En la mañana del lunes el ministro de Defensa Nacional, Javier García, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado para abordar el proyecto de ley que propone que los archivos del pasado reciente sean “de acceso universal”. Este fue aprobado por cinco votos de nueve, provenientes únicamente de la coalición.
El proyecto “va a permitir reunir, organizar y también preservar los archivos que están disponibles”, dijo Da Silveira en una rueda de prensa. La idea es crear una nueva sección dentro del Archivo General de la Nación “no sólo para manipular documentos, sino para asegurar algo muy importante, que es lo que se llama la cadena de custodia”, detalló. Así, se podrá corroborar el contenido, “por qué manos pasa” y “tener claro que cuando sale de las manos de alguien, el documento está igual que cuando lo recibió, que no hubo alteraciones, que no hubo documentos que se eliminaron”, señaló.
“Nosotros solicitamos tiempo para el estudio de este proyecto”, señaló la senadora frenteamplista Silvia Nane, luego de la reunión. Aunque aclaró que el partido no se opone a “estudiarlo como corresponde”, defendió la idea de que es necesario ir más allá de un “tratamiento exprés” y consultar “opiniones calificadas”, especialmente al hablar de “un tema tan importante y de tal sensibilidad”.
En la sesión fue “absolutamente desmerecida” la acción del FA en materia de derechos humanos, contó Nane. “Es una falta de respeto decirle al Frentre Amplio [FA] que no hizo nada”, agregó. A modo de ejemplo, la senadora recordó que el partido estableció un convenio entre Presidencia y la Universidad de la República (Udelar) “que permitió el ingreso a los cuarteles”. A la vez, mencionó que incluso dentro de la ley de caducidad, el FA “encontró algún artículo que permitía y permitió no solamente juzgamientos, sino también conocer algún trocito de la verdad”.
“Dificultades no atribuibles a la INDDHH”
“Si usted tiene durante 15 años los archivos y no hace nada para que tenga el conocimiento público, quiere decir que no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad política”, disparó García en alusión al accionar del FA. Según el ministro, “las censuras son de tiempos de dictadura” y cuando hay democracia se debe abogar por “libertad y transparencia”. “Ese es el objetivo de este proyecto de ley”, aseguró.
Semanas atrás, García relató que existe una habitación, ubicada en un edificio del ministerio, en la que se conservan archivos del pasado reciente que no fueron digitalizados. De acuerdo con el ministro, él es el único que tiene acceso a ella, pero no puede tocar el material pues su tratamiento le corresponde a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
En su momento, el jerarca consideró que la institución no ha demostrado interés en trabajar sobre su contenido, pues “hace cuatro o cinco años que la INDDHH y, sobre todo, el delegado del Frente Amplio de la INDDHH, no han mostrado acción”. También afirmó que parte de los archivos fueron digitalizados por intermedio de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, pero a partir de un acta labrada entre el Ministerio del Interior y la INDDHH, el 27 de febrero de 2020 se definió que el ente a cargo fuera la INDDHH. Durante el encuentro de este lunes, el ministro entregó al Parlamento la memoria digital de estos archivos.
Por medio de una columna de opinión publicada en la diaria en agosto, la abogada Mariana Mota, exintegrante del consejo directivo de la INDDHH, destacó que el anterior ministro de Defensa, José Bayardi, fue el primero en dar cuenta del archivo sobre el que ha hablado García. Él “proporcionó las llaves del lugar donde se encontraba guardado, además de un detallado informe del contenido de tales cajas”, relató.
La abogada señaló que la Ley 19.822, aprobada en setiembre de 2019, le otorga a la INDDHH “la calidad de repositorio de todos los archivos existentes en la órbita del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia”, sean digitalizados o no. Asimismo, la normativa establece que la digitalización “deberá continuar realizándose por el Poder Ejecutivo”.
Lo planteado indica que la INDDHH, además de recibir todos los archivos utilizados por el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, tiene que acceder a una copia digitalizada de aquellos que no estén “bajo tal órbita”. La tarea de digitalización le corresponde al Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, explicó Mota. En ese sentido, para la INDDHH era necesaria “la colaboración de la citada Secretaría a efectos de realizar una transferencia ordenada de todos los archivos hacia la institución”, así como la continuación del desarrollo de la digitalización, realizado en el marco de un convenio con la Udelar.
“Ambos aspectos que conformaban la función de repositorio distan mucho de haberse concretado por dificultades no atribuibles a la INDDHH”, afirmó la abogada en su texto. No sólo “fue largamente dilatada en el tiempo la entrega de los archivos digitalizados en poder de la Secretaría”, sino que también “los archivos en papel no fueron entregados a la INDDHH”, argumentó. De hecho, la institución también “constató que la digitalización ya no se estaba realizando ni se informó cuándo se retomaría tal tarea”.
Luego del cambio de gobierno, las autoridades de la INDDHH mantuvieron “varias reuniones” con la nueva directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Matilde Rodríguez, para “concretar la transferencia de los archivos” y “conocer de qué forma se retomaría la digitalización interrumpida”. Pese a que desde la INDDHH se contactó al rectorado “para favorecer reuniones entre la Secretaría y la Udelar con la finalidad de firmar un nuevo convenio”, no hubo “ningún avance” en ese sentido, advirtió Mota.