Desde el 18 de setiembre del año pasado se encuentra vacante el cargo de comisionado parlamentario penitenciario, dado que en esa fecha la Asamblea General aceptó la renuncia del hoy director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Juan Miguel Petit. El proceso para elegir un nuevo responsable inició a principios de octubre, cuando el Parlamento realizó un llamado “en general” en busca de postulantes. Este llamado finalizó el 7 de noviembre con 16 postulaciones, y luego del proceso formal, la comisión especial que le dio tratamiento al tema no alcanzó los acuerdos necesarios para que alguno de los nombres sea elevado a la Asamblea General.

Ante la falta de resolución del proceso, surgieron opiniones diversas. Una de ellas fue la del diputado nacionalista Pablo Abdala, quien semanas atrás dijo a la diaria que la función debiera ser “absorbida” por la INDDHH. Según reconoció el propio representante, el mismo planteo lo había hecho tiempo atrás el senador colorado Andrés Ojeda. Recientemente, el tema volvió a despertar conversaciones, y según informó El Observador, blancos y frenteamplistas pusieron sobre la mesa el nombre del actual director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Daniel Radío.

Según pudo confirmar la diaria, el tema está siendo tratado a nivel de senadores. Tanto desde el Frente Amplio (FA) como desde el Partido Nacional, fuentes de la cámara alta detallaron que el nombre de Radío consigue amplios consensos en ambas bancadas. En el caso del Partido Colorado, el nombre aún no se evaluó en conjunto, pero referentes de los sectores mayoritarios con representación en el Senado aseguraron a la diaria que se ve con “buenos ojos” el planteo.

La parte formal

Las dudas, en este caso, surgen en relación con el proceso que se debe seguir en este nuevo escenario político. Desde el oficialismo, legisladores que trabajan en la negociación puntualizan que aún no se puede manejar el nombre de Radío como “oficial” porque no se terminó el procedimiento iniciado anteriormente para llenar la vacante. En ese sentido, tampoco se le ha realizado una consulta oficial al Poder Ejecutivo, que en línea con la responsabilidad que ya hace algunos meses le asignó a Radío, ha trasladado que ve de buena manera que pueda asumir este otro rol.

Concretamente, para terminar con el proceso iniciado el pasado año, la Asamblea General tiene que tratar el informe de la comisión especial conformada para la designación del comisionado parlamentario carcelario. En este caso, el mismo da cuenta de que no se alcanzaron las mayorías necesarias. Por tanto, se espera que el plenario parlamentario declare la vacante y se realice un nuevo llamado para ocupar el cargo.

“Creo que estamos todos de acuerdo en que hay que terminar el proceso en marcha; hubo un llamado, después vemos si no hay consenso para ningún postulante”, plantearon a la diaria desde el sector colorado Vamos Uruguay, ante algunas voces que abrían la puerta a que inmediatamente se pudiera abrir un nuevo llamado o directamente se elevara el nombre a la Asamblea General.

El Partido Independiente (PI), fuerza política de origen de Radío, no ha participado directamente de las negociaciones. En ese sentido, tras tomar contacto con la información que surge desde el Senado, fuentes del PI manifestaron que, por lo pronto, les parece “muy bien” que se maneje el nombre del exlegislador del partido para la responsabilidad de comisionado parlamentario penitenciario.

En el caso del propio Radío, la diaria pudo saber que prefiere “mantenerse al margen” de estas primeras conversaciones, dado que actualmente se encuentra cumpliendo las responsabilidades que se le encomendaron en el Inisa. Más allá del importante apoyo que genera el nombre del exdiputado independiente, la diaria corroboró que desde los partidos políticos con representación en el Senado se coincide en la urgencia que existe en ocupar la vacante generada por la salida de Petit.

La trayectoria de Radío

Más allá de su actual responsabilidad en el Inisa, Radío ha estado presente en diferentes lugares de la función pública. En la pasada administración liderada por Luis Lacalle Pou ocupó tres cargos. Primero, entre marzo y julio de 2020, fue el responsable de la Secretaría Nacional de Cuidados. A partir de julio de 2020 hasta febrero de 2025 se encargó de dos responsabilidades: secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control del Cannabis.

Anteriormente, en los periodos 2010-2015 y 2015-2020, su papel fue legislativo. Concretamente, ocupó el rol de representante nacional por parte del PI. En cuanto a su formación académica, es doctor en medicina. Como profesional, desarrolló funciones en la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) entre 1999 y 2010. Desde el prestador público de salud, fue delegado ante el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia.