Con la presencia de algunos actores políticos, como la diputada Elsa Capillera –electa por Cabildo Abierto y actualmente en el Partido Colorado–, Eduardo Rubio –dirigente de Unidad Popular– y Gustavo Salle –candidato a la presidencia por Identidad Soberana–, la Asociación Civil de Profesionales Independientes afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) brindó una conferencia de prensa este lunes en la que hizo una puesta a punto sobre algunas acciones judiciales activas con los que se busca “impacto político”, a un mes y pocos días de las elecciones nacionales.
Sergio Bedrossian, directivo del grupo, detalló que, por un lado, hay una diligencia preparatoria destinada a reunir información sobre la gestión de la CJPPU en los últimos 20 años. Una vez iniciada, el juez aprobó que se intimara a la CJPPU y al Poder Ejecutivo “la entrega de la información”, lo que, para la asociación, puede “poner en evidencia cosas que todos pensamos que no se hicieron debidamente”.
Según resaltó en la conferencia el abogado Hoenir Sarthou, la decisión judicial notificada el viernes tiene un plazo de seis días para ser recurrida y de 45 días para que sea entregada la información. “Pasada esa etapa, cabe la posibilidad de iniciar un juicio, ya sea contra la propia caja o contra exdirectores o directores a los que se considera responsables de gestiones indebidas; ese es todo un capítulo que resolverá la asociación”, comentó.
En ese sentido, teniendo en cuenta el ciclo electoral, Sarthou afirmó: “Tenemos 40 días en los que esperaremos señales”. “En ninguno de los programas hay señales positivas, fuertes, de reconocimiento a nuestros reclamos”, agregó el dirigente. “Esta reunión no tendría que tener este tenor si tuviéramos unos representantes como corresponde, con dignidad, que se dediquen a trabajar en aquello a lo que la Constitución, las reglamentaciones o las normas los obligan”, afirmó.
Por otro lado, se recordó que, por gestión del doctor Óscar Lopez Goldaracena, se presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una acción de inconstitucionalidad contra la ley que creó el impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS). El proceso iniciado por el profesional en agosto del año pasado fue en patrocinio de más de 60 pasivos afiliados a la CJPPU, la mayoría perteneciente a la Asociación Civil de Profesionales Independientes.
La acción de inconstitucionalidad sostiene que el IASS violenta el derecho a la seguridad social, el derecho de un retiro adecuado, el derecho a que el Estado no disminuya ni reduzca la pasividad a cobrar mensualmente por debajo del reajuste anual mínimo, el derecho a la seguridad económica y el derecho a una vida digna durante la vejez.
Por otra parte, se sostiene que también se violan los principios constitucionales de “no regresividad y de progresividad en materia de derechos humanos” y el “principio de igualdad”. Actualmente, la SCJ ha dispuesto el traslado de la demanda al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el BPS y la CJPPU para que articulen sus defensas.
Propuestas del grupo y referencia a Saldain
“Hoy nosotros tenemos una clara postura de poner todas las energías para su derogación”, expresó Bedrossian sobre el IASS y también llamó a “volver, y con mucha más fuerza”, sobre los timbres profesionales. El grupo plantea revisar el ajuste de los timbres profesionales (una fuente de ingresos de la CJPPU), que actualmente se fijan por el índice de precios del consumo y no por el índice medio de salarios, por lo cual tienen un desfasaje de su valor que llega al 24%, aseguran.
Respecto de esto último, según subrayó Bedrossian, Rodolfo Saldain le dijo al grupo que “los timbres son un tema del siglo pasado”. “Esos son los argumentos que nosotros recibimos; no hay un argumento válido, serio, respetuoso”, cuestionó el dirigente. Otra de las propuestas sobre las que puso foco fue la existencia de “elecciones obligatorias” en la CJPPU, así como buscar “ampliar la base de aportantes”, dado que hay 103.000 afiliados en declaración de no ejercicio.
Bedrossian expresó que las distintas propuestas “no son viables porque no hay voluntad política”. “Se esconde a la ciudadanía cuáles son los intereses que en realidad se está protegiendo, es por eso que nosotros también incorporamos a nuestro discurso lo que tiene que ver con el origen político de lo que nos sucede”, remarcó el directivo.
“Desde diciembre de 2023 los jóvenes profesionales están siendo invitados, por ejemplo, por AFAP Sura, a través de su representación, en la persona del doctor Rodolfo Saldain, a poner sus dineros allí”, comentó en la misma línea el integrante del grupo. Ante acusaciones similares, en mayo de 2023 Saldain aseguró que fue “director independiente de Sura AFAP” desde junio de 2019 a principios de 2020. “Desde entonces no mantengo ninguna vinculación con Sura”, remarcó.