El gobierno lanzó este lunes Libertad Segura, un programa de egreso del sistema penitenciario que procura reducir la reincidencia delictiva, disminuir la cantidad de personas en situación de calle y garantizar condiciones para la inclusión social de las personas liberadas. En la presentación estuvieron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el ministro del Interior, Carlos Negro, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.
Durante su intervención, Negro dijo que, cuando se habla de seguridad pública, se habla también “de lo que pasa después de la cárcel”; en ese sentido, afirmó que “ninguna política de seguridad será sostenible si no construimos condiciones reales para el egreso social de quienes recuperan la libertad”.
En principio, el programa tendrá una experiencia piloto de 24 meses de acompañamiento continuo, que se dividirá en tres fases. La primera tendrá una duración de seis meses dentro del sistema penitenciario, donde un equipo técnico va a trabajar con cada persona y se tramitará un carnet de salud, el acceso a la cédula de identidad y, además, se hará un perfil laboral.
Las personas tendrán un plan de egreso personalizado con acompañamiento técnico y social, capacitación laboral y herramientas para su vida en libertad. En el egreso, que constituye la segunda fase, cada participante recibirá durante tres meses una Tarjeta Uruguay Social con una carga mensual de 5.000 pesos, así como una solución habitacional –para aquellos que no tengan un lugar a donde retornar–, una partida de vestimenta, 50 boletos y un celular con precarga.
En esta etapa del programa, las personas también van a acceder a un empleo protegido del sector público durante 12 meses con acompañamiento sociolaboral, apoyo psicosocial y atención en salud.
En la última y tercera fase se promoverá el ingreso de las personas al sector laboral privado bajo la modalidad de empleo subsidiado, con intermediación laboral y acompañamiento durante los primeros seis meses.
Negro sostuvo que el programa “apuesta a una lógica distinta”, ya que “no se trata ya únicamente de ofrecer cursos de capacitación”, sino de “construir trayectorias integrales del egreso que comiencen intramuros y continúen después de la liberación, con acompañamiento, con acceso a servicios y oportunidades de inserción laboral y social”. “La evidencia muestra que estos programas funcionan mejor cuando no se interrumpen en recuperar la libertad, y contemplan necesidades como vivienda, educación y salud mental”, expresó.
Por su parte, Civila dijo que las cárceles están “llenas de jóvenes pobres”, lo cual “no puede ser casualidad”. “Creo que siempre cabe una y otra vez hacerse la pregunta de por qué tenemos esa realidad planteada, y ciertamente la libertad no es viable cuando estamos sometidos a la tiranía de la miseria, de la exclusión, cuando sectores de nuestra sociedad están condenados a terminar en la cárcel o en la calle como único destino”, valoró.
El ministro de Desarrollo Social afirmó que “la libertad es viable” cuando “hay condiciones de justicia y de igualdad suficientes para sostener esa libertad”. “No seremos una sociedad realmente libre mientras tengamos esta realidad planteada con tanta crudeza”, aseveró.
Sánchez, en tanto, resaltó que actualmente hay 17.000 personas privadas de libertad y que el programa piloto se aplicará, en principio, en 350 personas, aunque tiene la intención de “crecer en términos de propuestas hacia el futuro”.
En una rueda de prensa, Arim fue consultado sobre el costo que tendrá el programa. Señaló que se trata de “un presupuesto relativamente acotado”, cercano a los dos millones de dólares. De todas formas, dijo que en la medida en que el programa se vaya “institucionalizando”, será necesario “buscar las líneas presupuestales y darle un presupuesto permanente”.
“En este momento, la OPP está financiando con presupuesto propio los primeros procesos de egreso al sistema carcelario junto con los recursos que ponen el resto de las instituciones vinculadas, más que nada, a la atención más directa a quienes egresan de la cárcel”, agregó.
El trabajo será un “eje central” del programa
Sobre la generación de empleo para las personas liberadas, Castillo destacó el hecho de que el programa “coloque” al trabajo y la formación como “ejes centrales del proceso de reinserción”. De todas formas, advirtió que el trabajo “no es suficiente por sí solo”, porque las trayectorias de inclusión laboral “no se construyen únicamente desde el esfuerzo individual y probablemente pocas poblaciones se enfrenten barreras tan fuertes como quienes egresan del sistema penitenciario”.
El ministro de Trabajo señaló que durante la etapa del preegreso se trabajará en “herramientas de autodeterminación laboral, formación en habilidades transversales, alfabetización digital, construcción de perfiles laborales y acompañamiento de trayectorias de inserción”.
Por su parte, Bergara dijo estar “muy gratificado” por formar parte del proceso. “Lo importante es que tengan la continuidad de aproximadamente un año en una experiencia laboral que, entre otras cosas, va a ser parte de la reinserción social, que va a generar los hábitos y la continuidad de lo que implica trabajar”, afirmó el intendente de Montevideo, y agregó que “lo que importa” es que al final del programa las personas “puedan avanzar con un pequeño currículum, puedan avanzar con una muestra de capacidades de las que entraron en el programa, en el marco de una mayor disposición del sector privado de incorporar, como parte de la respuesta y de la solución a un problema que tenemos todas y todos en la sociedad”.