La senadora frenteamplista Bettiana Díaz estuvo en Panorama informativo de la diaria Radio y abordó la polémica que se desató tras conocerse la compra de la camioneta Hyundai por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi. En su visión, el tema implicó “mucha especulación” pero considera que sí tiene que ver con “errores comunicacionales que dejaron vacíos que permiten esto”.
A su vez, señaló situaciones que llevaron al debilitamiento de “los niveles de convivencia democrática en algunos espacios que encienden alarmas”. “Hay algunos límites que se vienen corriendo sobre la institución Presidencia y sobre la figura del presidente particularmente, que a nosotros obviamente nos obliga a cerrar filas y por eso el apoyo no está en cuestión”, reafirmó.
Mencionó, por ejemplo, “nuevos proyectos de streaming” donde los conductores dicen “cualquier cosa de la figura presidencial”, lo que le preocupa porque “el ataque que hay sobre la investidura presidencial es grave” en un contexto donde las democracias del mundo “se debilitan”. Por otro lado, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo que el pueblo siente “vergüenza del presidente” y Díaz valoró que le parece “una performance”: dijo que su discurso es “para las cámaras” y subrayó que el legislador pertenece a “la lista de Penadés, militó más de treinta años con Penadés y fueron a apoyarlo en la conferencia”.
Dijo que hubo “una serie de detalles que tienen que ver con cómo se financió que no estuvieron muy claros de una” y decidieron “pasar la página” luego de que Orsi decidió donar el vehículo, pero “también es cierto que hay gente que quiere que no se termine más este tema”, mientras que las “urgencias” de la sociedad “salen del centro de la agenda política y de los medios”.
“Lo que hicimos fue plantearle el respaldo total y algunas preocupaciones –de cara a la Rendición de Cuentas también– de cara a tener un poco más de diálogo en momentos donde, claramente, hay un ataque muy fuerte sobre la figura de Yamandú”, afirmó respecto al rol que adoptaron los legisladores. Consultada sobre la posibilidad de que el mandatario tenga malos asesores, dijo que “no tiene que ver con mal asesoramiento”, sino “con decisiones personales”.
“Desfase entre la bandera partidaria que hay detrás y las reivindicaciones justas del sector”
Díaz también abordó la serie de movilizaciones que llevan adelante grupos de camioneros autoconvocados, al margen de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), en rechazo a la Guía Electrónica de Carga que impulsa el gobierno y al aumento del costo de los combustibles. Dijo que recibió al sindicato en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado y “se desmiente mucho de lo que se dice por parte de la vocería”, además de que los autoconvocados “se reunieron solo con la oposición” y “no les pueden dar ninguna respuesta porque en realidad las medidas que ellos piden son medidas que el Ejecutivo ya está renegociando con la Intergremial”.
“Quedó muy claro que desde el año pasado se viene negociando y la guía está en una fase de prueba e implementación con 16 empresas que la propia Intergremial puso a disposición para mejorar cuestiones de software, de mapa, de registros, de controles, de mensajes que llegan y posibles incidencias para reducir el margen de error”, acotó.
Valoró que “hay una serie de afirmaciones que se hacen que son mentira” y los senadores que recibieron a la ITPC en la comisión –como los nacionalistas Sergio Botana y Sebastián da Silva– “lo saben”, aunque “Da Silva claramente no escuchó ni siquiera todo el planteo”. Señaló que también hubo un planteo vinculado al precio de los combustibles donde “parte de lo que se reivindicó es el Precio de Paridad de Importación (PPI)”, un elemento que le llama la atención porque “si se hubiera aplicado el PPI que se establece en la LUC como mecanismo sin tener en cuenta la discrecionalidad que tuvo en estos tiempos el PE, el gasoil tendría que haber tenido un aumento muy por encima del que tiene”.
En ese punto fue que detectó “un desfase entre la bandera partidaria de lo que está detrás de esto y las reivindicaciones justas del sector”. Además, agregó: “El vocero que salió ayer en todos los medios es un claro adherente del Partido Nacional o de la Coalición Republicana y me llama la atención que se repita esto de que ‘el pueblo no puede más’” en función del sector que representan.
La bancada frenteamplista seguirá participando en todas las instancias parlamentarias y ya está en agenda un grupo de autoconvocados de Treinta y Tres, además de que la propia ministra, Lucía Etcheverry, envió una nota solicitando asistir. En suma, lo que se trasladará es que “no es, en primer lugar, una posibilidad desandar el camino de poder tener más controles” porque “es una reivindicación de los trabajadores” que “tiene que ser en condiciones en las que el sector las pueda absorber”.
Rendición de Cuentas: “No me amputo la posibilidad de que haya un poco más de gasto”, señaló Díaz.
El gobierno deberá presentar la Rendición de Cuentas en el Parlamento antes del 30 de junio, aunque “no todos los ministerios tienen cerrados sus planteos”. Sobre los lineamientos de “gasto cero” que esbozó el Poder Ejecutivo, dijo que existen “incrementos ya previstos desde el primer año”, pero aún así la discusión “va a terminar de saldarse una vez que aparezcan todos los proyectos”: “No me amputo la posibilidad de que haya un poco más de gasto”, afirmó.
En simultáneo, desde la bancada oficialista en el Senado están “bastante concentrados en el proyecto de competitividad” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) porque es “bastante complementario” y se asocia a “medidas que son microeconómicas, que tratan de aliviar los costos que tienen los productos y las empresas para registrar productos, producir y emprender en el Uruguay”. El próximo encuentro con el Ejecutivo será para “tratar de darle celeridad”.
La Comisión Especial para la Designación del Comisionado Parlamentario abrió una convocatoria para ocupar el cargo en el marco de un proceso “largo, lento y engorroso”, ya que la ley estaba pensada para “la primera elección del comisionado parlamentario en otro Parlamento, con otros niveles de acuerdo y con otras postulaciones”.
“Es cierto que hay algunos nombres en la vuelta, pero tenemos que hacer un proceso de abrir a que se presenten candidaturas porque también es cierto que había acuerdos la última vez pero de alguna forma quedaron cuestionados y se cayeron”, indicó. Por ahora no hay presentaciones y, sobre la figura de Daniel Radío, dijo que tiene “muchas de estas aptitudes” y manejaron la posibilidad con cautela porque prevén “un proceso transparente donde evaluar la idoneidad de las personas que vengan a postularse”.
Para Díaz, los cambios en las cúpulas policiales es una decisión “muy acertada”
Díaz dijo que los movimientos en las jerarquías policiales que se conocieron ayer se manejaron “a alto nivel” en el Ministerio del Interior (MI) y desde la bancada no tenían conocimiento, pero entiende que es “muy acertada la decisión” con personas que “han pasado por otras gestiones frenteamplistas a cargo de responsabilidades importantes”. “Creo que son buenas designaciones y creo que además son en puntos clave y estratégicos dentro de lo que son las direcciones del MI”, acotó.
El diputado blanco Pablo Abdala escribió en X que los cambios “confirman que para el gobierno las cosas van mal”. Díaz no compartió su afirmación y agregó que el propio ingreso del legislador como subsecretario del MI durante el período de Luis Lacalle Pou “tuvo que ver con un momento de mucha remoción de jerarcas que fue cuando revienta el caso Marset”. Aseguró que, en este caso, es “una apuesta del MI a desarrollar mejor la política en el territorio y darle otro anclaje”, pero los ministros “cambian direcciones constantemente” en función de “la reorientación de la política” y su planificación.
Sostuvo que mejorar la convivencia y la seguridad continúa siendo una prioridad gubernamental: “Creo que los uruguayos no terminan de dimensionar bien que el problema de la seguridad está profundamente atravesado hoy por el estado en el que está el sistema penitenciario”, señaló. También mencionó el conflicto de transportistas autoconvocados “donde lo que no se pretende es el control de la carga en el territorio” y la influencia sobre la sensación de inseguridad que tienen problemas “que no son estrictamente” del ámbito criminal, como la situación de calle, que a su vez está ligada al egreso de las cárceles.