“Ante el desafío del sistema político de ratificar su eficacia institucional en la resolución de las demandas ciudadanas, este proyecto constituye un hito fundamental para el futuro del país y una causa por la que vale la pena luchar”. Así concluye el informe en mayoría, a favor de la Rendición de Cuentas, que a partir de las 9.00 de este lunes leerá en el plenario de la Cámara de Diputados la frenteamplista Sylvia Ibarguren. Como se sabe, la iniciativa será aprobada en general con los votos del Frente Amplio (FA) y Cabildo Abierto (CA) y rechazada por la Coalición Republicana –integrada por los partidos Nacional, Colorado e Independiente– e Identidad Soberana.
En el informe del FA, al que tuvo acceso la diaria, se apunta que la Rendición de Cuentas, correspondiente al año pasado, tiene como particularidad “ser una instancia en la que el gobierno rinde cuentas al Parlamento sobre lo realizado durante su primer año de gestión, en el marco de un presupuesto heredado de la administración anterior”.
Además, se señala que la iniciativa permite la posibilidad de incorporar “ajustes a las proyecciones”, lo cual, a su vez, supone “una oportunidad propicia para que el gobierno reafirme sus prioridades políticas”. En ese sentido, se sostiene que “los gobiernos se definen, en última instancia, por lo que eligen priorizar al distribuir los recursos, más aún en contextos de fuertes restricciones y tensiones distributivas como el actual”.
El oficialismo apunta que, a 17 meses de la asunción del presidente Yamandú Orsi, “el país enfrenta un escenario internacional y regional signado por una profunda inestabilidad”, con guerras y “sanciones unilaterales que generan tensiones macroeconómicas de las cuales nuestro país no es ajeno”. No obstante, se resalta que el gobierno “ha optado por una política de estricta responsabilidad fiscal, sin relegar por ello el compromiso asumido ante la ciudadanía de impulsar el crecimiento económico, disminuyendo la desigualdad y fortaleciendo la matriz de protección social”.
Desde la Coalición Republicana, en tanto, se planteará al momento de la votación que la Rendición de Cuentas no es “una mera instancia contable”, ni tampoco “un conjunto aislado de modificaciones presupuestales”. “Estamos frente a la obligación constitucional de contrastar anuncios con resultados, previsiones con realidad y prioridades proclamadas con decisiones efectivamente adoptadas”, se señala en el informe en minoría, al que también accedió la diaria, que será presentado en sala por la diputada nacionalista Fernanda Auersperg.
Bajo esta perspectiva, se agrega, la valoración “no puede ser otra que negativa”, ya que, entre otras cosas, en el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo “se confirmó el excesivo optimismo de las proyecciones macroeconómicas en términos de crecimiento en la actividad económica y sus consecuencias en la sobrestimación de ingresos fiscales”. “No se trata, por tanto, de una discrepancia sobre algunos artículos. Existe una diferencia de rumbo”, se subraya en el informe.
Los acuerdos
A pesar de su rechazo al proyecto en general –algo que, de no existir el acuerdo entre el FA y CA, hubiese hecho naufragar la iniciativa–, la Coalición Republicana sí acompañará la mayoría de los artículos de la Rendición de Cuentas, una vez que se abra la discusión en particular, instancia prevista para el martes. De hecho, en la comisión que estudió el proyecto, los legisladores nacionalistas y colorados –así como el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo– acompañaron ni más ni menos que 194 de los 365 artículos, de acuerdo con un documento elaborado por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez.
Acompañaron, por ejemplo, la creación de 300 cargos policiales en el Ministerio del Interior y la reasignación de 23 millones de pesos, “más aguinaldo y cargas anuales”, para “atender el pago de la compensación al personal afectado a las tareas de custodia de establecimientos penitenciarios”; estos recursos saldrán de partidas previamente asignadas al Ministerio de Ganadería y al Ministerio de Turismo.
La Coalición Republicana también apoyó el otorgamiento de un crédito a las cooperativas de vivienda por un monto equivalente al IVA de los materiales de construcción. Con respecto a este beneficio, el equipo económico tiene previsto resignar en materia de recaudación unos diez millones de dólares por año, una vez que “la política esté plenamente despegada”.
Entre los artículos aprobados por unanimidad en la comisión también figura la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que agrupará a las transferencias monetarias vigentes, y también la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado. En el caso de la asignación única, los diputados de la Coalición Republicana también votaron a favor de los incrementos de las transferencias. De todos modos, determinados aspectos de la reforma destinada a los niños, niñas y adolescentes no fueron acompañados por la oposición.
Los desacuerdos
“No compartimos el cambio propuesto en las condicionalidades”, expresó Auersperg al momento de la votación en la comisión. El artículo original del Poder Ejecutivo establecía la suspensión de solamente el 20% de la asignación cuando se constaten incumplimientos de las contraprestaciones, por ejemplo, la asistencia a clases. Pero, en el marco de la negociación con CA, el oficialismo accedió a elevar el porcentaje a 40%. Se da por descontado que, con la nueva redacción, este artículo será aprobado en la cámara baja.
Con relación a la reforma del INR –que pasará a llamarse Instituto Nacional de Reinserción–, la Coalición Republicana rechazó el artículo que define los cometidos y las atribuciones que tendrá el presidente del organismo. El diputado nacionalista Pablo Abdala, quien en el período pasado se desempeñó como subsecretario del Ministerio del Interior, dijo que se trata de “una objeción de fondo”, ya que con este artículo “se desvirtúa la institucionalidad en cuanto a crear un directorio que sería meramente testimonial”. Entre las potestades del presidente figuran la contratación de personal y la adopción de “medidas urgentes cuando fueren necesarias, dando cuenta al directorio en la sesión inmediata siguiente”.
Abdala insistió en que el artículo “desvirtúa el régimen de gobernanza, de administración y de gestión de los entes autónomos y servicios descentralizados previstos en los artículos 185 y siguientes de la Constitución”.
También está en duda, y dependerá de lo que el FA pueda negociar con CA, la creación de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales; esto tampoco fue acompañado por la Coalición Republicana en la comisión. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ha argumentado que el cometido central de este organismo es abordar “la enorme dificultad para gestionar toda la propiedad pública de bienes inmuebles que existe”, algo que “rompe los ojos, no desde hace un año o cinco, sino desde hace 30”.
Entre los 136 artículos de la Rendición de Cuentas que fueron aprobados en la comisión únicamente con los votos del FA están los cambios a la ley de medios sancionada en el gobierno anterior. El director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris, ha señalado que las modificaciones no tienen “un objetivo refundacional”. Lo que se procura es darle a la normativa vigente “los mecanismos necesarios para que pueda ser aplicada a cabalidad”.
El diputado colorado Conrado Rodríguez cuestionó algunos de los cambios planteados, como “la caída de las licencias de los permisarios de radio y televisión” en aquellos casos en los que se registre “una infracción grave”. “Esto constituye, a nuestro juicio, una especie de amenaza latente –no digo que sea la intención– con respecto a los contenidos que tengan que emanar de los diferentes medios de comunicación”, en la medida en que, “ante una sola infracción calificada por una autoridad como grave o muy grave, automáticamente cae de pleno derecho, sin ningún tipo de procedimiento garantista, la licencia de radio y televisión”, señaló.
El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez advirtió que, en caso de aprobarse este conjunto de modificaciones, volvería a “retomarse el camino de insertarse en los medios de comunicación con una lógica” de “venezolanización”.