Este viernes, el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, dio a conocer la resolución tras la finalización de la investigación administrativa sobre las adjudicaciones directas de viviendas por parte de la exministra Irene Moreira. La representante de Cabildo Abierto (CA) abandonó el cargo en mayo de 2023, luego de que el presidente Luis Lacalle Pou se lo pidiera, y tras una serie de tensiones en la coalición multicolor.
El origen de la polémica fue la entrega, por parte de Moreira, de una vivienda de forma arbitraria y sin sorteo a una militante de su partido.
La investigación relevó que entre 2020 y 2023 hubo 12 expedientes por adjudicaciones directas (menciona que entre 2009 y 2020 fueron 74) y que los procesos fueron iniciados “a partir de correos electrónicos enviados desde la secretaría de la exministra Irene Moreira”. Según se destaca en la resolución, en el pedido se resaltaba que “es interés de la ministra” que determinados cupos reservados sean adjudicados a las familias de las que se aportaban los datos.
La investigación señala que “la reserva de cupos solicitada en su oportunidad por la ex ministra Moreira, no es ilegítima, no se viola ningún derecho subjetivo o interés directo y personal, por lo contrario, es justamente un instrumento válido que permite contar con viviendas disponibles para atender determinadas situaciones puntuales que requieren de una solución habitacional en forma inmediata, máxime que la demanda habitacional existente en el país es altamente superior al stock habitacional que maneja la secretaría de Estado”, pero acto seguido recuerda que esta potestad está enmarcada en la resolución 1058 del 2009.
En ese sentido, establece que “ninguno de los trámites de adjudicación directa solicitados por la ex ministra se enmarcó dentro de la reserva de cupos autorizados por la Resolución Ministerial 1058/2009, no solo porque no menciona como fundamentos de los mismos, sino porque no se siguieron ni los procedimientos ni los criterios establecidos en la norma”.
De esto desprende que los funcionarios involucrados en estos procedimientos “no ajustaron su conducta a los deberes de funcionario público, avalando las solicitudes enviadas desde la secretaría de la ex ministra, sin cumplir estrictamente con la normativa aplicable a la materia” y que recibirán una observación con anotación en el legajo personal. Además, podrían ser sancionados con suspensiones de hasta seis meses.
Lozano: “Hubo cierta responsabilidad de algunos funcionarios”
En la conferencia que dio este viernes, Lozano consideró que “hubo falencias en cuanto a los procedimientos, cómo se siguieron”, y mencionó que de la investigación “surge que hubo cierta responsabilidad de algunos funcionarios, por los cuales están pasibles de tener una observación que será considerada luego de que se hagan los descargos del caso”.
Las características de los 12 casos
De acuerdo a lo investigado “en dos de los casos se realizaron adjudicaciones directas bajo la modalidad de arrendamiento con opción a compra, de los cuales uno quedó sin efecto”. Por otra parte, “en cinco casos se otorgaron autorizaciones de ingreso a viviendas en complejos, de los cuales tres quedaron sin efecto, y los dos restantes fueron para un núcleo familiar en situación de violencia de género”.
Por último, en los otros cinco casos restantes “no se concedió solución habitacional alguna”.
La resolución del Ministerio de Vivienda
En primera instancia, la cartera dispuso que se “implemente un estudio pormenorizado tendiente a mejorar los procedimientos vigentes y especialmente para la adjudicación de soluciones habitacionales, en los diferentes programas habitacionales, otorgándole un plazo de 60 días para que eleve el mismo”.
Además, resaltó que se “deberá elaborar una reglamentación clara, precisa, concreta y con seguimiento permanente respecto de los procedimientos de autorizaciones de ingreso mediante el programa de Atención Primaria Habitacional, para su posterior implementación a través de un acto administrativo formal”.
Por último, planteó la creación de una “Comisión de Seguimiento para la revisión de los procedimientos de Adjudicación de Soluciones Habitacionales, y del programa de Atención Primara Habitacional, con la finalidad de revisar dichos procedimientos, realizas el seguimiento y autorizaciones de ingreso al programa de Atención Primaria Habitacional”.