Este sábado 1° de agosto se cumplirán tres meses desde la entrada en vigor del acuerdo provisional de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). La idea de que el tratado significó “una forma de buscar autonomía internacional” en un contexto global dominado por China y Estados Unidos fue subrayada este lunes en un seminario regional sobre el acuerdo, organizado por la Fundación Friedrich Ebert, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y el PIT-CNT, que tuvo un panel específico sobre los riesgos y las oportunidades del tratado “para la transformación productiva en el Mercosur”.
“La denominación de China como un rival estratégico que pone en amenaza la sobrevivencia misma de Estados Unidos ha puesto fin a lo que ha sido el paradigma de la globalización que hemos vivido hasta la primera década de este ciclo”, afirmó Diego Azzi, coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC. El acuerdo entre el Mercosur y la UE, sostuvo, “se enmarca en ese contexto de presiones múltiples sobre la Unión Europea e incluso sobre el Mercosur”, y agregó que, ante ese escenario, “no se trata de cambiar la sumisión a Estados Unidos por una sumisión a China”. “Todos esos elementos de presión” han impulsado a los países hacia “una estrategia de diversificación comercial y económica como estrategia de sobrevivencia”, resaltó.
El asesor de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga, señaló que la decisión sobre cómo y dónde se produce ya dejó de ser estrictamente una decisión “basada en la eficiencia económica”, porque ahora “hay otras consideraciones que están jugando y que van a jugar cada vez más”. Mencionó, por ejemplo, los “factores geopolíticos” y las “cuestiones de seguridad nacional, laborales y de sostenibilidad medioambiental”.
En ese marco, el jerarca del MEF se refirió a los aranceles impuestos por Estados Unidos a 60 países bajo el argumento de que han incumplido “la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”. Para Labraga, “más allá de si la motivación [de Estados Unidos] es genuina o no, lo que importa es que el comercio se está cruzando con las condiciones laborales”, lo cual “era impensable”. “Ese cruce de agendas llegó para quedarse”, subrayó.
En ese sentido, Labraga apuntó que “cualquier acuerdo internacional que se analice también excede claramente lo económico” y “pasa a ser una decisión geopolítica de hacia dónde vamos”. De hecho, mencionó que el acuerdo con la UE “no avanzaba”, cuando “estábamos en el mundo de consideraciones de estricta eficiencia económica”. “El mundo tuvo que cambiar a esta nueva situación, donde hay otras variables que se tienen en cuenta para que este acuerdo ocurra”, señaló.
Labraga consideró que en estos momentos el Mercosur “tiene que continuar firmando acuerdos, teniendo en cuenta que no es una decisión estrictamente económico-comercial, sino de países que estén de acuerdo a jugar un juego de comercio basado en reglas”.
Un desafío para la democracia
Con respecto a los riesgos del acuerdo con la UE, Labraga llamó a tener en cuenta que, “cuando uno no firma acuerdos comerciales y cuando uno es un país pequeño –Brasil tiene otras alternativas– está condenado a producir lo que los otros países le abren por decisiones unilaterales”, como es el caso de la producción de soja y celulosa en Uruguay. “No tomar decisiones o decidir no negociar acuerdos comerciales también condiciona la estructura productiva del país”, aseveró.
Labraga dijo que para un país como Uruguay “negociar acuerdos comerciales permite que, en la medida que desarrollemos política industrial, la política sea más potente porque vamos a tener acceso a mercados”. Puntualizó que el acuerdo no “salva”, sino que “simplemente abre el abanico de oportunidades”. “Después está desarrollar una agenda de competitividad, productividad y políticas industriales activas eligiendo sectores y desarrollándolo”, añadió.
A su turno, Natalia Carrau, integrante de Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, dijo que “los tratados de libre comercio y los instrumentos de inserción internacional, por lo general, se concentran en consolidar, fomentar o incrementar la venta de esa canasta exportadora”. “¿Cuál es el modelo de inserción internacional y para qué modelo productivo?” son algunas de las preguntas que “no estuvieron sobre la mesa y no están tampoco cuando discutimos inserción internacional”, señaló.
En tanto, Azzi consideró que el acuerdo pone sobre la mesa “la necesidad de desarrollar estrategias de cobro de impuestos de los sectores más beneficiados”, por ejemplo, el sector agropecuario. “¿Qué hacer con la renta del agro? ¿Dónde invertir esa renta de los sectores que claramente se van a beneficiar del acuerdo de la Unión Europea?”, planteó.
El académico incluso vinculó esta propuesta “con la idea de democracia”, ya que, por lo menos en Brasil, “quedó muy claro que el agro es uno de los principales sectores que financia movimientos antidemocráticos”. En ese marco, sostuvo que “la desindustrialización, además de los efectos económicos, tiene efectos políticos porque cuanto más la gente en las ciudades está desesperanzada, más apego tiene a los mensajes de la extrema derecha”.
Carrau también se refirió a los desafíos para la democracia, aunque desde el punto de vista de la soberanía. “¿Cuánta subordinación estamos entregando a partir de estos instrumentos? Esa es una discusión mayúscula”, expresó, y llamó a “realmente empezar a pensar cuáles son los márgenes de política pública que nosotros todavía tenemos”, así como cuáles son las salvaguardas “que deberíamos estar colocando”.
Por su parte, el secretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de Brasil, Marcos Perioto, afirmó que el “acuerdo puede y debe convertirse en un motor de trabajo decente y de formación profesional”. Agregó que “la atracción de inversiones europeas hacia sectores de mayor valor agregado, combinada con la cooperación científica y tecnológica prevista en el texto, crea una oportunidad concreta para generar empleos más sostenibles, más cualificados y mejor remunerados”.