El 1° de octubre finalizó la alerta roja por frío para personas en situación de calle, que el gobierno decretó en mayo de este año y que, como en 2025, consistió en la “evacuación obligatoria” de la vía pública ante la llegada de fríos extremos y precipitaciones en el invierno. En entrevista con la diaria, el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, dijo que hay una evaluación positiva de la implementación de la alerta roja, aunque llamó a no disociarla del resto de las medidas contempladas en la Estrategia Nacional de Situación de Calle, presentada hace unos meses.
Además, el ministro se refirió a las situaciones de violencia que sufren niños, niñas y adolescentes, que quedaron plasmadas en un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH): entre 2023 y 2025 hubo 58 homicidios de infancias y adolescencias. Para Civila, estos datos sobre violencia forman parte de “un patrón” y no son “ni casual ni coincidencia”.
En octubre terminó la alerta roja por frío para personas en situación de calle. ¿Qué balance hacés desde el Mides?
La evaluación de una cosa no puede disociarse de la evaluación de las otras medidas, porque esta alerta fue, desde nuestro punto de vista, mejor que la del año pasado, entre otras cosas porque se pusieron en marcha algunas de las iniciativas de la Estrategia Calle y porque la capacidad que teníamos para recibir a las personas fue una capacidad ya consolidada y bastante más grande. La evaluación, en términos generales, es positiva para la situación de la que estamos hablando y para el contexto del que estamos hablando; se viene atendiendo a más de 10.000 personas en situación de calle todos los años.
En la estrategia planteamos que queremos salir de la lógica estacional y que, si bien se necesitan respuestas de emergencia específicas para determinados momentos, necesitamos articular un Plan 365, que atienda la realidad durante todo el año. Ahora estamos comenzando los procesos ya de largada del [proyecto] Habitar, Convivir y Producir, que es otra línea de trabajo de la estrategia y que es de gran innovación.
El balance general, entonces, es el de una política que ha dado un salto cuantitativo muy grande y que empezó a dar un salto cualitativo también muy grande para un problema que el país venía atendiendo, diversificando respuestas, aunque estaba muy desfasada la capacidad de respuesta de la dimensión del problema. Dando continuidad a muchas cosas que se venían haciendo –que nosotros valoramos–, pero además innovando, entendemos que tanto la alerta como todo el ecosistema de respuesta dieron este año una respuesta muy superior a la que se venía dando. 2027 será un año de consolidación, de profundización de esta línea de trabajo, con metas también marcadas hacia 2028, muy claras en la estrategia.
¿Qué seguimiento se hace a las personas que no habían sido captadas por el sistema hasta la alerta roja?
Habiendo salido de la alerta, se da seguimiento a esas personas, incorporándolas de alguna manera en el sistema Mides. Por eso se hace una desevacuación ordenada, con derivaciones a dispositivos según los perfiles de las personas.
Sobre el día después, ya habiendo salido de la alerta, estábamos coordinando con el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo una estrategia específica para el vínculo con las personas que voluntariamente no se acercan al sistema. Se utilizan otros instrumentos que el país ya tenía, como la Ley de Faltas, con una modalidad diferente. Nosotros pasamos a recibir personas por Ley de Faltas las 24 horas del día y en distintas puertas. Antes teníamos un lugar de recepción de personas por Ley de Faltas, que era el llamado CPA [Centro de Primera Atención], en la zona de Casavalle. Ese lugar hoy no está siendo puerta de ingreso por la Ley de Faltas; tenemos más de una puerta y tenemos, además, ingreso las 24 horas. Las autoridades del Ministerio del Interior nos decían que fue un cambio cualitativo porque le permite a la Policía hacer este trabajo durante todo el día, no solo en un período acotado de tiempo, y tener lugares con cercanía geográfica a donde poder llevar a las personas y que tengan allí un contacto con los equipos sociales, además del trabajo que hacen nuestros equipos en territorio. Este dispositivo particular se está aplicando en Montevideo, pero estamos también trabajando en algunas ciudades del interior, donde el problema es también importante.
En el Parlamento, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, dijo que en promedio salen 33 personas de la cárcel por día y nueve de ellas no tienen un registro de domicilio. ¿Cómo se está trabajando al respecto desde el Mides?
Hemos incorporado ofrecerles a las personas una plaza de alojamiento en nuestros centros inmediatamente después de la salida, pero además manteniendo una vigencia de esa plaza por más tiempo. Por ejemplo, si se da una situación de que la persona vuelve al barrio a buscar algún referente y no tiene un lugar donde quedarse, que tenga la certeza de que cuenta con un espacio donde poder dormir y permanecer también durante el día, porque tenemos los centros funcionando 24 horas.
Libertad Segura, por ejemplo, que es un programa [de preegreso] en el que nosotros participamos por intermedio de la Dinali [Dirección Nacional del Liberado], busca dar una respuesta más vigorosa: incluye vivienda y una alternativa de trabajo. Estamos convencidos, primero, de que con las personas que salen del sistema carcelario hay un trabajo para hacer dentro del sistema carcelario y, segundo, de que las personas que salen, en general, con vínculos a veces debilitados, con distintos tipos de dificultades, requieren un abordaje especial.
Teniendo en cuenta los datos sobre las personas en situación de calle que pasaron por la cárcel, y también lo que reveló el censo sobre el sistema penitenciario en cuanto a que hay personas que estuvieron en la calle durante su infancia o adolescencia antes de entrar a la cárcel, ¿en qué medida programas como Libertad Segura o el trabajo del Mides con las plazas puede ayudar a reducir el número de personas en situación de calle?
Esto es lo que se llama prevención terciaria, porque ya tenés situaciones anteriores indicativas de que esa persona tiene altas chances de caer de nuevo en esa situación, porque en general ya hay un antecedente de situación de calle asociado. Estas estrategias para nosotros son muy importantes porque buscan prevenir y reducir el problema no solamente abordando las situaciones que ya se generaron, sino tratando de evitar que siga acrecentándose.
También hay que decir que, en el mundo, la prevención de la situación de calle es un tema harto complejo [porque] intervienen muchos factores. Hay algo también de la forma en que estamos viviendo, organizando la vida y las ciudades, que evidentemente tiene mucho que ver con este fenómeno, porque es un problema en crecimiento a nivel mundial y distintas estrategias de prevención a veces no han logrado reducir efectivamente el problema. Entonces, tenemos que trabajar mucho sobre la prevención primaria, que tiene que ver con algunos factores de riesgo social que son evidentes: hay una población que está muchas veces circulando entre situaciones de precariedad de diferentes características, desde vivir expuesto a precariedades habitacionales y a la violencia territorial, hasta la situación de calle y situaciones en las que interviene también con mucha fuerza la violencia de género, tanto en víctimas como en victimarios que encontramos muchas veces en nuestros dispositivos.
Hay casi 17.000 personas que están en la cárcel, y hace unos días el comisionado parlamentario penitenciario, Daniel Radío, decía que, salvo en la Ley de Humanización Carcelaria, “todas las normas que se aprobaron son de inflación penal”. En tu opinión, ¿es necesario reforzar las medidas alternativas o revisar algunas penas?
Creo que reforzar las medidas alternativas es muy importante. En materia de legislación penal, creo que hay muchas cosas para revisar, pero lo que no se puede es hacerlo al grito. Tanto la carrera de esa inflación penal –que no solamente ha vivido Uruguay, sino la región en general– como, a veces, los planteos sobre la necesidad de desandar ese camino, incurren en el mismo defecto, que es mirar desde un lente abstracto una realidad que requiere un análisis mucho más quirúrgico. Es decir, ¿dónde tenemos que efectivamente revisar?
No solamente las penas, sino también el funcionamiento del sistema, los procesos de rehabilitación e integración social y las políticas públicas tendientes a generar mayor igualdad y, por ende, mayor seguridad, porque la igualdad y la integración social contribuyen a la seguridad y la convivencia. Todo esto requiere un análisis muy minucioso, en el que me parece que no son útiles los eslóganes ni los que prometen seguridad a través de la inflación punitiva, que ya está probado también por la realidad que es un camino que muchas veces ha tenido un componente muy grande de demagogia. Tampoco los discursos que establecen que desandemos ese camino, que no se sabe muy bien ni cómo ni revisando qué, porque hay también una demanda grande de seguridad de la población, que es legítima, y nosotros tenemos que trabajar en el conjunto de políticas que puedan ayudar a transformar eso.
Creo que hay una mirada, desde la política de seguridad del gobierno, que está buscando superar esa dicotomía y ese debate simplista que se nos ha instalado en temas de seguridad. Creo que el plan de seguridad lo está haciendo, además, rodeado y acompañado de otro montón de políticas que no son estrictamente de seguridad, pero contribuyen a la seguridad. Lo que estamos haciendo en materia de atención a personas que están en extrema vulneración también contribuye a la seguridad, así como lo que se hace en materia de políticas de infancia, lo que se está haciendo en materia educativa.
Un informe de la INDDHH sobre violencia territorial registró que entre 2023 y 2025 hubo 58 homicidios de niños, niñas y adolescentes; además, la Plataforma de Infancias y Adolescencias mostró que, hasta octubre de este año, 21 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados. ¿Cómo está trabajando el Gabinete de Primera Infancia y Adolescencia respecto de la violencia hacia las infancias y adolescencias?
Creo que es uno de los desafíos más urgentes que tiene el país: sociedades violentas depositan muchas veces la peor de sus violencias sobre los niños, las niñas, las mujeres y los sectores más vulnerados de la sociedad. Eso es un patrón. Es un círculo muy perverso, y no es ni casual ni coincidencia que tengamos estos datos que vos estás mencionando ahora.
En primer lugar, estamos haciendo algo –creo que es la primera vez que se hace en el país de esta manera– que es jerarquizar [el problema] a través de un gabinete donde está representada una parte muy importante de la institucionalidad del Estado, una política transversal que atraviesa distintos sectores del Estado. Eso nos permitió terminar de consolidar un plan estratégico que vamos a estar divulgando pronto, este año, que es un plan que articula una serie de iniciativas de medidas, que muchas ya están sucediendo.
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, avances como los que vemos en materia de pobreza infantil –en lo que todavía nos falta un montón–, los datos nos muestran que vamos caminando en la dirección que nos fijamos. No es casualidad: es producto de que estamos trabajando como equipo de gobierno, estamos trabajando orientados a ese fin. Yo creo que lo que hoy puede celebrar nuestro gobierno, encabezado por Yamandú [Orsi], es que está dando pasos en un sentido correcto hacia un objetivo muy claro que nos marcamos en la campaña electoral y en el que nos comprometimos con la ciudadanía.
Entonces, ¿qué está haciendo el gabinete? Coordinando: nos reunimos todos los meses como gabinete, pero además se reúnen las comisiones que están conformadas. Se está etiquetando el presupuesto; ese es uno de los objetivos que también están planteados desde la ley, el de identificar claramente qué recursos del Estado están siendo destinados a la primera infancia, a la infancia y a la adolescencia, porque eso nos permite optimizar ese gasto.
También estamos trabajando en la atención a situaciones especiales que muchas veces, en las rendijas de las distintas instituciones del Estado, pueden llegar a no tener la respuesta adecuada. Estamos llevando adelante, desde distintos organismos, una batería de medidas que están empezando a dar resultado. Esa batería incluye algunas medidas que tienen que ver con la política económica y laboral, como la política de ingresos, la recuperación de los salarios más bajos sobre todo, las jubilaciones, las metas de inflación y la política de acompañamiento a las familias, y una política de revinculación educativa potente que nos permitió revincular a una cantidad de gurises que no lo hacían con otras modalidades que tenía el sistema antes.
¿Por qué no se termina reflejando todo esto que se está haciendo en la percepción que la gente tiene sobre el gobierno, que se expresa en los bajos niveles de aprobación?
Yo creo que hay cosas que se están moviendo en términos de la percepción de la gente. Lo veo, lo palpo. No estamos en el mismo escenario ahora que hace un año o que hace seis meses. Y creo que la explicación del nivel de exigencia de la ciudadanía, de la distancia crítica que puede tener la ciudadanía también con el gobierno, con las políticas públicas, no puede reducirse a una causa sola. O sea, es otro fenómeno que trasciende también a Uruguay, que tiene que ver con democracias que para muchas personas no han logrado, a lo largo de los años, dar respuesta a problemas muy acuciantes de su propia vida. Con discursos y lógicas que, por otro lado, instalan mucho el concepto de que la política es un obstáculo o es un problema para resolver esas demandas de la realidad, en lugar de ser un camino de solución.
¿Qué evaluación hacés de lo que dejó el Congreso del Frente Amplio?
Creo que fue un congreso bueno para el Frente Amplio y bueno para el país, porque permitió que mucha gente que todavía cree que la política es una herramienta para construir y transformar la realidad dijera lo suyo con miradas distintas y que eso se pudiera integrar y sintetizar. Fue un congreso de síntesis, que permitió salir mucho mejor de lo que se entró, y creo que eso es algo que está bueno que valore el Frente Amplio, pero que también valoremos como sociedad que, cuando la gente se junta, discute y participa con otros, en general salen cosas buenas. Que hay posibilidad, a partir de la discusión y la confrontación –incluso de puntos de vista distintos–, de construir síntesis, y eso creo que es lo que logró el congreso.