El Frente Amplio (FA) anunció este martes la presentación de un proyecto de ley que ingresará a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores para ser abordado en conjunto con otro proyecto, el de reestructuración de deudas de personas físicas, cuya discusión parlamentaria tiene ya varios años. Con esta nueva iniciativa la coalición de izquierda busca garantizar que las personas que estén en el Clearing de Informes no pierdan acceso a servicios básicos ni, por ejemplo, a una garantía de alquiler de vivienda.

En la exposición de motivos del proyecto se expresa que “el endeudamiento de las personas físicas y en particular de las personas más vulnerables genera dificultades reales en el acceso a servicios básicos, incluso cuando estos servicios son ofrecidos desde el Estado”, y que “muchas veces esa dificultad viene dada por el tratamiento de datos personales que se incluyen en bases de datos crediticias, registros de morosos o similares”.

El proyecto cita un estudio de este año en el que se indica que “en Uruguay unas 900.000 personas están en el ‘clearing’ y más de 600.000 en situación de default (más de 180 días de atraso) frente al sistema financiero”.

“A modo de ejemplo, este tipo de base de datos o sistema de registro de morosos es utilizado por empresas públicas que informan a esos registros los atrasos de sus usuarios. También es considerado, entre otros, por el Fondo de Garantía de Alquiler de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, para el acceso al beneficio de la garantía”, apunta el escrito.

En consecuencia, para los redactores del proyecto “resulta pertinente incluir a nivel legislativo una solución general que sea aplicable a todas estas personas más allá de lo que puedan ser luego las políticas puntuales que se realicen con carácter focalizado desde las empresas y organismos públicos”.

El artículo único del proyecto indica que “los organismos públicos que presten servicios básicos a la población tales como agua, luz eléctrica, telefonía y conectividad, acceso a soluciones habitacionales o garantía de alquiler no podrán limitar el acceso a los mismos por el hecho de que la persona que solicite el servicio se encuentre incluida en una base de datos relativa a la actividad comercial, crediticia o registro de deudores morosos”.

El texto establece que “el historial de impagos de una persona, así como la realización o no de refinanciaciones de adeudos, no obstará el acceso o la contratación de dichos servicios públicos”. En el caso del alquiler de vivienda, “tampoco se considerará como un obstáculo o impedimento para la contratación por parte de agentes inmobiliarios inscriptos en el registro de inmobiliarias del Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Por último, el proyecto establece que “los organismos públicos referidos en el inciso primero no procederán a informar a ninguna base de datos o registro de deudores morosos los atrasos en el pago de los servicios básicos”.

En diálogo con la diaria, el senador Charles Carrera, impulsor de la iniciativa, dijo que esta “busca complementar” los proyectos que ya están en discusión por parte de la comisión en la misma materia y que han sido establecidos como prioritarios tanto por el FA como por Cabildo Abierto, así como por el Partido Nacional, con la aclaración de que se está a la espera de un nuevo proyecto proveniente del Poder Ejecutivo.

“El objetivo principal es proteger a los deudores, a las personas más vulnerables que están en una situación de total desprotección”, señaló Carrera. “Hoy tenemos personas que tienen muerte civil, personas que porque en algún momento tomaron un crédito y no pudieron hacer frente, se encuentran en el Clearing”, pero “tienen una trayectoria de buen pagador del alquiler de su casa y cuando tienen que recurrir al Ministerio de Vivienda no pueden renovar por esto o no pueden sumarse a programas de soluciones habitacionales”.