La muerte de cuatro personas privadas de libertad en un incendio intencional en la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar) por problemas internos entre los reclusos reavivó la polémica sobre la crisis carcelaria. El gobierno reconoció la gravedad de la situación y anunció que comenzará en los próximos días con una consultoría para iniciar una reforma penitenciaria cuyos resultados estarán listos a partir de julio. Así lo afirmó en diálogo con la diaria Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior y coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención del Delito.
Legisladores del Frente Amplio (FA) y expertos que fueron consultados por la diaria concuerdan en que las grandes cárceles “no funcionan” y son el germen de una mayor violencia e inseguridad en la sociedad. Sostienen que es necesario reducir el número de personas privadas de libertad, para lo cual deben usarse medidas alternativas a la cárcel en delitos de menor riesgo.
Desde la academia, el doctor en Criminología por la Universidad de Cambridge Nicolás Trajtenberg opinó, en diálogo con la diaria, que Uruguay encarcela a “muchísima gente innecesariamente”, lo que genera “problemas serios: violencia intracarcelaria, violación de derechos humanos y falta de recursos”.
En coincidencia con él, la diputada frenteamplista Bettiana Díaz, quien integra la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, dijo a la diaria que “a veces se responde con populismo penal”, al considerar que todos los que cometen delitos deben ser encarcelados. “Lo que nosotros decimos es que parte de la solución también es que no haya pena desproporcionada en algunos delitos”, reflexionó.
En Uruguay existe un “sistema penitenciario gigante, que sigue creciendo en relación con la población”, consideró Díaz; el país ocupa el décimo puesto en el mundo entre los países con más presos: 408 cada 100.000 habitantes y en las primeras dos décadas de este siglo, el volumen de la población penitenciaria se triplicó: en 2022 se llegó a un promedio anual de 14.409 personas, según reporta el informe de 2022 de la oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.
Además, advierte que los indicadores de densidad y hacinamiento “empeoraron” en 2022 en relación con el año anterior. Mientras que en 2021 la densidad promedio era del 123% de ocupación, para 2022 ese indicador alcanzó el 126%.
Desde el gobierno el análisis no es muy diferente. Sanjurjo coincide en que el sistema penitenciario no cumple el objetivo de resocializar a las personas que delinquen, lo que queda demostrado en que “siete de cada diez personas que pasan por la cárcel vuelven a ser detenidas por haber cometido un nuevo delito dentro de los siguientes cinco años. Eso significa que nuestro sistema penitenciario sólo resocializa a tres de cada diez penados y que la mayor parte de los delitos actuales los cometen personas que han pasado ya por el sistema penitenciario. Es decir, no sólo no es una solución, sino que además causa delincuencia”.
Grandes cárceles “no funcionan”
Jaime Saavedra, extitular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), dijo a la diaria que “se necesitan unidades penitenciarias que tengan una escala humana, razonable, que permitan el trabajo pedagógico y la inclusión social”.
“Si hay una administración o un conjunto de personas a quienes lo único que les interesa es tener a las personas dentro, guardadas, sin que hagan nada, sólo luchando para que no se escapen, sólo piensan en las grandes instituciones carcelarias. Ahora, si se quiere hacer un trabajo de inclusión social, hay que pensar en instituciones más pequeñas”, afirmó.
En el mismo sentido, Trajtenberg dijo que hay una evidencia “bastante contundente” que muestra que las “grandes cárceles no funcionan bien”.
“Son problemáticas, son difíciles de gestionar, generan muchos problemas, hay más violencia, más problemas de violación de derechos humanos, es mucho más difícil implementar programas. Entonces, la apuesta de un país debería ser por lanzar centros pequeños, que resguarden a menos de 400 o 500 personas, con módulos chicos, con aulas terapéuticas”, consideró.
Medidas alternativas
La propuesta del criminólogo radica en que se debe aplicar un “sistema de medidas alternativas” que logre que las personas que no significan un alto riesgo para la sociedad no vuelvan a reincidir, y esto se logra sin hacerlas pasar por la “tortura de la cárcel”.
Las medidas alternativas buscan imponer penas y sanciones no privativas de libertad en lugar de establecer una pena de encarcelamiento. Uruguay tiene jurídicamente un conjunto de medidas alternativas a la prisión, que involucran trabajo comunitario y multas, entre otras. Pero el “gran drama” es que hay un “subfinanciamiento”, por lo que no hay recursos humanos para estar monitoreando a las personas que están en medidas alternativas, con lo cual estas acciones “se transforman en prácticamente una pena fantasma”, explicó Trajtenberg.
Consideró que la forma más eficiente en que funciona una cárcel es cuando “la sociedad castiga a quienes son los ofensores más problemáticos y de más alto riesgo, y los incapacita y los trata de reeducar y rehabilitar”.
“Lo más importante es que en Uruguay no tenemos un sistema aceitado para, una vez que las personas cometen un delito, darnos cuenta e identificar quiénes son aquellos de más alto riesgo y quiénes son de más bajo riesgo [...] es que los políticos en general les tienen terror a los ciudadanos, porque presumen que son mucho más punitivos de lo que realmente son. Ellos tienen la intuición de que una parte importante de la ciudadanía piensa que los delincuentes tienen que ir todos para adentro, que no hay que gastar mucho dinero en ellos, que las prisiones no tienen que ser hoteles, etcétera. Esta visión de la ciudadanía es distorsionada; la evidencia internacional, incluso alguna parte de la que tenemos en Uruguay, muestra que los ciudadanos son mucho menos punitivos de lo que creemos”, agregó.
En la misma línea de análisis, la diputada Díaz consideró que el diálogo con los actores de la Justicia es “importantísimo”, porque “muchas veces se responde con cierto populismo penal”.
“No podemos pensar más en las respuestas fragmentadas en términos de política pública, porque lo que vemos es que este tipo de medidas soluciona momentáneamente los problemas. Y cuando uno deja de actuar, de operar o de financiar un programa, automáticamente se vuelve a la misma situación”, agregó.
Más recursos y “humanización”
Al margen de la reducción del número de internos y de aplicación de medidas alternativas, Díaz y Trajtenberg consideraron que son necesarios más recursos para mejorar la situación de las cárceles.
“Es evidente que faltan recursos. Creo que una sociedad que no invierte en tener buenas prisiones está hipotecando su futuro. Ahora, el problema es que es un costo que uno ve a largo plazo. Nosotros ahora estamos empezando a sufrir los costos en Uruguay de no haber invertido hace una, dos, tres décadas. Ahora, la ciudadanía no percibe esos costos inmediatamente y no tiene tampoco claros incentivos para apoyar una inversión. Los políticos tienen que tener el coraje de decirles que van a gastar mucho en las prisiones para mejorarlas, porque todo peso que invirtamos en ellas es un dinero que no va al empleo, a la salud, ni a reducir impuestos. Entonces, ese es un dilema terrible que los políticos tienen que enfrentar y no están dispuestos”, reflexionó Trajtenberg.
Por su parte, Díaz sostuvo que se tiene que “humanizar” las cárceles, por lo que es necesario un mayor presupuesto en acceso a servicios de salud, especialmente en materia de salud mental ante el problema de adicciones.
El FA le pidió esta semana al ministro de Interior, Nicolás Martinelli, en una carta que fue firmada por todos los integrantes de la fuerza política de izquierda que integran la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, más presupuesto para la ampliación de plazas y la creación de vacantes que mejoren la calidad de vida de las personas privadas de libertad, informó Díaz.
Una de las propuestas presentadas a Martinelli radica en que el Ministerio del Interior pueda financiar la dieta de las personas que están en situación de privación de libertad, afirmó. “Muchos no tienen hoy asegurada la alimentación, entonces dependen del paquete que les entra la familia a la cárcel, y eso también muchas veces limita las posibilidades de poder tener una vida digna”, agregó la diputada.
“Cuando hablamos de humanización, también hablamos de la sensibilización de la Policía para poder gestionar problemas en entornos de encierro, pero también de la apuesta por la figura del operador penitenciario, que es un educador que acompaña el encierro desde otro lugar”, dijo.
Además, se debe trabajar en indicadores, incentivos, recompensas y castigo para que trabajar en prisión sea un “diferencial”, afirmó Trajtenberg.
La posición del gobierno
Por otro lado, Sanjurjo dijo que el gobierno está buscando impulsar una reforma carcelaria que abarque todas las dimensiones del sistema penitenciario, ya que se necesita un “salto de calidad”. “Debemos tener voluntad política para dar ese salto, entender que no se puede dar en cinco años, que es una reforma que va a tardar unos 15 o 20 años si todo sale bien. Y tercero, ponerlo en marcha. Para hacerlo se precisa no solamente un diagnóstico técnico, serio, como nunca se ha hecho, sino también una estrategia a 15 o 20 años. Entonces ahora mismo está en marcha la contratación de una consultoría cuyo trabajo va a ser durante seis meses y cuyo objetivo es elaborar primero un diagnóstico y luego una estrategia para las próximas décadas”, explicó.
Afirmó que la consultoría impulsará un “proceso participativo”, en el que estará incluida la academia, todos los partidos políticos y la sociedad civil. “La idea es que la consultoría empiece a trabajar en enero, es decir, en las próximas semanas, y sus resultados estarán a partir de julio. Entonces se sugerirá qué hacer a los próximos tres, cuatro gobiernos”, agregó.
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