Entre los más de 350 artículos que componen la Rendición de Cuentas hay tres que constituyen el marco legal de la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales, organismo que el gobierno propone crear como persona jurídica de derecho público no estatal. Entre los cometidos de la agencia figuran, entre otros, “actuar como administrador de proyectos de gestión, transferencia o disposición de bienes inmuebles del Estado” y “ejercer como administrador y/o fiduciario de proyectos vinculados al desarrollo y mantenimiento de bienes inmuebles, con recursos públicos, préstamos o donaciones nacionales o internacionales”. El nuevo ente también podría “crear o adquirir sociedades comerciales o participar en consorcios y/o en fideicomisos especializados en la explotación de las concesiones o proyectos que se le otorguen y participar en la compraventa de los inmuebles bajo su gestión”.
“Yo la llamo la superinmobiliaria”, comentó el diputado colorado Gabriel Gurméndez, la semana pasada, en ocasión de la comparecencia de las autoridades de Presidencia ante la comisión parlamentaria que tiene a estudio el proyecto presupuestal. “Si el nombre es importante o rimbombante, mucho mayor es el alcance que se le está dando a esta nueva entidad”, advirtió.
De acuerdo con el articulado, la agencia absorbería los cometidos y las atribuciones del Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado (Prubie), que fue creado en el gobierno anterior para recopilar información sobre los inmuebles estatales.
El director general de Presidencia, Diego Pastorín, informó en la comisión que la propuesta incluida en la Rendición de Cuentas “se enmarca en dar un paso más al importante avance que hubo con la creación del Prubie”. “La experiencia que hemos tenido con el programa nos ha convencido de la necesidad de llevar adelante un cambio institucional para que la gestión de los bienes inmuebles del Estado tenga un organismo más profesional”, expresó.
Según Pastorín, la creación de este organismo es necesaria para “ser más eficientes y que los bienes del Estado no sean malvendidos y puedan ser gestionados profesionalmente”. “Nosotros estamos proponiendo que sea una persona pública no estatal para que se mueva por el derecho privado, a los efectos de que tenga la flexibilidad y las herramientas para poder cumplir con sus cometidos”, añadió.
A su turno, Gurméndez indicó que “el registro de los bienes inmuebles no varía con esta norma”, dado que “va a seguir estando en [la Dirección Nacional de] Catastro”, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas. “El Prubie, en principio, tenía que ver con la disposición de bienes prescindibles, pero esto es de una vastedad en el campo de actuación que se le da a la nueva entidad que invade y extiende el alcance de la actividad pública de una manera considerable”, aseveró.
El diputado colorado señaló que el planteo incluye, por ejemplo, la compra y venta de inmuebles, la adquisición de empresas comerciales y la participación en consorcios, pero sin “ningún marco” que establezca de qué manera va a actuar el organismo. “Se podría hacer cargo, por ejemplo, del estadio Centenario, asociado con un privado. Yo me imagino una cantidad de casos para dar un cheque en blanco, en este sentido, para todo tipo de negocios de cualquier naturaleza”, apuntó.
Gurméndez dijo que la propuesta del gobierno “permite hasta ingresar en el terreno de la obra pública”. “A Cristina Kirchner le hubiera encantado tener este organismo bajo su control político”, acotó.
Los 15 de 150 de Heber
El diputado frenteamplista Sebastián Valdomir dijo que lo que se pretende con la nueva agencia es que los inmuebles del Estado que actualmente están en desuso “jueguen para el cuadro”. En su intervención en la comisión, Valdomir citó una entrevista que dio, a finales del año pasado, el exsenador del Partido Nacional Luis Alberto Heber, quien contó que durante su etapa como ministro “quiso vender 150 predios del Ministerio del Interior y terminó vendiendo 15”. “Esto es para darle ejecutividad y celeridad a una solución que para nosotros es muy importante, porque hay muchos inmuebles que están en desuso y con esta figura seguramente vamos a tener un ranking mucho más activo que 15 de 150”, afirmó el legislador del oficialismo.
Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló que “muchas veces” el Estado es dueño de propiedades que “se van destruyendo con el paso del tiempo porque no logra enajenarlas ni darles un uso”, mientras que, en paralelo, hay organismos estatales que “alquilan a precios exorbitantes, cuando el Estado tiene propiedades que podría utilizar”.
Sánchez puso como ejemplo las oficinas que Presidencia tiene en la galería Caubarrere, que quizás “puedan ser enajenadas o utilizadas para generar una cooperativa de vivienda, una plaza pública o un conjunto de equipamientos públicos y urbanos que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”. “Muchas veces termina pasando que tenemos enormes dificultades para tener una gestión eficiente de esos recursos”, insistió.
El secretario de Presidencia dijo que se pueden discutir las características del mecanismo a implementar, pero “lo que no puede suceder es que el Estado tenga bienes inmuebles que se van destruyendo con el paso del tiempo y a los que no les da un uso”. “Y cuando los va a vender, los malvende”, resaltó.
“Nosotros trajimos una herramienta”, afirmó Sánchez, en referencia a los artículos que disponen la creación de la agencia. Y señaló que, “como toda herramienta, puede tener virtudes y defectos, o se le puede asignar un conjunto de defectos que quizás no tenga, porque son herramientas conocidas por la administración pública y no ha habido situaciones tan complejas con las personas públicas no estatales”.
Sánchez sostuvo que “el objetivo es algo que rompe los ojos, no desde hace un año o cinco, sino desde hace 30: la enorme dificultad para gestionar toda la propiedad pública de bienes inmuebles que existe”.