La secretaria general de la Asociación de Defensores Públicos, Lucía Long, rechazó los allanamientos nocturnos y remarcó la necesidad de tener independencia en la gestión de la defensoría pública para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En diálogo con Panorama Informativo de la diaria Radio, señaló que actualmente la asociación carece de autonomía y depende de la Suprema Corte de Justicia, cuya postura es que la defensa pública está más “resguardada” dentro del Poder Judicial.
Long reparó en que es necesaria una especialización en materia de defensoría de las infancias y apuntó que hace varios años se reclama la creación de una defensoría especializada. Asimismo, señaló que en casi la totalidad de los casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes -durante las primeras audiencias- la asistencia corre por parte de los defensores públicos, en tanto enfatizó la necesidad de fortalecer los recursos para realizar un correcto trabajo.
Consultada sobre la posibilidad de acortar los plazos en las adopciones, recomendación establecida por un grupo de trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos en materia de adopciones, Long aclaró que muchas veces esas iniciativas si bien nacen de la buena voluntad de los organismos no resuelven las dificultades que se tienen en el abordaje de los procesos en tanto reparó en que ya se tienen plazos muy cortos -no cumplidos- de institucionalización de niños, niñas y adolescentes antes de definir su condición de adoptabilidad.
Además, sostuvo que la cantidad de procesos que se inician por vulneración de derechos en las infancias viene en aumento de forma sistemática a nivel nacional, desde hace varios años. En esa línea, explicó que los procesos en materia de adopciones son muy complejos de gestionar y que cuando los niños son más pequeños existe una posibilidad mayor de incorporarlos a un núcleo familiar pero que la desazón aparece cuando el niño supera los cinco y sabés que va a cumplir los 18 años adentro del sistema.
Con respecto a este tipo de situaciones, sostuvo que “la defensa pública tiene que formar parte de la política pública de justicia con un rol protagónico” que advirtió actualmente no tiene. Reparó a su vez en que los sistemas de protección no deberían funcionar en base a la voluntad de sus funcionarios y en su lugar deberían de potenciarse acuerdos interinstitucionales que aboguen por la protección de los menores.
Long consideró que la saturación de los juzgados se replica directamente en el debido proceso de la defensa pública y advirtió que no se está respondiendo a las realidades judiciales que se están dando.
En esta línea, insistió en la descentralización de la defensoría pública, que actualmente depende de la Suprema Corte de Justicia en tanto señaló que no tiene independencia ni en la gestión ni en el diseño de las estrategias jurídicas. Sobre ello, detalló que hay muchas disidencias entre ambas partes debido a que “los jueces tienen otra forma de trabajar” y apuntó que hay cuestiones filosóficas que han sido señaladas por la actual presidenta de la Suprema Corte, Doris Perla Morales, que indican que la defensoría está más “resguardada” dentro del Poder Judicial.
Asimismo señaló que se maneja un presupuesto que desde la Asociación de Defensores desconocen y que esto quizás posibilita que el organismo haga uso del dinero para fines que no tienen que ver con la defensoría, lo que indicó “no sabe si es la situación actual” pero existe como antecedente.
En ese sentido, recordó que Uruguay ya fue observado con anterioridad por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por tener la defensoría pública dentro del Poder Judicial, en cuanto se argumenta desde el derecho que “quien defiende a las personas no puede estar en el mismo órgano que quien las juzga”.
Allanamientos nocturnos
Con relación a la valoración de la Asociación de Defensores Públicos sobre la discusión de impulsar los allanamientos nocturnos, dijo que la coordinación de los mismos ya es compleja durante el día y se producen errores por lo que apuntó que habilitarlos durante la noche lo volvería aún más difícil.
Long afirmó que no es posible habilitar el ingreso de la Policía ante la mera sospecha y reparó en que “la inviolabilidad del domicilio es un tema que no podemos abandonar”, a su vez advirtió que hay una insistencia a través del punitivismo y no un abordaje al origen de la problemática en tanto señaló a los niños y niñas que viven institucionalizados.