Lucía Etcheverry es la primera mujer que va a ocupar la titularidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tras la designación que hizo el presidente electo, Yamandú Orsi. Este miércoles, se refirió al puerto de Montevideo y la concesión que hizo el actual gobierno a la empresa belga Katoen Natie.
Al respecto, Etcheverry señaló en Desayunos informales que las bases programáticas del Frente Amplio establecen buscar acceder “a la información a los efectos de ver qué márgenes hay” para “recuperar soberanía”, así como para “recuperar recursos para el país”.
En particular, las bases programáticas señalan que el desarrollo del Sistema Nacional de Puertos “requiere de políticas de Estado cuya conducción resida en la ANP [Administración Nacional de Puertos]”. A su vez, remarcan la necesidad de “adecuar la ley de puertos, modificando sus contenidos, propiciando una autoridad única de mando y coordinación (ANP) de todos los puertos”.
Sobre Katoen Natie, se refieren a “renegociar el contrato” con la empresa, que, según indican, “lesiona la soberanía y contradice el rol de la ANP, actuando dentro de los marcos permitidos por la ley”.
Sin embargo, Etcheverry planteó que esto dependerá del acceso a la información que tengan “de primera mano” de quienes “protagonizaron esta decisión”, que el FA considera “controvertida y cuestionable”.
Por otro lado, apuntó que sobre este tema “hay todo un carril que va por la Justicia”. En mayo de 2023, la fiscal especializada en Delitos Complejos de segundo turno, Silvia Porteiro, decidió desarchivar la causa que investiga presuntas irregularidades en el acuerdo firmado entre el gobierno y la empresa para la concesión de la terminal especializada en carga y descarga de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081.
El desarchivo de la causa tuvo que ver con un pedido de la defensa de legisladores del FA que habían presentado una denuncia ante la Justicia sobre el acuerdo, luego de que el 28 de noviembre de 2022 el fiscal Gilberto Rodríguez decidiera el archivo del caso por no encontrar dolo en la actuación de los representantes del gobierno.