El viernes 1 de noviembre, el nacionalista Víctor Björgan anunció su apoyo a la fórmula frenteamplista de Yamandú Orsi y Carolina Cosse, de cara al balotaje del 24 de noviembre. Ese mismo día, “dos horas después”, según indicó el propio Björgan en diálogo con Informativo Sarandí, recibió una llamada del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado del Uruguay, Álvaro Garcé, en la que le manifestó estar “conmovido” y “molesto” por el anuncio del apoyo, y le dio dos opciones: que renunciara al cargo que Björgan tenía en dicha dependencia o que se le rescindiría el contrato.
En diálogo con el medio citado, Garcé aseguró que “no hay decisión trascendente que no sea tomada en consulta con el presidente de la República [Luis Lacalle Pou]”. De hecho, el mandatario dijo en rueda de prensa que fue él mismo quien pidió el cese de Björgan por haberle perdido la confianza.
Según aclaró Björgan, ocupaba su cargo desde 2020 y se trataba de un “contrato de arrendamiento de servicios” y no un cargo de “confianza política”, dando a entender que no se podría decir que falló en ese sentido al Poder Ejecutivo.
A su vez, en diálogo con la diaria, el abogado del nacionalista, Hugo Barretto, explicó hace unos días que el contrato de su defendido era de arrendamiento de servicios con Presidencia de la República, en el marco de un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que el artículo 7 de la ley de inteligencia –a la que Garcé apeló para justificar el cese– dispone que ningún órgano de inteligencia podrá “intervenir en la actividad política, social o económica del país, en su política exterior o en la vida interna de los partidos”. En este caso, Barretto hizo hincapié en que quien debe cumplir esto es el órgano y no los funcionarios, con excepción del director.
En este marco, Barretto informó a este medio que iniciaron dos acciones. En primer lugar, presentaron recursos administrativos de revocación y jerárquico, y pidieron que “se suspendan los efectos de la rescisión del contrato del Sr. Björgan, de modo que se le permita el reintegro”.
Por otro lado, solicitaron que se cite a una audiencia de conciliación con Presidencia y el PNUD ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, en reclamo laboral que harán por “daño moral por el acto discriminatorio cumplido contra el Sr. Björgan”.
“Reclamamos sosteniendo que existe una relación de dependencia de Björgan con Presidencia en lugar del ‘contrato de servicios’ que figura formalmente”, apuntó el abogado. Indicó que dicha audiencia de conciliación será el 9 de diciembre a las 15.00.
A su vez, señaló que no reclaman “despido abusivo” ya que en el recurso administrativo piden la revocación del acto de cese de contrato, sin reconocer, por tanto, el despido. En cambio, piden una “indemnización por la discriminación de que fue objeto”.