal, recientemente enviado al Parlamento, establece que “todo acto de concentración económica” estará sujeto a una autorización previa de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC), un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), siempre y cuando se configuren -al mismo tiempo- dos requisitos. Por un lado, que la facturación anual del conjunto de los participantes en la operación sea igual o superior a 600 millones de unidades indexadas (UI); y por otro, que la facturación anual de cualquiera de los involucrados en la transacción, “considerados individualmente”, sea igual o superior a 30 millones de UI, alrededor de 4.500.000 dólares.

A través de Twitter, Vallcorba catalogó este último cambio como “negativo” ya que “facilita que se den concentraciones inconvenientes en los mercados al eliminar la autorización que la CPDC debe dar en ciertas compras o fusiones de empresas”. Si el artículo 162 es aprobado en el Parlamento, el órgano del MEF ya no deberá autorizar previamente la operación cuando alguno de los participantes haya facturado “en alguno de los tres últimos ejercicios” menos de 4.500.000 dólares. Según Vallcorba, “lo que hace este cambio es permitir que retornen las estrategias tipo Pac-Man” en ciertos sectores del mercado uruguayo.

Los antecedentes

Aunque la ley de defensa de la libre competencia en el comercio fue promulgada en 2007, la normativa que dispone la autorización previa de parte de la CPDC fue agregada en 2019. Vallcorba recordó que en aquel entonces se registraron varias estrategias “Pac-Man”, especialmente en el sector del comercio minorista. “Un ejemplo claro fue la estrategia que desarrolló en su momento Tienda Inglesa, adquiriendo un montón de pequeños comercios de barrio. Pero no fue el único actor. Kinko también lo hizo, y también se dio en el sector de las farmacias, en particular con Farmashop”, mencionó.

Por estos y otros casos, el último gobierno del FA modificó la ley en 2019, aunque el cambio comenzó a regir en 2020, momento en el que hubo “una serie de movimientos de algunos actores” con el objetivo de cerrar operaciones “antes de que entrara en vigencia este cambio”, apuntó Vallcorba. Por ejemplo, “cuando Goldman Sachs intentó comprar el grupo Disco”, algo que finamente no se concretó.

Para Vallcorba, el artículo 162 de la Rendición de Cuentas supone “un retroceso importante” respecto a “los avances que se dieron en 2019”. “Lo que no hay que perder de vista es que la lógica de las políticas de defensa de la competencia no está en defender al comercio chico, sino que el foco está en defender al consumidor, porque en última instancia estos procesos de concentración lo que generan son grandes operadores en los mercados con condiciones de fijar precios potencialmente de manera abusiva”, señaló.

A su entender, el cambio propuesto por el Poder Ejecutivo “permite que grandes jugadores puedan comprar comercios relativamente pequeños”, lo cual podría afectar “significativamente el funcionamiento de los mercados”.

Consultado sobre la justificación de la modificación, ausente en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas, Vallcorba dijo: “Sinceramente no le encuentro ninguna justificación”. Apuntó que podría argumentarse que la CPDC “está sobrecargada” y que eso “enlentece el proceso de decisiones y afecta el desarrollo de los negocios”; pero “la realidad es que el tiempo promedio que demora la comisión en analizar estos casos apenas supera el mes”. “Los únicos beneficiados con esta medida son los grandes jugadores de estos mercados, que van a ver facilitada la posibilidad de seguir creciendo y aumentando su poder de mercado”, aseveró.

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