En medio de la actividad parlamentaria de los últimos días, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recibió este miércoles a una delegación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) encabezada por su presidenta, Jimena Fernández, para proponer a los legisladores un anteproyecto que busca regular la hospitalización o institucionalización de las personas con problemas de salud mental o mayores de 65 años y habilitar que puedan oponerse a esta.
Consultada por la diaria, Fernández explicó que se trata de un texto “muy práctico” y que “toma dos casos: las personas que por algún padecimiento de salud mental son internadas involuntariamente y las personas mayores de 65 años que son institucionalizadas involuntariamente”, que hasta ahora “no tienen una vía para oponerse a esa hospitalización o institucionalización involuntaria”. Por eso, desde el organismo se propuso “la posibilidad de implementar un proceso por el cual, dentro de un cierto plazo de días, se pueda, mediante un proceso jurisdiccional, oponerse a esa hospitalización”.
Si bien suena “simple”, es algo “que al día de hoy no existe”, señaló Fernández, y ejemplificó que un juez con la legislación actual –al amparo de los artículos 30 a 33 de la Ley 19.529, de salud mental– puede disponer una internación involuntaria por cierta cantidad de días, pero si el episodio es “superado” antes no hay posibilidad de irse hasta que no se cumpla el tiempo estipulado.
Como sólo los legisladores y el Poder Ejecutivo tienen la facultad de proponer proyectos de ley, la INDDHH presentó este anteproyecto a los parlamentarios, que deberá ser analizado por la comisión y firmado por uno o varios legisladores para así darle tratamiento legislativo. El texto, además, es “garantista”, señaló Fernández: “A nuestro criterio, haciendo entrar en la legislación este proceso, que permitiría pedir que la hospitalización sea levantada, sería suficiente”.
Según comentaron a la diaria desde la comisión, resta analizar el texto presentado por la institución y comunicar a los legisladores que no asistieron para evaluar si se le da trámite y quién o quiénes serían los firmantes del proyecto.
El proyecto
En la exposición de motivos del anteproyecto se plantea que la ley de salud mental “omitió regular un proceso jurisdiccional para disponer y, a la vez, oponerse a la hospitalización cuando esta sea involuntaria”. De acuerdo con el texto elaborado por la INDDHH, “los derechos que pueden ser lesionados a través de la institucionalización de la persona son de carácter personalísimo”, lo que vuelve “aún más necesaria e imperiosa la posibilidad de una revisión jurisdiccional, a fin de otorgar mayores garantías a la persona internada como a sus familiares o referentes”, y al mismo tiempo “crear un mecanismo protector” al establecimiento que reciba a la persona.
En su artículo 2, el proyecto establece que “para decretar la institucionalización, el juez deberá atender a las razones de salud física, mental, así como a las condiciones sociales y familiares de la persona mayor” de 65 años, “debiendo agotar todas las posibilidades para que la persona continúe viviendo en su familia o en forma autónoma e independiente, si pudiere”.
Así, en línea con la ley de salud mental, se prevé que, “dispuesta la hospitalización o institucionalización involuntaria, además de las notificaciones establecidas en el artículo 33”, se comunicará a la persona en cuestión. La novedad es que deberá designar un defensor y, “si su estado no permite hacerlo”, lo hará el propio magistrado; este abogado “tendrá en el caso las mismas facultades que el defensor en materia penal”.
A partir de entonces, en el plazo de “seis días hábiles” que serán “extensibles en razón de la distancia”, se podrá formular “oposición a la hospitalización o institucionalización involuntaria”, proceso que también podrá iniciar, “además del internado”, cualquier “familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, el cónyuge, el concubino o cualquier persona que acredite de forma fehaciente un vínculo afectivo cercano”.
El abogado defensor deberá formular la oposición y se podrá llevar testigos y otros medios de prueba, y podrá ser presentada “toda vez que las circunstancias personales y/o familiares permitan el egreso”.
Baroni: “Es lo que corresponde”
Más allá de los artículos mencionados en el anteproyecto propuesto por la INDDHH, en el artículo 29 de la Ley de Salud Mental se obliga al director del centro de salud donde se hace la internación a comunicarse con la INDDHH y la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental para informar de “las hospitalizaciones voluntarias e involuntarias que se prolonguen por más de cuarenta y cinco días corridos, dentro de las setenta y dos horas de vencido dicho plazo”.
Es por este rol de garante de derechos que le otorga la ley a la INDDHH que la psicóloga Cecilia Baroni, integrante de la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, entiende que el organismo busca “preservar los derechos de las personas” con el texto presentado, máxime cuando con la aprobación de la ley de internación compulsiva “puede haber un abuso del mecanismo”, que debería ser “el último recurso”, pero con “estas políticas” se vuelve “el primero”.
Aunque desde la institución se insiste con que la iniciativa no tiene que ver con la ley de internación compulsiva, según dijo Baroni a la diaria, de esta manera se “salvaguardan los derechos” de la población que abarca la ley, porque la “ley de salud mental es general” y la ley de internación compulsiva “también nos va a tocar a todos”. En definitiva, consideró que “es lo que corresponde, para eso está creada la INDDHH”.
“Lo que me parece es que la INDDHH está cumpliendo su rol de asegurar garantías para las personas cuando tenga que haber una internación”, agregó Baroni, y entendió que con la ley impulsada por el gobierno se buscaba un procedimiento “ágil” a la hora de decretar “una internación”, lo que la vuelve “un peligro inminente”.
Para el FA “colide” con la ley de internación compulsiva
Según la presidenta de la comisión, la diputada Lucía Etcheverry, el Frente Amplio (FA) tiene “la disposición a analizarlo”, pero expresó reparos porque vienen de discutir la internación compulsiva en el pleno de la cámara. De acuerdo con Etcheverry, en la discusión que se dio durante la comparecencia de la INDDHH se dijo que se busca “resguardar un derecho constitucional que es la libertad ambulatoria” y el hecho “de que sea mayor de 65 o que sea internación u hospitalización es una característica, no la determinante”.
“Venimos de votar y discutir mucho una situación similar, en la que hay un caso de una internación compulsiva en caso de riesgo de su vida o de terceros”, así como el de internación por voluntad anticipada, agregó Etcheverry, que se preguntó si en los casos que abarca este último proyecto no debería regir “el mismo principio de derecho a oponerse y de tener asistencia legal”.
Si bien desde la INDDHH remarcaron que el anteproyecto trata un tema distinto al de la internación compulsiva, para Etcheverry “realmente coliden, porque en ambos casos se establece que la Justicia intervenga”, más allá de que se deben “analizar especificidades”.