En dos meses, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento su primer proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Allí, entre otras cosas, se planteará la unificación de los programas Tarjeta Uruguay Social, Bono Crianza, Bienvenido Bebé y Asignaciones Familiares en una sola prestación que, además, tendría un monto mayor. En el documento final del Diálogo Social, divulgado el martes, se señala que, en promedio, las transferencias dirigidas a los niños y adolescentes “apenas llegan a 3.000 pesos en el primer quintil”. Ahora se propone tomar como referencia el valor de una Canasta Básica Alimentaria de Montevideo, equivalente a 6.666 pesos. A su vez, como “refuerzo adicional”, se plantea un aumento de 50% para los hogares con embarazadas y niños de hasta tres años.

En entrevista con la diaria Radio, la diputada Sol Maneiro, representante del Frente Amplio (FA) en el Diálogo Social, señaló que, en definitiva, lo que se propone para estos casos es una transferencia de “casi 10.000 pesos”, que “va decreciendo a medida de que la vulnerabilidad va bajando”. La legisladora puntualizó que la nueva prestación “sería por niño”, es decir, se eliminaría el criterio actual de que “cuantos más niños se tiene, menores son las transferencias en proporción a los niños”.

Fernando Olivera, delegado de la Plataforma de Infancias y Adolescencias en el Diálogo Social, dijo a la diaria que la unificación de las transferencias es “uno de los puntos más relevantes del diálogo”. Olivera también destacó como un avance “la eliminación de las contraprestaciones”.

A diferencia del resto de las recomendaciones para la primera infancia, este último punto no salió por unanimidad. Cabildo Abierto (CA), el único partido de la oposición que participó en el Diálogo Social, advirtió que “renunciar a todo tipo de condicionamientos para el cobro de prestaciones” podría “llevar a institucionalizar la mendicidad”.

En el documento final se argumenta que las contraprestaciones tienen “efectos negativos en la protección de los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”, además de un “bajo impacto” en la promoción de la asistencia escolar y sanitaria.

La resistencia de CA puede ser determinante para la implementación de este cambio, dada la falta de mayoría del FA en la Cámara de Diputados. Actualmente esto está regulado por la Ley 18.227, que condiciona el cobro de las asignaciones familiares a “la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales” y a “la periodicidad de controles de asistencia médica”.

En diálogo con la diaria, el coordinador del Diálogo Social e integrante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Hugo Bai, confirmó que “todo el paquete de infancia va a estar dentro de la Rendición de Cuentas”, incluido el planteo de quitar las contraprestaciones.

De acuerdo a un documento interno de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, al que tuvo acceso la diaria, prácticamente todos los cambios propuestos requieren un proyecto de ley. Excepcionalmente, algunas de las modificaciones que sí podrían aplicarse sin una ley serían la duplicación de la cobertura de niños que asisten a jardines y escuelas de tiempo completo y la extensión del programa Escuelas de Verano.

Primera infancia primero, la edad jubilatoria y las AFAP después

Con relación al sistema previsional, la delegación de CA en el Diálogo Social no planteó reparos en dos recomendaciones centrales: la posibilidad de jubilarse a los 60 años, a través de la creación de una causal de retiro anticipada, y la desvinculación de las AFAP del manejo de las cuentas de ahorro individual. No obstante, CA dejó constancia en el documento final que no acompañará ningún cambio que conlleve “revertir el resultado del plebiscito realizado el 27 de octubre de 2024”, en el que se propuso eliminar las AFAP y bajar la edad de retiro de 65 a 60 años.

“Siempre hemos sostenido que aquello que la gente decide en las urnas, solo se debe cambiar por un nuevo pronunciamiento en las urnas, y no por una ley”, subrayó el presidente de CA, Guido Manini Ríos, en el marco de la presentación de los resultados del Diálogo Social.

Al respecto, Maneiro sostuvo que el planteo de la consulta popular “era colocar en la Constitución una edad de retiro”. A su entender, “hay una diferencia” con la recomendación actual, que consiste en que “todo el mundo se pueda jubilar a los 60 años”.

Carlos Clavijo, representante del PIT-CNT en el Diálogo Social, dijo a la diaria que, junto a los mayores recursos previstos para la primera infancia, tanto la “libertad para podernos jubilarnos a los 60 años” como el cambio propuesto para las AFAP constituyen los “principales logros” del diálogo. En la misma línea, Estela Ovelar, delegada de la Onajpu en el Diálogo Social, dijo a la diaria que el cambio planteado para las AFAP supone “un avance” en pos de “una seguridad social que tiene que ser solidaria, equitativa, más justa y sin lucro”.

Con relación a estos dos temas, desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señalaron a la diaria que, si bien “el panorama todavía no está todo cerrado”, ya que aún resta evaluar la “reacción política” a dichas recomendaciones, para el gobierno el segundo semestre de este año “va a ser el momento de la ejecución”.

Por su parte, en cuanto al orden de prioridades, Bai colocó en primer lugar al rediseño de las prestaciones para la primera infancia, que se incluirá en la Rendición de Cuentas. “Las otras [recomendaciones] se irán evaluando, pero, por ejemplo, ya estamos trabajando en lo que puede llegar a ser otra de las orientaciones, vinculada a la causal de retiro anticipado para, manteniendo la edad normal de 65 años, permitir que las personas se jubilen a los 60”, agregó.

Consultado sobre las AFAP, Bai manifestó: “Eso se irá evaluando, quizás no está en el horizonte más inmediato. Es un tema que quedó planteado con un nivel de generalidad bastante grande. Más allá de la polémica, claramente se requiere un mayor estudio de cuál puede ser el mejor diseño y cómo se podría llegar a implementar una reforma de ese tipo”. “El Poder Ejecutivo irá evaluando en qué momento se pueden llegar a procesar”, acotó.

Salle: “El tren pasa solo una vez”

El otro partido político dueño de dos votos potencialmente decisivos para aprobar cualquier cambio en el Parlamento es Identidad Soberana, que, a diferencia de CA, apoyó el plebiscito de la seguridad social de 2024. Su líder, el diputado Gustavo Salle, dijo a la diaria que “hasta que no esté el proyecto” la posición del partido “es de expectativa”. Sobre los cambios previstos para las AFAP, expresó: “Yo no sé cuáles son, y además he encontrado versiones un tanto ambiguas, y cuando no contradictorias, dentro del FA con respecto al alcance de este proyecto, que todavía no tengo a la vista”.

De todos modos, Salle no se ahorró críticas hacia el oficialismo. Señaló que el Diálogo Social no abordó “la definición del modelo productivo”, ni tampoco la política de “inserción internacional”, dos “elementos fundamentales de la problemática social”. “A mí me resulta una suerte de estafa intelectual; creo que es una maniobra de engaño al pueblo, es un saludo –y también un engaño– a la barra frenteamplista”, apuntó; y, en referencia al resultado del plebiscito de 2024, afirmó: “El tren pasa solo una vez”.

El financiamiento “es el gran debe”

En el documento final del Diálogo Social no hay mención alguna a las cajas paraestatales, a pesar de que esto había sido definido por el FA, en su programa de gobierno, como uno de los puntos a discutir en el ámbito a convocarse para reformar el sistema de seguridad social. La fuerza política también había resuelto “revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social”, bajo la premisa de que “aporten más quienes tienen más”. Sin embargo, en el apartado del documento sobre “sostenibilidad y financiamiento” no hay ninguna orientación concreta en ese sentido.

Para Clavijo, el tema del financiamiento “es el gran debe” del Diálogo Social; de todos modos, señaló que esto será debatido en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo. “Ahí nosotros vamos a poner todas las pilas para que realmente se discuta el financiamiento”, afirmó.

Aunque con otra postura, la ausencia de propuestas sobre el financiamiento también fue señalada por el sector empresarial en un comunicado divulgado al término del Diálogo Social. El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, dijo a la diaria que se trata de “un tema importante”. “Nosotros uno de los temas que vemos es que, si se concretaran todas las cosas que están puestas dentro del Diálogo Social, eso puede tener un costo fiscal muy alto; esos mecanismos de financiación no se establecieron”, advirtió.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señaló el martes en conferencia de prensa que, en el caso de las transferencias a la primera infancia, “muchas de las dimensiones que constituyen nuevos beneficios van a ser implementadas de forma gradual”. El Poder Ejecutivo ya asignó recursos para esto en el presupuesto quinquenal. “Está dentro de lo que nosotros tenemos previsto como priorización”, señaló el ministro. Con respecto a la causal de retiro anticipada a los 60 años, Oddone dijo que, a partir de “modificaciones paramétricas”, se prevé que su efecto “sea neutro desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal”.