“Se solicita al Poder Ejecutivo que la Agencia Nacional de Vivienda [ANV] y el Banco Hipotecario del Uruguay [BHU] cesen los remates e intimación de adeudos hasta tanto se dé una solución definitiva sobre la que está trabajando el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en conjunto”, reza la minuta de comunicación que aprobó este miércoles, por unanimidad, la Cámara de Senadores, que actualmente trabaja sobre un proyecto de ley del oficialismo para dar solución a la situación de los deudores del BHU y la ANV.
El proyecto de ley que ahora se estudia es el cuarto que se presentó en este período para afrontar esta problemática que, según la exposición de motivos de la minuta, redactada por el colorado Germán Coutinho, afecta a unos 20.000 deudores en unidades reajustables, quienes entienden que se vieron perjudicados por el incremento de la variable de ajuste de esta unidad, que es el índice medio de salarios.
En la minuta se plantea que en el transcurso de la discusión y el análisis del proyecto “un número importante de familias perderían su vivienda”, entre ellos tomadores de préstamos que “han finalizado de pagar el préstamo inicial y se les intima la suscripción de convenios de pago por los colgamentos [deudas generadas por los refinanciamientos] pendientes”; de no hacerlo, advierte la misiva, “se les realizará remate administrativo, con la brevedad de los plazos que estos conllevan”.
Asimismo, algunos deudores, por su edad, “se ven obligados a abonar los colgamentos en plazos muy breves, ya que tanto la ANV como el BHU no aprueban fórmulas de pago que excedan los 75 años, por lo que las cuotas serían impagables”, lo que podría poner en riesgo sus viviendas.
La exposición de motivos fue resumida brevemente por el colorado Germán Cardoso, que habló en lugar de Coutinho, y luego tomó la palabra el nacionalista Sergio Botana, quien afirmó que “estamos frente a un proyecto de estricta justicia”, porque “sería cruel” que “esta gente sufriera la pérdida de su casa cuando estamos, seguramente, en el mes o en el mes anterior a la solución definitiva de esos casos”. Botana consideró que con esta medida no se están “violentando ni las reglas de juego ni yendo contra esa religión bancaria de evitar la suspensión de los remates por ley”, sino que es “el acreedor principal, que es el Estado, pidiendo para no ejecutar a deudores que el Estado quiere salvar”.
En la misma línea, el senador frenteamplista Sebastián Sabini sostuvo que “esta minuta es de orden, en la medida en que se está buscando una solución de carácter definitivo para aquellas familias que efectivamente tuvieron voluntad de pago”, y lo que plantea es “un mensaje a las autoridades de cómo actuar en este tiempo, para que no se ejecuten remates en la medida en que, posteriormente, la ley en la que estamos trabajando pueda incluir algunas de esas situaciones”.
En tanto, el cabildante Guillermo Domenech destacó que la presencia del Estado en materia hipotecaria “ha sido fundamental para que mucha gente hiciera realidad el sueño de la casa propia” a lo largo de la existencia del BHU. “Lamentablemente, a partir de 1985 malas administraciones y reajustes de esa unidad de valor, que fue la unidad reajustable, y las que le sucedieron, que no se compadecieron con los ingresos de los deudores, han llevado a una situación de enorme apremio a miles de compatriotas que pretendieron también cumplir con ese sueño de la casa propia”, analizó.
Por lo anterior, Domenech adelantó su adhesión a la iniciativa, “con la esperanza de que subsista el BHU en el mercado de los créditos hipotecarios, porque el Estado en un país chico como el nuestro tiene la obligación de hacerse presente para que la gente pueda hacer efectivo su derecho a la vivienda”, en alusión al planteo del Partido Nacional de fusionar el BHU con el Banco República.