La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió días atrás que el pedido de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) al senador Juan Sartori para que presente la declaración jurada de bienes de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, es constitucional. El legislador del Partido Nacional (PN), que había presentado en octubre del año pasado una acción de inconstitucionalidad ante la exhortación de la Jutep, reiteró en su cuenta de X que no obligaría a su esposa, con quien tiene separación de bienes, “a que presente nada”.
Ante la resolución de la SCJ y la respuesta de Sartori, el directorio de la Jutep se reunirá este jueves y resolverá los pasos a seguir. La presidenta del organismo, Gabriela Di Longo, habló sobre las posturas que existen en torno a la constitucionalidad o no del tema y precisó que sobre esa discusión tendrá que resolver la Jutep. “Quienes abogan la constitucionalidad entienden que no hay sanción para Sartori por la no presentación de la [declaración de la] cónyuge porque entienden que el artículo 17, cuando habla de sanción, refiere sólo al obligado”, sostuvo, en declaraciones a Telemundo.
Por otro lado, “los que abogan la inconstitucionalidad entienden que la declaración jurada, que determina el artículo 12, abarca no sólo la del obligado, sino la del cónyuge como una unidad”, precisó, y aclaró que, a su entender, “el artículo es clarísimo de que la declaración jurada es una unidad que abarca la del obligado y la cónyuge”.
Di Longo también se refirió al camino que se deberá recorrer en el caso de que el senador se niegue a presentar la declaración jurada y las posibles sanciones que están previstas. En primer lugar, la Jutep exhortará a Sartori a que presente la información y este tendrá 15 días para hacerlo. En caso de que no lo haga, la Jutep debe informar al Parlamento que el funcionario “cometió una falta grave” e incluirlo “en la lista de omisos que publica la Jutep”, explicó.
Asimismo, sostuvo que la Ley 17.060, que obliga a los funcionarios públicos a presentar la declaración jurada, determina que, en caso de omisión, se les puede retener 50% del sueldo e inhabilitarlos para presentarse a cargos públicos electivos en el siguiente período.
La opinión de los nacionalistas
Consultado por el tema en rueda de prensa, este martes, el senador blanco Jorge Gandini dijo que “uno puede opinar sobre si las leyes están bien o mal, pero mientras están aprobadas, hay que cumplirlas”. Agregó que entiende a Sartori, en el sentido de que “en estos tiempos, y con este marco legal, es muy difícil exigir que una persona cumpla lo que no quiere cumplir si no está obligado a hacerlo, que es el caso del cónyuge o concubino, pero la ley así lo establece”.
“Entonces, más allá de que Sartori tenga separación de bienes y su esposa sea extranjera y se haya casado en otro país, la ley nos obliga a todos por igual a hacer una declaración jurada de nuestros bienes e ingresos y de los de nuestra pareja. Por lo tanto, él acudió a la SCJ para establecer la inconstitucionalidad de esa ley, y por más que pueda no compartir el fallo de la SCJ, es inapelable, o sea que está vigente. Y ahora la Jutep tiene que actuar con ese marco legal. En algún momento podrá plantearse cambiar la ley, pero mientras esté vigente, hay que cumplirla”, insistió.
Consultado sobre si el PN debería exigirle a Sartori que cumpla con la disposición, Gandini contestó que hay que esperar a que la Jutep, “que para eso fue creada, tome las decisiones que tiene que tomar”, dado que “está regulado en la ley quién lo determina, las formas de obligar a cumplir y las sanciones eventuales”. “El PN no tiene por qué hacer nada, es el senador en relación con los órganos de contralor, no somos nosotros los que nos tenemos que meter en eso, así que vamos a quedar en espera de cuáles son las acciones”, sostuvo.
Por último, Gandini dijo que el fallo de la SCJ “genera antecedentes”, porque “no había pasado antes, pasa, y pone en conflicto algunas cosas” que también “valora”, porque “estamos en tiempos en que a nadie se le ocurre que tiene que obligar a su esposa a hacer lo que no quiere hacer”, insistió. “Lo que pasa es que capaz que uno tiene que plantearse que, si no puede cumplir las normas, no tiene que dedicarse a esa actividad, aunque sea por razones familiares, pero la ley está ahí, y la tendrá que cumplir”, finalizó.
En tanto, fuentes del entorno de Sartori dijeron a la diaria que el senador en las próximas horas se reunirá con sus asesores para analizar cuáles serán los pasos que seguirá en este tema y subrayaron que el fallo de la SCJ no le pesa a la hora de definir si será precandidato a la presidencia o no. A su vez, Sartori, que no suele dialogar con la prensa y en general se expresa sólo a través de las redes sociales, este martes escribió un escueto mensaje en X para contestarle al intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, que en rueda de prensa lo criticó y preguntó: “¿Qué problema hay en transparentar datos?”. Ante esto, Sartori escribió: “Quedate tranquilo, Yamandú Orsi. Todavía no decidí si voy a ser precandidato”.
Este tema generó preocupación dentro del PN. Un dirigente blanco subrayó a la diaria que la ley “se va a tener que aplicar”, por lo tanto, la consecuencia debería ser el descuento de haberes de Sartori y luego la eventual prohibición para que sea candidato –a cualquier cargo público–. El dirigente agregó que la situación es “compleja” y hoy no le ve “salida”.