“Una verdadera inclusión se inicia con el pase libre en el transporte de forma que todas y todos tengan acceso a la formación laboral, profesional, acceso al deporte, la cultura, a realizar actividades sociales, recreativas y para ser representados por sus propios colectivos”, señala el comunicado de la Coordinadora Pase Libre Nacional, al que tuvo acceso la diaria.
Este comunicado responde a la propuesta del candidato a la presidencia Álvaro Delgado sobre la creación de una Secretaría de Discapacidad que implicaría un presupuesto de 20 millones de dólares. En esa instancia, Delgado había explicado que si bien el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Banco de Previsión Social, la Secretaría Nacional del Deporte y la Administración Nacional de Educación Pública trabajan en esa área, en la práctica, “hay falta de coordinación en las políticas públicas” y eso lleva a que “muchas veces los recursos, que no son pocos, no generen el impacto que deberían generar”.
Sin embargo, Marcelo Cabrera, integrante de la coordinadora, apuntó en diálogo con la diaria que al asumir el gobierno se unificó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y el Programa Nacional de Discapacidad, y se creó la Secretaría de Cuidado y Discapacidad. “Ahí, en un segundo escalón que él [Delgado] dice de transformaciones, vuelve para atrás de algo que ya estaba funcionando, que ya tenía rubros, presupuesto propio, que ya tenía un funcionamiento como secretaría de Estado”.
Por lo tanto, desde el colectivo, en referencia a la propuesta de Delgado, cuestionan la “necesidad de generar una secretaría en el Poder Ejecutivo cuando ya había en el Mides una que funcionaba muy bien y pasó a un régimen menor”. Asimismo, indicó que los 20 millones de dólares necesarios para crear esta nueva Secretaría de Discapacidad podrían “formar parte de la dirección de hoy; si lo quieren dejar como dirección o pasarlo al nivel que estaba antes, no sería una transformación, sería volver a algo que ya venía desde 2005, cuando fue creado el Mides”.
En el comunicado el colectivo exige el cumplimiento del Decreto 176/21 del Poder Ejecutivo, aprobado en mayo de 2021, que reglamentó el artículo 83 de la Ley 18.651 de protección integral de personas con discapacidad, que establece que “todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación”. Ante esto, que según el colectivo no se está cumpliendo, subrayan que “este gobierno vulnera los derechos de las personas en situación de discapacidad no haciendo funcionar lo que está legislado y reglamentado”.
Cabrera afirmó que “el pase libre puede ser un inicio de mucha cosa”, ya que a “la mayoría de las actividades de formación en pos de un mercado laboral, por ejemplo las capacitaciones que brindan distintas organizaciones, cursos y talleres, hoy [las personas con discapacidad] no tiene acceso”. De esa forma, “permitir el traslado gratuitamente puede generar que las personas que están en el interior puedan participar en este tipo de propuestas, algo que hoy no pueden hacer porque el pase libre, que está legislado, no se cumple”.
Otro de los puntos que mencionan en el comunicado es que Delgado “nunca” les dio respuestas “ante las reiteradas notas enviadas” cuando se reglamentaba la ley. “Le empezamos a enviar notas porque nos reunimos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la Dirección [Nacional] de Transporte, nos reunimos con la Dirección [General] de Salud [del Ministerio de Salud Pública], y en ambos lugares nos decían que no tenían nada, absolutamente nada”, recordó Cabrera. A su vez, remarcó que “hasta el día de hoy” no tienen nada de información sobre el tema y que en su momento les hablaron de que es “un decreto que les había caído casi desde arriba sin ninguna información previa”.
Consultado sobre la posibilidad de reunirse con los candidatos a la presidencia para conversar sobre las necesidades de los colectivos de personas con discapacidad, Cabrera dijo que aún no hay unanimidad sobre ese tema, ya que hay quienes sostienen que “reunirse con candidatos sería retroceder”, en el entendido de que hay una ley que “habría que aplicar”. “Si el 1º de marzo este gobierno finaliza, tendríamos que volver a rearmarnos para solicitar esto, porque no depende sólo de un gobierno, es del Poder Ejecutivo, del país”.