El Poder Ejecutivo envió el viernes al Parlamento dos proyectos de ley para corregir la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que comparten el mismo sentido de urgencia: las proyecciones marcan que sus reservas financieras se agotarán en el corto plazo. Sin embargo, las soluciones propuestas para ambas cajas paraestatales tienen sendas diferencias.
Según lo que plantea el gobierno en el proyecto para la Caja de Profesionales, el instituto “tiene resultados operativos negativos desde el año 2020” y se prevé que su pérdida patrimonial “se profundizará con el tiempo”. Si no se interviene, entre 2025 y 2029 “se necesitarán 4.431 millones de pesos anuales a precios constantes de 2023 para hacer frente a las obligaciones”. Sólo el año pasado el déficit operativo del organismo fue de 2.267 millones de pesos y, al ritmo previsto, se calcula que las reservas financieras “se agotarán en el correr de 2025”, marca el texto.
A modo de solución, el Poder Ejecutivo propone adelantar para este colectivo la implementación de la reforma jubilatoria, aprobada a mitad de año, que dispuso la creación de un sistema previsional común que comprende a todos los subsistemas previsionales. Así, mientras la reforma establece el aumento gradual de la edad jubilatoria desde la generación de 1973 (61 años) hasta la de 1977 (65 años), el proyecto plantea para los afiliados a la Caja de Profesionales un incremento de la edad mínima de retiro desde la generación de 1967 (61 años) hasta la de 1973 (65 años).
El texto establece además que para el cálculo del sueldo básico jubilatorio se considere, de forma gradual, un período de 15 años, en lugar de los últimos tres años de actividad profesional, como ocurre actualmente. Asimismo, la tasa de reemplazo bajará de 50% a 45% y la tasa de aportación aumentará de 16,5% a 19% del sueldo ficto de la categoría que le corresponda a cada afiliado. Y, en caso de aprobarse, la ley facultará al directorio de la Caja de Profesionales a imponer por mayoría simple “un aumento de la tasa de aporte entre un mínimo de un 0,5% y un 1% anual, hasta alcanzar una tasa máxima de 22,5%”.
Como justificación, el Poder Ejecutivo argumenta que actualmente “los beneficiarios de la Caja apenas aportan, a lo largo de su vida y haciendo el supuesto de capitalización del aporte a la tasa de retorno de las inversiones del instituto, entre un 35% y 40% del monto que perciben como retiro”, excepto que posterguen “notoriamente” su retiro.
Según el Poder Ejecutivo, este escenario requiere “medidas con impacto estructural” que cambien “la relación en valor presente entre lo que se recauda por persona y lo que se paga”. El gobierno asegura que “un avance de esto se ha logrado con la reforma”, mediante la incorporación obligatoria de los profesionales al régimen mixto.
Para los actuales jubilados de la Caja de Profesionales, el proyecto crea un nuevo impuesto, que gravará a las pasividades que superen 6 BPC, actualmente 33.960 pesos. De 6 a 10 BPC el tributo alcanzará el 2% del monto de la jubilación; de 10 a 15 BPC, el 6%; de 15 a 20 BPC, el 8%; y de 20 BPC en adelante, el 10%.
En cuanto a los profesionales que se hayan declarado en ejercicio no libre, el proyecto establece que “deberán abonar en cada declaración, por concepto de gastos de administración y fiscalización, el monto que el directorio [de la Caja de Profesionales] disponga por reglamento”, cuyo valor no podrá exceder en ningún caso el aporte correspondiente a la primera categoría de sueldo ficto, esto es, alrededor de 5.000 pesos.
Por último, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar, a partir de 2025, “transferencias” a la Caja de Profesionales “por una única vez en cada año en que se produzcan ajustes en su tasa de aportación”. Dicha autorización “no podrá extenderse más allá del año 2036”.
Desde la perspectiva del gobierno, se trata de una “ayuda” estatal cuyo monto final “estará acotado a los incrementos” que eventualmente ocurran de la tasa de aportación; no obstante, se señala que “si se considera que en los próximos 10 a 14 años se recurrirá a todos estos aumentos autorizados, la cooperación de fondos públicos se estima que estará en el orden de 2.000 millones de pesos totales distribuidos en cada una de las instancias de suba de la tasa”.
En definitiva, el Poder Ejecutivo sostiene que el proyecto procura que “la carga necesaria para sostener” a la Caja de Profesionales “se distribuya entre todos los actores involucrados, e incluso la sociedad en su conjunto, tal y como se desprende de la autorización a transferir recursos de parte del Poder Ejecutivo”.
Aunque por otra parte se apunta en el proyecto que el gobierno descartó aumentar la recaudación por la venta de timbres profesionales, como permite la ley orgánica de la Caja de Profesionales y como había sugerido el directorio del instituto, “debido a los inconvenientes e injusticias que presenta dicha forma de ingresos para el resto de la sociedad”.
La situación bancaria
El proyecto para la Caja Bancaria, en tanto, da lenguaje jurídico al acuerdo ya alcanzado entre el Poder Ejecutivo, la Asociación de Bancos Privados y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), refrendado semanas atrás por los trabajadores en asamblea general.
En diálogo con la diaria, Pablo Andrade, dirigente de AEBU y consejero en la Caja Bancaria, dijo que el proyecto “es correcto, es apropiado y es lo que vamos a ir a defender al Parlamento”. Afirmó que “responde básicamente a lo que podemos definir como un diálogo social en materia de seguridad social”. Las tres partes involucradas, sostuvo, se sentaron “en una mesa”, discutieron “las alternativas” y evaluaron “cómo cada uno ponía algo para la solución”.
En el proyecto, el Poder Ejecutivo señala que, si no hay modificaciones en el corto plazo, la Caja Bancaria agotará sus reservas financieras “en el presente año”, situación que además se extendería “por más de una década”. Ante esto, “la propuesta consiste en un razonable equilibrio de contribuciones de las partes”, asegura el texto.
Una de las contribuciones de los trabajadores consiste en adelantar de manera progresiva el aumento de la edad jubilatoria previsto en la reforma, al igual que para el caso de los afiliados a la Caja de Profesionales. Del mismo modo, se modificará el cálculo del sueldo básico jubilatorio, considerando un período de 20 años. Los jubilados colaborarán mediante un impuesto que, a diferencia del de la Caja de Profesionales, tiene un tope máximo de 4% y no de 10%.
Otra diferencia es que los bancos, tanto públicos como privados, contribuirán con un incremento de la prestación complementaria patronal –aporte que depende de la actividad de la empresa– y también con “una contribución adicional temporaria” para “enfrentar las necesidades financieras de gran intensidad en los primeros años” de la reforma de la Caja Bancaria.
En cuanto al Estado, el proyecto avala una emisión de deuda por parte de la Caja Bancaria “con garantía soberana por un monto total máximo de UI 2.626 millones”. En este caso no habrá transferencias desde Rentas Generales. Según Andrade, esto último es imprescindible para mantener “la autonomía de la Caja”.
Andrade explicó que pese a la superposición de ambos proyectos, la Caja Bancaria “responde a una lógica diferente”. Señaló que tiene un modelo “muy similar” al del Banco de Previsión Social, porque “todos los trabajadores son dependientes”. En cambio, en el caso de la Caja de Profesionales “es un sistema más parecido a un seguro”, en el cual “hay profesionales que aportan mucho menos de lo que en realidad ganan, [y] hay otros que aportan en función de un ficto que a veces es más de lo que ganan”, es decir, el nivel de aportación “no mantiene una relación con el ingreso de la persona”.
Por disposición constitucional, los dos proyectos deberán aprobarse en el Parlamento antes del próximo viernes 27 de octubre, un año antes de las elecciones nacionales.