El pasado viernes, más o menos a las tres de la madrugada, 62 de los 93 diputados presentes en la Cámara de Representantes aprobaron un aditivo en el proyecto de Rendición de Cuentas que establece que aquellas personas que figuran en el clearing de informes podrán igualmente tener acceso a distintos servicios y políticas públicas.
El artículo, que fue propuesto por el Frente Amplio (FA) y que tuvo el apoyo -no unánime- de cabildantes, colorados y nacionalistas, establece: “Las instituciones, organismos y empresas públicas que otorguen créditos, subvenciones, subsidios o similares, garantías, financiación o que provean servicios que supongan el acceso al crédito de los beneficiarios, no podrán exigir con carácter excluyente para el acceso a los mismos constancia o información crediticia de no encontrarse con valoración negativa en el sistema de informes”.
Se agrega además en el artículo que “se prescindirá de dicho informe cuando el organismo, institución o empresa se encuentre facultado o pueda acordar las retenciones sobre ingresos salariales o pasividades”, conforme a la Ley 17.829 que reglamenta el régimen de retenciones a las remuneraciones.
En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Felipe Carballo tradujo: el aditivo establece “que no sea un requisito excluyente en las políticas públicas figurar en el clearing de informes”. Por ejemplo, “cuando vas a pedir un fondo de garantía para alquiler lo primero que te preguntan es si estás en el clearing, y si estás, quedaste afuera”. Si el artículo es ratificado en el pasaje de la Rendición de Cuentas por la Cámara de Senadores, “eso ya no importaría”.
Carballo indicó que el impedimento también desaparecería para los créditos que otorga la Agencia Nacional de Vivienda, para los servicios públicos de OSE, UTE y Antel y “para todo lo que tenga que ver con políticas públicas”. “A partir de esta legislación ya no sería un requisito excluyente estar en el clearing de informes para que quedes afuera”, recalcó.
A su entender, se trata de “un paso muy importante para tratar la problemática de la gente que está en el clearing de informes”, “una realidad que tiene un montón de gente” que “siempre quedaba afuera de cualquiera de las políticas públicas”. Este fue el único artículo propuesto por la oposición que tuvo el respaldo del oficialismo.
Este cambio normativo ya había sido propuesto en un proyecto de ley presentado por el FA, que actualmente está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta. La exposición de motivos del proyecto sostenía que el endeudamiento de las personas físicas, en particular el de “las personas más vulnerables”, ocasiona “dificultades reales en el acceso a servicios básicos, incluso cuando estos servicios son ofrecidos por el Estado”.
El proyecto consignaba además que en Uruguay aproximadamente 900.000 personas figuran en el clearing de informes “y más de 600.000 [están] en situación de default [con más de 180 días de atraso] frente al sistema financiero”.