El relacionista público y empresario Alfredo Etchegaray presentó una demanda de 25 millones de dólares contra el Estado uruguayo por “compensación, daños y perjuicios, lucro cesante y daño moral” en el marco de la búsqueda y extracción del águila del acorazado nazi Graf Spee.
La demanda fue presentada el 18 de diciembre y además de Etchegaray participan la viuda y las hijas del buzo Héctor Ernesto Bado, quien rescató el águila.
En 2003, seis años después de solicitar permiso para iniciar la búsqueda del Graf Spee, el empresario recibió la autorización y acordó con la Prefectura Nacional Naval que el costo de la búsqueda correría por cuenta de él y que el beneficio se dividiría al 50%. Entrevistado por Justos y pecadores, Etchegaray relató que contrató “equipos de profesionales, buzos, arqueólogos y equipamiento técnico de primer nivel” y encontró más de 100 naufragios que declaró en la Comisión de Patrimonio. En febrero de 2005 se extrajo el telémetro del acorazado y un año después el águila, “que se decía que no existía, se decía que era una leyenda”, recordó Etchegaray.
Desde entonces, el águila de 300 kilos está bajo custodia de la Armada Nacional y, pese a que en 2020 la Justicia uruguaya dispuso la venta de la escultura nazi, el empresario continúa solicitando que se concrete para obtener su parte del valor y entiende que el Estado incurre en “enriquecimiento ilícito”.
“Violaron el contrato, violaron la ley, violaron contratos internacionales y violaron derechos humanos básicos”, afirmó Etchegaray. Según El País, que accedió a la demanda, la cifra reclamada equivale a lo que se entiende como una “justa compensación” y es el equivalente al 50% del valor bruto de los objetos extraídos. Para fijar el valor, Etchegaray se basó en dos tasaciones, una efectuada por Sebastián Zorrilla de San Martín, que estimó que el valor del águila podría superar hoy los 50 millones de dólares, y la otra por Luis Ignacio Gomensoro, que estimó un monto de entre 40 a 50 millones de dólares en una subasta internacional en la que participan Estados, museos o coleccionistas de reconocida trayectoria.
La demanda se basa en el artículo 24 de la Constitución, que indica que todo órgano del Estado es civilmente responsable “del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”.
En la demanda también se relata que entre 2022 y 2023 se llevaron adelante encuentros con el presidente Luis Lacalle Pou y con el entonces prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, con quienes, según Etchegaray, se habría alcanzado un acuerdo “verbal” que implicaba el pago de cinco millones de dólares por parte del Estado y que se llegó a plasmar en un documento.
Además, en Justos y pecadores, el empresario afirmó que el presidente “tuvo la intención” de poner fin al proceso judicial, “pero se le complicó porque quien le prometió un proyecto cultural no le cumplió” y estaba “furioso con esa persona”.
A los efectos, el demandante solicitó que se cite a declarar a unas 15 personas, entre ellas, al presidente Lacalle Pou, “porque él fue parte de todo esto”, explicó Etchegaray.