La Asamblea General proclamó este viernes a Álvaro França como ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), completando así la vacante que dejó Tabaré Sosa tras cumplir 70 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 250 de la Constitución. Con 107 de los legisladores presentes en sala, 105 adhirieron a su nombramiento, por encima de la mayoría especial de dos tercios que se necesitaba.
Cabe recordar que, según informó este medio, las tres bancadas que integran la Cámara de Senadores –el Frente Amplio (FA) y los Partidos Nacional (PN) y Colorado (PC)– acordaron la designación de França el miércoles pasado tras una serie de negociaciones que buscaban evitar la aplicación del artículo 236 de la Constitución, que establece un plazo máximo de 90 días para que el Poder Legislativo supla las vacantes en el seno de la SCJ. De no lograrlo, la Carta Magna dispone la designación automática del integrante del Tribunal de Apelaciones con mayor antigüedad en el cargo, puesto que correspondía a la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° turno, María del Carmen Díaz. Sin embargo, y según informó en su momento el semanario Búsqueda, el perfil de Díaz suscitó cuestionamientos de los integrantes de la SCJ, algo que le fue transmitido a los legisladores y motivó las negociaciones.
En esta oportunidad, quien llevó adelante las negociaciones en representación del oficialismo fue el senador Eduardo Brenta, que celebró la designación conjunta, en tanto “hacía muchos años [...] no había un acuerdo para designar miembros de la Suprema Corte de Justicia” y estos accedían al cargo de forma automática.
El senador frenteamplista dijo que “haber alcanzado un acuerdo en este sentido implica un paso significativo”, y apuntó a los acuerdos políticos en torno a la designación de integrantes de organismos de contralor y justicia como “elementos que dan garantías a todos”. “Creo que hicimos una elección adecuada además de la persona”, evaluó, y expresó su satisfacción, ya que el acuerdo tiene lugar “en un momento en el cual el sistema político está en una situación de rispidez”.
Así, manifestó su deseo de “seguir avanzando en la construcción de acuerdos” para la designación de funcionarios que permitan suplir vacantes en otros organismos: entre otros, Brenta apuntó a la propia SCJ, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral y la Fiscalía General de la Nación, para los que el FA convocará al diálogo multipartidario. “Yo creo que esto abre un camino de acuerdos y es una señal a la ciudadanía de que es posible dialogar”, valoró.
Una de las designaciones para las que el oficialismo requiere mayorías especiales, como en este caso, y por la que no alcanza un acuerdo con la oposición, es la de un nuevo fiscal de Corte. Hoy en día, el cargo está subrogado y lo ocupa la fiscal Mónica Ferrero, que a su vez reemplazó al también interino Juan Gómez. Las negociaciones entre bancadas se encuentran detenidas y a principios de este año los partidos de oposición –excepto por Identidad Soberana– manifestaron que buscarán garantizar la continuidad de Ferrero y solicitaron al presidente Yamandú Orsi que remita la venia que permita designarla como titular.
Consultado sobre cómo es posible solventar las diferencias y finalmente destrabar las negociaciones, Brenta consideró que “cuando uno empieza a negociar tiene que poner sobre la mesa todas las cartas”, y recordó que desde el FA se entiende “que lo mejor sería tener un fiscal titular”. Empero, dijo que “será materia de intercambio y diálogo”, y consideró que “cerrarse a que algunos temas no están en el debate” no contribuye a ello. “Entendemos que hay otros interesados en caminar por un camino de diálogo. Ojalá podamos avanzar: esa es nuestra expectativa y creo que es la expectativa de los uruguayos”, concluyó.